A falta de avances técnicos concretos con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno apela a la rosca política para destrabar la renegociación de la deuda por U$S 44 mil millones con ese organismo. Después de la gira por Europa que realizó el presidente Alberto Fernández, los ojos están puestos en las reacciones de Estados Unidos, país que por su peso estatutario (tiene el 16,7% de los votos en el directorio) y sobre todo político, puede destrabar cualquier escollo en las discusiones con la entidad.

Hasta donde se sabe, el interlocutor de mayor rango al que pudo llegar el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la escala jerárquica de la nueva administración estadounidense fue el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. La videoconferencia de esta semana dejó visiones encontradas luego de que desde Washington se emitiera un comunicado indicando que “un marco sólido de política económica para Argentina, que aporte una perspectiva para el crecimiento del empleo en el sector privado, tendría el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional”.

En Buenos Aires, buena parte de los medios opositores y los analistas críticos al gobierno insistieron en que se trató de una exigencia para que se presente un plan económico integral, sin el cual Estados Unidos no ofrecería ningún respaldo. Desde el Palacio de Hacienda, lo interpretaron como un nuevo apoyo y opinaron que “fue importante escuchar de boca de un funcionario del presidente Joe Biden que la prioridad era la creación de empleo a partir de las políticas económicas”, según dijeron voceros oficiales.

Por otro flanco, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, avanzó con sus propios contactos. Para ello viajó a entrevistarse en persona con el asesor para Latinoamérica de la Casa Blanca, Juan González (a quien ya había recibido en Buenos Aires); el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez; la titular del Consejo de las Américas, Susan Segal; 15 fondos de inversión incluido el buitre Elliott y hasta el expresidente Bill Clinton. Con todos ellos, el tema de la deuda y el FMI estuvo sobre la mesa, además de la vacunación contra el coronavirus por su impacto en la marcha de la economía.

Por ahora, la prioridad del gobierno es convencer al Fondo de que emita una señal de que está encaminado el diálogo para celebrar un nuevo programa que reemplace al stand by de 2018. Ese aval es, a la vez, el requisito que pide el Club de París para estirar el plazo de pago de la última cuota del convenio firmado en 2014. El vencimiento de U$S 2400 millones se produjo en mayo. Si a fines de julio no hay novedades, Argentina entraría en default.

Aun cuando esa señal del FMI se produzca, lo cierto es que las negociaciones con el organismo (que esta semana designó al británico Ben Kelmanson como representante permanente en Buenos Aires en lugar del jamaiquino Trevor Alleyne) están virtualmente estancadas. También se enfrió la posible llegada de una misión para trazar un panorama de la economía local en los términos del artículo IV del estatuto del organismo, lo que podría ser exhibido como otra señal de normalización del vínculo. Según trascendió, por cuestiones sanitarias el Fondo limitó los desplazamientos de sus técnicos a otras naciones, lo que demoraría sin fecha la llegada de esa revisión. «