Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular opina que la política de precios del gobierno no puede ser juntarse con los empresarios «para pedirles que paren la mano. Es como un hacer un juicio donde le pedimos al acusado que se porte bien voluntariamente».

–Con pronósticos inflacionarios que rondan el 100% para este año la preocupación crece y aparecen quienes agitan una hiperinflación. ¿Ve continuidad entre el escenario de fines de los ’80 y el actual?

–No recuerdo un período económico anterior con tanta proporción de pobreza y con una caída del salario real como el actual, que lleva ocho años, que justifique la banal interpretación de que la inflación se explica por un exceso de emisión y por un exceso de demanda que la oferta no puede satisfacer. Podríamos señalar que hay una inflación generada desde el Estado con las tarifas y la devaluación. El Estado fogonea con las tarifas, pero la demanda privada no aumenta. Cuando no hay una causa originada en el exceso de demanda no hay forma de que se aproveche el supuesto exceso de emisión. Esa emisión está dirigida a una bicicleta financiera que inventó el Estado con las Leliqs para beneficio de los bancos. Hay inercia liderada por las empresas concentradas de cada sector, que son las primeras en acelerar el proceso. La situación es muy particular y no hay medida monetaria posible para abordarla. Sí propuestas coercitivas y de acuerdos sociales fuertes.

–¿Qué se puede hacer desde lo político, regulatorio y legislativo para controlar ese rol de las concentradas y su impacto en los precios minoristas?

–Primero, le puedo decir lo que no habría que hacer. El gobierno se reúne con la industria de la indumentaria porque fue el sector que más aumentó los precios en agosto. En esa reunión buscaron un acuerdo para que las empresas reduzcan los precios a la mitad. El problema es que si se prohíbe un aumento del 10% pero se permite un aumento del 5% es el propio gobierno el que autoriza que se fije un piso de inflación que no es bajo.

Lo que se necesita es que las empresas de la indumentaria expliquen por qué aumentaron el 10% o el 5%, no juntarlos para pedirles que paren la mano. Es como un hacer un juicio donde le pedimos al acusado que se porte bien voluntariamente.

–¿Qué políticas son necesarias para avanzar en el sentido de esa coerción y ese consenso?

–No se necesitan leyes nuevas, tenemos una Ley de Abastecimiento y una Ley de Defensa de la Competencia que no se aplican.

–Usted sostiene que, además de limitar a los grandes del mercado hay que alentar a los pequeños. La Ley de Góndolas propone asegurar la presencia de pymes en los comercios, pero choca contra el lobby de las firmas hegemónicas. ¿Qué opina de esa ley?

-Hay que promover a los pequeños jugadores en la industria de los alimentos. Pero esa argumentación es válida con tasas de inflación como las históricas, del orden del 20%. En un escenario así, la inflación se reduce agregando actores al mercado, y para eso es necesario en todo momento estimular a los pequeños. Pero cuando las tasas llegan al 100% anual mi argumento se queda corto.

La Ley de Góndolas está mal diseñada porque con un objetivo teóricamente aceptable, una vez más le decimos al poderoso que afloje y dé una mano al pequeño. La ley está aprobada en el Congreso y se reglamentó, pero no se aplica porque es absurda, coloca en manos de los hipermercados una atribución que no se van a tomar.

–¿Cómo evalúa el actual perfil propuesto para Precios Cuidados?

–El esquema de Precios Cuidados tal como se implementa depende de la voluntad de las grandes empresas. El aceite, por ejemplo, está en manos de cuatro o cinco conglomerados que producen para su propio negocio y para venderles a las marcas secundarias y terciarias. Las empresas de Precios Cuidados tienen 100 marcas, participan del programa con unas pocas y el resto de lo que producen lo venden al doble o triple. Con eso consiguen traccionar los valores de la lista de Precios Cuidados hacia arriba. Ahora, yo me pregunto para qué ponemos un secretario de Comercio que no cree en los controles. Tampoco creo que haya que controlar por decreto, pero un gobierno tiene que gobernar.

–¿Por qué cuestionó la proyección de la inflación que se hizo para el presupuesto 2023?

–Me da mucha pena dar opiniones como esta porque formo parte de este espacio político, pero cuando alguien tiene una inflación como la actual y al hacer prospectiva dice que el año que viene va a tener 60%, en realidad, lo que está diciendo es que va a ser del 100%. Eso es jugar con fuego, porque nadie cree que 60% es una inflación baja. El gobierno debería decir que el año que viene va a tener una inflación del 100%; por la razón que fuere, pero debería decirlo.

–Los dos últimos gobiernos, ideológicamente distantes, tuvieron la misma ineficacia en materia de precios. ¿Qué diferencias observa entre las dos gestiones?

El macrismo fogoneó la inflación de una manera insólita. Lo hizo subiendo los servicios y validando los costos empresarios. Nuestro gobierno sostiene lo contrario, pero con tasas de referencia tan enormes también está fijando un piso, reconoce que es lo que está dispuesto a aceptar de inflación. Los anteriores fogoneaban los precios y realizaban devaluaciones periódicas, nosotros no frenamos la inflación porque no controlamos.

–¿Piensa que los precios van a afectar al gobierno en las presidenciales 2023?

–Creo que el desafío electoral no es difícil porque la oposición es muy pobre. El problema es nuestro, porque si no bajamos la inflación el voto se va a dispersar. «

Al mando del INTI y diputado

Enrique Martínez nació en Mendoza. Es ingeniero químico. Presidió el Instituto Nacional de Tecnología Industrial entre 1986 y 1988 y entre 2002 y 2011. También fue secretario pyme y diputado nacional. Actualmente coordina el Instituto para la Producción Popular (IPP).