A la luz de algunas declaraciones recientes, pareciera que la principal fuerza opositora está concentrada en evitar una recuperación de la economía real que termine generando un clima electoral que pudiera favorecer al gobierno de cara al 2023. Por eso trata de influir en las expectativas con comentarios intencionados que van en detrimento de los resultados de las políticas económicas.

Tras los dichos de Patricia Bullrich, acerca de que en una eventual gestión futura de la oposición “la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital por un tiempo, luego con la confianza vendrá”, más varios comentarios de ex funcionarios macristas y otros analistas del establishment, “los mercados” generaron fuertes bajas en la cotización de los bonos de la deuda pública e incremento en el valor de los dólares financieros. Una muestra de la volatilidad generada es que los $ 8 de aumento del dólar ilegal el martes, los perdió entre el miércoles (-$ 7) y el jueves (-$ 1).

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La volatilidad, está claro, no tiene que ver con las políticas del actual gobierno. El ministro de Economía Martín Guzmán calificó de “una gran irresponsabilidad” generar versiones sobre un posible default que tendría que declarar un próximo gobierno, al tiempo que defendió la política de endeudamiento en pesos y ratificó que “el sistema financiero está robusto y líquido”.

De manera clara hoy se observa una disociación entre las condiciones objetivas de la economía y las ideas de que “está todo mal” y “no hay rumbo”, fogoneadas por quienes buscan sacar rédito electoral en el futuro.

A pesar de ello, la licitación del martes pasado, si bien pequeña, se sorteó de forma exitosa. El Ministerio de Economía logró colocar títulos por $21.587 millones, un monto que más que duplicó a los vencimientos ($ 10.302 millones).

En cuanto a la deuda financiera privada externa, el Banco Central presentó un informe donde muestra dos cuestiones principales. La primera es el fuerte endeudamiento en dólares que se produjo entre 2016 y 2019, que casi se duplicó. La segunda es que, gracias a las regulaciones cambiarias que se aplicaron, entre enero de 2020 y abril de 2022 se evitaron pagos de deuda del sector privado al exterior por U$S 26.635 millones.

El gobierno continúa ordenando el frente externo, mejorando las cuentas públicas en el marco de una economía que crece, y fortaleciendo el mercado de deuda local.

En materia de empleo, el Ministerio de Trabajo informó que el primer trimestre cerró con 549.000 puestos de trabajo más que en el mismo periodo de 2021. La suba fue liderada por los asalariados registrados (+217.000 nuevos puestos), seguidos por los/as monotributistas (+148.000). Desde noviembre pasado, los niveles de empleo vienen marcando máximos históricos mes a mes.

La inflación, no obstante, es uno de los puntos que más preocupa. En mayo el valor interanual fue del 60,7%. De todas maneras se registró una desaceleración mensual interesante, ya que el 5,1% de mayo resultó menor al 6% de abril y al 6,7% de marzo.

Estos valores afectan el normal desenvolvimiento de la economía y dificultan recuperar el poder adquisitivo de los ingresos. Por eso es imperioso lograr que los próximos meses sigan mostrando bajas y que efectivamente se vaya consolidando este proceso.

Nuevas medidas

Según informó el gobierno, “durante el primer trimestre del año la gestión de la política económica ha hecho posible cumplir las metas cuantitativas de acumulación de reservas internacionales, resultado fiscal primario, y financiamiento monetario al tesoro, establecidas en el programa económico del Gobierno Nacional. Desde fines de febrero, sin embargo, Argentina y el mundo enfrentan los desafíos generados por la guerra en Ucrania, y más recientemente también aquellos que presenta la situación de inestabilidad financiera internacional”.

Como dato relevante, la Reserva Federal, el banco central de EE UU, incrementó fuertemente la tasa de referencia en 75 puntos básicos, llevándola del 1% al 1,75%, el mayor aumento desde 1994. Continúa así una tendencia que tendrá efectos en el nivel de actividad norteamericana y global, además de los impactos financieros que suelen producirse en la periferia debido al denominado “vuelo a la calidad” hacia activos más seguros, y ahora con más rendimiento, como los bonos del Tesoro de EE UU.

En este contexto se tomaron varias medidas. El BCRA anunció una suba de tasas de interés de entre 3 y 5 puntos con el objetivo de incentivar el ahorro en pesos y contribuir así a la estabilidad cambiaria y financiera.

En materia fiscal, el último jueves se publicó el DNU 331/22 que modifica el Presupuesto prorrogado, determinando un nuevo cálculo de recursos y créditos, a la luz de los mayores gastos en los que se debió incurrir producto del agravamiento del contexto global, tanto por los refuerzos de ingresos otorgados, como para garantizar la seguridad energética minimizando el impacto del alza de los precios de la energía. El resultado presupuestario es consistente con la proyección de déficit primario del Sector Público Nacional de 2,5% del PIB. Según se informó, el Presupuesto se confeccionó con una meta inflacionaria del 57% (con un rango entre 52% y 62%) y un aumento del PBI del 4% para este año (crecimiento de la producción que creo puede ser superado).

Según indicó el gobierno en un comunicado, el incremento de los precios mundiales de la energía “requiere fortalecer la asignación del presupuesto hacia aquellas funciones con mayor impacto distributivo y de expansión de la capacidad productiva en el mediano y largo plazo”. Por ello, mediante el Decreto 332/22 crea el Régimen de segmentación de subsidios a las usuarias y los usuarios residenciales de los servicios públicos de la energía eléctrica y gas natural por redes. Para realizar la segmentación se tomará en cuenta la capacidad de pago de los hogares a partir de sus condiciones socioeconómicas, con el fin de mejorar el impacto distributivo de la asignación.

Para el segmento de menores ingresos el incremento de la factura de referencia bajo jurisdicción nacional no superará el 40% de la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) registrada en 2021 (es decir, un 21,4%), en tanto que para el segmento medio no superará el 80% de la misma (un 42,7% de aumento). Los usuarios y las usuarias de estos dos niveles no deberán enfrentar un nuevo incremento en sus tarifas durante 2022. En tanto, en los sectores con mayor capacidad de pago la reducción de los subsidios será gradual hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022. Según se indicó desde el gobierno, estaría incluido en este grupo el 10% de la población de mayor poder adquisitivo.

También se emitieron decretos orientados a incrementar la producción de gasoil. Por un lado, se aumenta por 60 días corridos el corte de biodiesel en el gasoil en 5% (Decreto 330/22), a la vez que se conceden beneficios fiscales para las empresas que incrementen su producción de gasoil, además de otorgar mayores beneficios orientados a las pequeñas refinerías (Decreto 329/22).

Estas medidas buscan adaptarse a un contexto internacional desafiante, sin perder de vista el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenible con creación de empleo, mientras se van fortaleciendo las condiciones para ir aminorando gradualmente la inflación.