El decreto de necesidad y urgencia 329/2020 firmado el 1 de abril por el presidente Alberto Fernández prohibió los despidos por 60 días. Sin embargo, varias empresas hicieron caso omiso y dieron de baja empleados, suspendieron, recortaron salarios y se atrasaron en los pagos de los sueldos.

Son 309.672 trabajadores afectados, en un total de 154 casos relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Casi todos en el sector privado y la gran mayoría en abril; es decir, luego de haberse firmado el decreto.

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La bomba la tiró Techint, que dejó a 1450 trabajadores en la calle, al no renovar contratos. Como suele ocurrir, varias empresas se alinearon detrás de la multinacional argentina.

Entre el 15 de marzo y el 15 de abril, el CEPA relevó 5386 despidos, de los cuales apenas 56 casos pertenecen al sector público; 12.343 suspensiones, todas del sector privado; 26.110 suspensiones con recortes de salario, y 265.833 casos entre recortes y retrasos salariales.

En materia de despidos, el sector de la construcción lidera el ranking, con el 43% del total de despidos. Le sigue la industria, con el 21%, pero el sector fabril es el más afectado ya que tiene al 45% de los suspendidos, al 64% de los suspendidos con recorte salarial y el 76% de los casos de atrasos y recortes salariales.

“Dentro de la industria, encabeza el sector automotriz y autopartes, con las suspensiones en la mayoría de las terminales y con reducción de salarios”, asegura el informe.

El trabajo concluye que “el decreto presidencial impidió una enorme cantidad de despidos” y destacó que “el 60% de los casos se concentran en cuatro empresas”. Por tanto, fueron pocas las que se animaron a cesantear personal.