Por primera vez en la era de Alberto Fernández, el gobierno declinó confirmar el pago de una deuda al Fondo Monetario Internacional. Se trata de dos vencimientos que operan en los próximos días, por alrededor de U$S 1.100 millones. En unas 72 horas debería comenzar el procedimiento administrativo para su cancelación.
“Eso lo va a definir el gobierno cuando llegue el momento. Todos sabemos que Argentina ha decidido pagar hasta que se llegue a un acuerdo pero estamos arribando a un momento muy importante de esas negociaciones y todo se mide paso a paso, día a día”, dijo la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Fue la única figura oficial que tocó el tema.
Para el viernes está prevista una amortización de capital por casi U$S 720 millones. El martes 1 de febrero hay que cubrir intereses por U$S 370 millones. Los montos implicarán una salida de reservas netas del Banco Central, porque de los derechos especiales de giro (DEG) que el propio Fondo repartió en septiembre solo quedan U$S 550 millones.
Los dos compromisos son el inicio de una cadena que implica desembolsos en todos los meses del año. El de marzo, por U$S 2.827 millones, ya es inalcanzable para las escuálidas reservas líquidas del BCRA, inferiores a ese umbral, en el consenso de la mayoría de los analistas.
Ante las dificultades para llegar a un arreglo, la pregunta que se hacen en el gobierno es si vale la pena sacrificar los dólares que quedan ante la cada vez más probable eventualidad de entrar en mora dentro de dos meses. Demorar la liquidación sería una señal de fuerza en la negociación. Claro que también podría dinamitar la relación con el Fondo.
Las dudas se potenciaron con la visita a Estados Unidos del canciller Santiago Cafiero. Las conclusiones de su encuentro con el secretario de Estado, Antony Blinken, difieren según quién las cuente, pero desde Washington se reintrodujo el reclamo de “presentar un marco de política económica sólido que devuelva el crecimiento al país”. Claro que armar un plan de ese tipo parece ilógico si no hay una certeza de refinanciar la deuda con el FMI: ¿el programa debería incluir pagos por U$S 37 mil millones entre 2022 y 2023 o por el contrario la devolución de los casi U$S 4.000 millones frescos ya abonados?
La encrucijada apuró la búsqueda de un “Plan B”, el mismo que el gobierno hace algunas semanas decía no tener. Por estas horas hay expectativas por los gestos que el presidente Alberto Fernández realizará en su inminente viaje a Rusia y China, donde se verá con Vladimir Putin y Xi Jinping. Los tratados de inversión directa con esos países podrían ayudar a paliar el corte de fondos para obras de infraestructura por parte de organismos bilaterales, si se produjera un eventual default con el Fondo.
Intransigentes
A esta altura, después de casi un año de negociaciones formales, en el gobierno creen que la reticencia del staff técnico del FMI está fogoneada por Estados Unidos, cuyo peso político en la entidad le otorga poder de veto para cualquier acuerdo extraordinario. De otro modo no se entiende la rigidez para limar diferencias en rubros tales como la acumulación de reservas y el tipo de cambio.
El de más difícil resolución es el ritmo de reducción del déficit fiscal, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, rechaza un ajuste abrupto del gasto público. «Ofrecemos un camino creíble que respalde un crecimiento sostenible. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando», sostuvo Guzmán esta semana en una entrevista con el medio francés Le Figaro. En Washington creen que seguir financiando el déficit con emisión monetaria exacerbará la inflación y la brecha cambiaria. Y no se mueven de esa posición.
También hay dos personajes a los que se les atribuye la intransigencia. Uno de los sospechados es el estadounidense David Lipton, asesor VIP de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y exnúmero dos del organismo cuando otorgaron el stand by de 2018. El otro apuntado es el brasileño Ilan Goldfajn, nuevo director del Departamento para el Hemisferio Occidental, defensor de la ortodoxia y la disciplina monetarista.
Lo curioso es que desde otros estamentos de la comunidad internacional, e incluso del mismo FMI, se suceden las señales a favor de la posición argentina. El irlandés Patrick Honohan, exdirector del Banco Central Europeo, apuntó esta semana contra los sobrecargos que cobra la entidad (y que al país le significan unos U$S 1.000 millones anuales). Increíblemente tuvo el apoyo de un grupo de bonistas privados, el Argentine Exchange Bondholders, que se quejó de que el Fondo cobra más intereses que ellos. “Es indefendible y contraproducente”, dijeron.
También el presidente de México, Andrés López Obrador, dijo que le están “imponiendo condiciones injustas” a la Argentina. Además, un paper publicado en el propio blog del FMI propuso que los países de ingresos medios, hasta U$S 12 mil per cápita, puedan beneficiarse del fideicomiso que se busca armar con los DEG distribuidos a las naciones más desarrolladas, que los cederían a ese fin. Si así fuera, Argentina obtendría otra vía para salir del embrollo. «
El déficit de 2021 fue de 3% del PBI
El déficit primario de la Administración Pública Nacional fue de 3% del PBI en 2021, según los cómputos de la Secretaría de Hacienda. Se trató de $ 1,407 billones, mientras que el déficit financiero, que incluye los intereses de la deuda, se eleva a $ 2,092 billones (4,5% del PBI).
La cifra quedó un punto y medio por debajo de las previsiones del Presupuesto 2022. Buena parte de esa disminución se debe al impuesto a las grandes fortunas, que aportó $ 243 mil millones (0,5% del PBI) y ya no se repetirá. En el cálculo no se contabilizaron los DEG que envió el FMI: con ellos, el déficit bajaría a $ 980 mil millones.
Según el comunicado, se produjo “un incremento real de los ingresos totales del 17,6% interanual, en simultáneo con una política fiscal expansiva (0,8% real interanual y 12,9% neto de Covid) que impulsa el crecimiento económico”.
