Para combatir los efectos de la inflación, el gobierno ha decidido poner el foco en los formadores de precios. Así las cosas, se encuentra en una pulseada con las grandes cadenas de supermercados y distribuidores.

Del otro lado, la pobreza supera al 40% de la población y afecta especialmente a los sectores informales de la economía y la juventud. Sin embargo, el salario registrado privado sigue perdiendo con la inflación y ya no es garantía de ingresos que permitan eludir la pobreza.

Más de la mitad de los casi 6 millones de trabajadores registrados del sector privado percibían en julio un salario neto inferior a los $ 60.045 cuando la Canasta Básica Total (CBT) que mide el umbral de la pobreza se ubicaba en ese mes en los $ 67.577 para una familia integrada por dos personas mayores y dos menores.

El dato surge de los informes del Ministerio de Trabajo, basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de la AFIP. Se refiere a la mediana del salario que es una medición estadística que identifica el punto exacto en el que una muestra se divide en dos.

La distancia entre ese valor y la CBT llegó en julio a un 12% en el que, se presume, se ubican gran parte de los asalariados que tienden a orbitar alrededor de ese valor. El promedio, que para ese mes se situó en $ 78.616, no expresa enteramente la situación porque sufre el sesgo de los valores extremos.

El deterioro del salario es un fenómeno que se registra en los últimos cinco años de forma sistemática. De hecho, entre enero de 2017 y julio de este año, la caída de su capacidad de compra con relación a la canasta básica total acumuló un 19 por ciento. En el camino, la mediana del salario perforó el valor de la CBT. Dicho de otra forma, mientras que en enero de 2017 más de la mitad de los asalariados privados eludían la pobreza, hoy son mucho más de la mitad los que se encuentran en la situación inversa. Para enero de 2017, la mediana del salario equivalía al 110% de una CBT, mientras que en la actualidad no llega al 89 por ciento. El salario mínimo, por su parte, pasó de representar el 60% de la CBT en enero de 2017 a cubrir apenas el 40% de lo que necesita una familia para no ser pobre.

La Junta Interna de ATE de los trabajadores del INDEC elabora mensualmente un informe alternativo a los que difunde oficialmente el organismo aunque realizado por los mismos técnicos y basado en los datos que surgen de los relevamientos oficiales. Se trata de la que denominan Canasta Familiar que excede los artículos comprendidos en la canasta de pobreza. Por caso, incluye un servicio tan elemental como es el alquiler de la vivienda que está omitido en la CBT así como otros bienes y servicios relativos al ocio y el esparcimiento de las familias que consideran un derecho. Ese valor se situó en julio en los $ 106.361, casi un 80% por encima de la mediana del salario neto de ese mes. En septiembre ya llegaba a 112.243 pesos.

El informe que elaboran esos técnicos asegura que «la variación de precios sigue siendo un problema irresoluto para el actual gobierno, así como lo fue para los anteriores, que golpea a los sectores de la sociedad que no viven de rentas ni tienen la posibilidad de especular».

Por eso aseguran aportar «una herramienta que visibilice la realidad que sufre el bolsillo de los/as trabajadores, jubilados/as y desocupados/as, a quienes son dirigidas medidas de corto plazo para generar un mejor clima de cara a las próximas elecciones de noviembre. Entre ellas, un programa de congelamiento de precios tan anticipado que los formadores de precios ya se ocuparon de remarcar los productos que serán parte del operativo».  Por eso, sostienen, «si bien puede ser una solución a cortísimo plazo, debería acompañarse por un férreo control de la secretaría de comercio para evitar la falta de cumplimiento o el tan temido desabastecimiento». Sin embargo, aseguran que la prioridad es «recomponer el poder de compra de nuestros ingresos. En particular a los trabajadores Públicos» cuya pérdida del poder adquisitivo desde noviembre de 2015 fijan en un 30% a partir de una inflación acumulada del 665 por ciento. «

La inflación y los salarios en 2021

El Índice de Salarios general acumuló hasta julio pasado (último dato oficial) un aumento del 28,9%, muy cerca de la inflación de enero a julio, que sumó un 29,1 por ciento. En la comparación interanual, la suba del 47,4% aún no alcanzó a la suba de los precios, del 51,8 por ciento.

Analizado por sectores, lo acumulado por los salarios registrados del sector privado en este año fue una suba mayor a la inflación de 2021, ya que alcanzó al 31,9 por ciento. Una situación similar se vivió con los salarios estatales, que sumaron un alza en 2021 un 31,8 por ciento.

Pero, en el segmento de los trabajadores no registrados, los salarios quedaron muy por debajo de la inflación, con un alza de apenas el 16,5 por ciento.

Si bien los salarios registrados no pierden este año contra la inflación, acumularon pérdidas con respecto de la suba de precios en 2016 y entre 2018 y 2020. Según algunos cálculos, la caída de los salarios registrados privados orilló el 15% mientras que en el caso de los estatales fue del 25%, un nivel un poco por debajo de la caída de poder de compra de los salarios no registrados, en torno del 30 por ciento.

En el caso del Salario Mínimo Vital y Móvil, su preeminencia por sobre la inflación dependerá del ritmo que adopte la suba de precios en los próximos meses. Esto es porque la última cuota del aumento será del 4% este mes hasta febrero, cuando el alza será del 3% para sumar un 52,8% de marzo de 2021 a marzo de 2022. Parece que la carestía de octubre viene con alza.