Una semana antes de las audiencias en las que presentará de manera oficial el nuevo esquema de tarifas para la luz y el gas, el gobierno dio a conocer nuevos criterios de segmentación de los usuarios que pagarán tarifa plena, sin subsidios.

El nuevo criterio es complejo de realizar y más difícil de poner en práctica. Para hacer el mapa de usuarios, el gobierno nacional cruzó la información provista por las distribuidoras de luz y gas, los entes reguladores y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, que agrupa información oficial de Anses y Afip, entre otros organismos. El dato nuevo es que perderán el beneficio aquellos hogares de cuatro integrantes y con ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales, es decir, $ 314.000 a marzo.

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Este valor choca con otros parámetros que se dieron a conocer este lunes, como ser poseedor de tres o más inmuebles, tres o más vehículos con antigüedad inferior a cinco años, aviones o embarcaciones de lujo. Los ingresos por mes que justificarían la pérdida de los subsidios no se condicen con la riqueza necesaria para adquirir esos bienes o el flujo de ingresos regulares para mantenerlos.

De hecho, el empleo de la canasta básica total como parámetro esconde un problema central: el 10% de la población con mayor poder adquisitivo arranca en $ 188.000, un ingreso muy lejos de ser considerado de ricos.

Cifras que no cierran

El problema que acecha a los usuarios es que el nuevo parámetro golpee a todos los sectores con ingresos registrados. En el caso de la luz, el cálculo oficial es que 921.778 usuarios del AMBA titulares de medidores dejarán de recibir subsidios. Esto vale sólo para los clientes de Edenor y Edesur del área metropolitana de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Edenor y Edesur concentran unos 5,7 millones de clientes, de los que 4,7 millones son residenciales. Así que cerca de un 25% de los clientes podría ser alcanzado por la suba de la electricidad, un porcentaje mucho más elevado que el 10% “con mayores ingresos” que se mencionó cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario.

Este grupo de clientes que no recibirá más subsidios podría llegar a pagar unos $ 6000 extra por mes en gas y luz, que es el resultado del prorrateo de los $ 73.000 anuales que recibe en subsidios, según el gobierno.

En el caso del gas, Energía anticipó que evalúa eliminar todos los subsidios a 760.000 usuarios del AMBA, siempre aplicando los mismos criterios que con la luz.

Especulaciones

Con diversos cálculos y promedios, la Secretaría de Energía indicó que el aumento del gas será del 21,5%, mientras que el de la electricidad alcanzará al 17% para los segmentos de clientes que seguirán recibiendo algún tipo de subsidio. Estos aumentos se sumarán a las subas de marzo, del 20% tanto para el gas como la luz. El sector de usuarios con tarifa social sufrirá un aumento del 6%. El sector “de mayores ingresos” podría recibir incrementos del 200 o 300% por la combinación de mayores precios de la energía y quita de subsidios. Energía no estimó promedios para este caso.

Seis problemas

1- Claramente, el esquema que piensa el gobierno es de difícil aplicación, más todavía en las provincias en las que los listados de beneficiarios de la tarifa social dependen de criterios nada objetivos determinados por el Poder Ejecutivo local en negociación con las distribuidoras.

2- Este incremento podría ser el primero de una saga cuyos alcances no están claros, dado que el acuerdo que el gobierno firmó con el FMI establece que estos parámetros podrán variar a lo largo del tiempo en función de la situación de las cuentas fiscales.

3- Como se vio, familias con ingresos fijos en pesos y que vienen perdiendo poder adquisitivo podrían ser consideradas como de “mayores ingresos” y por lo tanto perder los subsidios. Si el 20% o más de los usuarios de la luz del AMBA están en la mira, inevitablemente caerán en la red familias con ingresos medios y hasta medios bajos.

4- Según diversos especialistas, el tarifazo que se pergeña no alcanzará a mover el amperímetro del gasto total en subsidios porque, al mismo tiempo, se producirá un incremento del gasto por la suba de los precios de la energía, especialmente del gas que la Argentina importa. La suba de las tarifas alimentará la inflación en un contexto inflacionario. La pregunta que recorre algunos despachos oficiales es si tiene sentido aplicarla, con el mal humor social que incluirá.

5- Se sigue sin conocer los costos reales de producción de gas y de la electricidad, en base a estudios objetivos. Las organizaciones de defensa del consumidor los reclamaron en las audiencias de febrero, sin éxito. El Estado carece de la información y se basa en las declaraciones juradas de los interesados, es decir, la petroleras.

6- El ruido político: la política de tarifas de luz y gas se ha convertido en el problema más urticante en las filas del gobierno. No se puede descartar que afecte la aplicación del plan del gobierno.