Más allá de las incógnitas sobre el organigrama y los nombres para algunos puestos clave, el programa económico se va definiendo. Se dice todo el tiempo que habrá un fuerte ajuste y utilizan términos como “aguantar”.

En este marco, según el presidente electo, el único Ministerio que tendrá una “billetera abierta” es el de Capital Humano. El que dará contención a los “caídos”. En última instancia, se está expresando con todas las letras que las políticas de ajuste van a tener costos sociales elevados.

Javier Milei ha comentado que al menos por “seis meses” habrá estanflación (recesión con inflación), pues “el reordenamiento fiscal impactará negativamente en la actividad económica”. Se anticipa, además, que la mayor inflación será una consecuencia de que en los primeros meses se liberarán los precios “reprimidos”, situación recibida como “herencia”. La eliminación de los Precios Justos, de los subsidios a las tarifas, o una posible devaluación del dólar oficial, terminarán acelerando la inflación, aunque no todos los segmentos de la población y las empresas se verán afectados por igual. Al “liberarse” todos estos precios, terminarían cayendo el salario en términos reales, las jubilaciones y los beneficios sociales. Las empresas, y las PyMEs en particular, verían achicado su mercado y a la vez se desataría un proceso de desempleo y de concentración de la economía. Una vuelta más en la puja distributiva.

En la última Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) se dieron algunas orientaciones sobre el lugar que el nuevo gobierno le daría a la industria, a las PyMEs y a la generación de empleo.

La futura canciller, Diana Mondino, sostuvo que si a alguien “le duele el pie, bueno, le dolerá. Pero si esperamos a que les guste a todos no avanzamos”. Me recuerda a lo que comentó a principios de 2016, en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, entonces ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, en referencia a las negociaciones paritarias: “Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”. Son dos formas de hablar de lo mismo, es decir, del ajuste y de “soportar” el malestar que produciría.

En la Conferencia de la UIA, funcionarios del nuevo gobierno descartaron el ingreso de Argentina a los BRICS (grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), pautado para el 1 de enero de 2024 en virtud de la invitación cursada por los países miembro. En una de mis columnas, meses atrás, expresé que unas 40 naciones habían pedido la adhesión o mostraron su deseo de incorporarse al bloque creado en 2009, que representa, respecto a los totales mundiales, un 18% del comercio, casi un cuarto del PIB, un 30% del territorio y un 42% de la población. Un grupo de gran magnitud, representatividad y dinamismo. Además, India es un mercado estratégico para las exportaciones nacionales como el aceite de soja y el maíz. China es un destino clave para las carnes de nuestro país (más de la mitad se dirige a ese mercado), y para el poroto de soja. Brasil es el principal comprador del trigo y la cebada argentina, y un gran demandante de maíz. Tres de los cinco primeros socios comerciales argentinos son mercados BRICS (Brasil, China e India). Participar de los BRICS también facilitaría acceder al financiamiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). Una alternativa a los tradicionales organismos multilaterales de crédito que tantos perjuicios causaron a la economía de nuestro país imponiéndonos sus condicionalidades.

El reforzamiento de la relación con países “en desarrollo” nos podría permitir, por caso, intentar salir del verdadero “cepo”, que es el Fondo Monetario Internacional. El ingreso a los BRICS ha sido un gran logro para el país, una política de Estado que el nuevo gobierno, dice, desmantelará.

Las prioridades son claras y van en consonancia con la idea de llegar “al país del 1900”, cuando en el marco de la división internacional del trabajo Argentina era exportadora de productos primarios e importadora de manufacturas. Este es el tipo de inserción internacional que se busca implementar. En esta dirección se plantea que el camino pasa por avanzar hacia el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, o el EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Todas estas políticas impactarán previsiblemente sobre la industria, ya sea por la eventual eliminación unilateral de aranceles, o por los acuerdos que liberan bienes y servicios, a excepción de los agrícolas, con grandes barreras al ingreso, especialmente en el acuerdo con la UE. Medidas que tendrían consecuencias negativas sobre el sector, especialmente en las manufacturas hoy orientadas a la sustitución de importaciones.

Posturas todas ellas antagónicas a la expresada en la misma conferencia de la UIA por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “La industria no es un sector más en la Provincia de Buenos Aires: es la columna vertebral de nuestra integración territorial e identidad productiva”. A lo cual agregó: “Hay que buscar estabilidad macroeconómica con un modelo que promueva el desarrollo industrial”.

En definitiva, sigue siendo la cuestión de los dos modelos. Sobre este tema, cabe recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras el PBI cayó el 4,5% en esos cuatro años, la producción industrial se redujo en un 14,2%. Contrariamente, en el posterior gobierno, y midiendo la variación entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2023 (último dato conocido) el PBI aumentó 2,9%, mientras que la industria creció un 15,5%.

El nuevo gobierno tratará de utilizar la legitimidad del voto, que no es para siempre, para hacer el ajuste lo más profundo que las condiciones le permitan. Y si bien prometen que serán seis meses (más que los famosos “cien días”), desde mi perspectiva todas las promesas se quedarán cortas mientras se apliquen políticas de ajuste. Lo hemos vivido en otras experiencias neoliberales: el ajuste fiscal trae consigo más ajuste, porque la caída de la actividad genera pérdidas de recaudación y obliga a recortar más los gastos, y así sucesivamente.

En el medio, más allá de la cuestión fiscal, también se tratará de aprovechar el tiempo inicial para encarar la mayor cantidad de reformas posibles. Estamos en definitiva hablando de la construcción de otro modelo de país, basado exclusivamente en la rentabilidad privada, en la libertad de mercado y en la desregulación.

Desde el 10 de diciembre se abre un nuevo período político, en el que el bloque de diputados que integro será el de mayor número en la Cámara y tendrá una gran responsabilidad por delante. Representando a quienes no votaron el modelo del libertario. Y a quienes, con todo su derecho y en muchos casos producto de la frustración y la insuficiencia de respuestas, votaron a Milei pensando que su situación personal mejoraría. Dentro de la lógica institucional, ejerceremos el rol que haga falta en esta nueva etapa del país.