La actividad económica en julio creció un 0,8% con relación a junio y un 11,7% en la comparación con el mismo mes de un año atrás. En los primeros seis meses del año, el rebote de la economía se plasmó en un crecimiento acumulado del 10,5% respecto de 2020. Sin embargo, los elevados índices de pobreza que se habían registrado durante el primer semestre del año pasado se mantuvieron prácticamente inmutables.
Es que, según el informe de pobreza del Indec del primer trimestre de este año, la pobreza alcanza al 40,6% de la población cuando, un año atrás, afectaba al 40,9%. Se trata de 18,6 millones de personas que viven en hogares que no reúnen los ingresos necesarios para solventar los bienes y servicios que componen la Canasta Básica Total (CBT) que mide el umbral de la pobreza y hoy se sitúa en poco más de $ 68 mil para una familia integrada por dos personas mayores y dos menores.
De este modo, el crecimiento o rebote de la economía no ha servido para sacar de la pobreza a los 2,6 millones de argentinos que cayeron en esa situación durante el primer semestre de 2020, cuando alrededor de 4 millones de personas perdieron su empleo en todo el país. Esto, a pesar de que, según datos del Indec, ya para el segundo trimestre de este año, un 96% de ese total se había reinsertado de una u otra forma en el proceso productivo.
Por el contrario, la nueva realidad parece dar cuenta de una consolidación de la pobreza en esos niveles a pesar de la reapertura casi general de la actividad económica y una sensible recuperación del empleo.
Cuanto peor, peor
Pero, además, el informe del Indec del primer semestre arroja un dato que resulta contradictorio y, a la vez, significativo. Es que si bien el índice de pobreza mejoró, aunque levemente, la indigencia se encuentra en un 10,7%, que implica una suba de 0,2 puntos porcentuales con relación a los dos semestres de 2020, cuando afectaba al 10,5% del total.
Dicho de otra forma, a pesar de la reactivación económica, 150 mil personas se sumaron a los 4,7 millones que, en la Argentina, ya vivían en hogares que no lograban reunir los ingresos suficientes para afrontar el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que incluye los alimentos que ofrecen las calorías nutricionales mínimas para eludir una situación de desnutrición.
Se trata de un número escalofriante que, además, impacta aun más cuando surge que, dentro de ese universo, 1,9 millones (el 36,2%) son niños de 0 a 14 años o que, casi dos de cada diez adolescentes de entre 12 y 17 años (18,2%) viven en hogares indigentes y, por lo tanto, están expuestos a una situación de desnutrición con riesgo de acarrear serias dificultades de desarrollo cognitivo derivadas de una deficiente alimentación.
A la hora de indagar en este movimiento contradictorio de los índices, en primer lugar, aparece la responsabilidad estatal al interrumpir en 2021 la asistencia social generada para afrontar los efectos de las restricciones sanitarias derivada del programa de Ingreso Familiar de Emergencia, que sirvió durante 2020 para disminuir el impacto de la caída en la actividad económica sobre los sectores más vulnerables. Las tres cuotas del IFE, por $10 mil cada una, que se pagaron a los jefes de familia durante el año, sirvieron al menos para inyectar un promedio de $ 2500 mensuales en los hogares, equivalentes a un 13% del valor promedio de la CBA en 2020.
Al mismo tiempo, los programas de asistencia dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, si bien se incrementaron hasta casi rozar el millón de beneficiarios cuando a fines de 2019 eran de cerca de 600 mil, resultan a las claras insuficientes frente a esos 2,6 millones de nuevos pobres que emergieron en el primer semestre de 2020, para llevar el número hasta 18,6 millones, y los alrededor de 9,4 millones de beneficiarios que se inscribieron en la Argentina para recibir el IFE.
Pero, por otro lado, el sector indigente se vio especialmente impactado por la suba de precios en la medida en que, entre junio de 2020 y junio de este año, la suba del valor de la CBA fue de un 58% cuando la CBT escaló un 52% y el Índice de Precios al Consumidor lo hizo en un 50,2%. A la vez, en el mismo período, el salario mínimo vital y móvil creció un 53%, pero los ingresos totales del diez por ciento de la población más pobre se incrementaron apenas un 40% mientras que los del segundo decil lo hicieron en un 48% acumulando, entre ambos, apenas un 4,4% del ingreso total de la población cuando, un año antes, reunían un 4,9% de ese total.
Un derrumbe veloz
Pero la suba de la pobreza no es apenas resultado de la pandemia y su impacto en la actividad económica. El índice de pobreza hace apenas tres años y medio afectaba al 25,7% de la población, unos 11,3 millones de personas. De este modo, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de este año cayeron en esa situación 7.278.835 personas. La indigencia, en el mismo período, pasó de afectar al 4,8% de la población hasta el actual 10,7%, sumando 2.787.385 personas. Con algunos vaivenes, se trata de un raid en el que, a diario, se sumaron a la pobreza 5679 personas y 2181 a la indigencia. Se trata de 237 nuevos pobres y 91 nuevos indigentes por hora en forma sistemática durante 42 meses consecutivos.
Desde enero de 2018 a junio de 2021 la inflación escaló un 270% mientras que los salarios promedio lo hicieron en un 195%, consolidando una pérdida del poder adquisitivo del 20% en el período.
Si se tomara el sector informal, los haberes se incrementaron apenas un 159% que se traducen en una caída del salario real del 30%. Pero la Canasta Básica Alimentaria entre enero de 2018 y junio de 2021 escaló un 318% y la Canasta Básica Total lo hizo en un 292%. El salario mínimo vital y móvil, del que depende el salario social complementario, lo hizo en un 172%. Dicho de otra forma, mientras que en enero de 2018 un salario mínimo equivalía a 1,3 canastas alimentarias y 0,56 canastas totales, hoy apenas alcanza para cubrir 0,91 CBA y 0,39 CBT.
Las raíces, entonces, habrá que buscarlas en la política económica de los gobiernos que se sucedieron y la extraordinaria pérdida del poder adquisitivo del salario y los ingresos que sufrieron los trabajadores ocupados y desocupados.
Un trabajo que no dignifica
Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA da cuenta de una dimensión novedosa del fenómeno de la pobreza. El trabajo asalariado ya no garantiza que una familia sea capaz de eludir esa condición.
Ni siquiera lo consigue la formalidad laboral en la medida en que en 2020 el 13,3% de los empleados registrados cayó en la pobreza y se sumó al 8% que se encontraba en esa situación en 2019.
El estudio estimó en un 7,4% la caída del salario real durante 2020 pero asegura que podría haber sido superior como resultado de la «pérdida de empleos de menor retribución».
El 27,4% de los asalariados sufrió una situación de pobreza en 2020 y dos tercios de ellos se encontraban en esa situación hacía más de un año, conformando lo que la UCA denomina «pobreza persistente». Además, el 23,9% de los trabajadores pobres se encuentra en relación de dependencia.
