La suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para los asalariados, establecida en el proyecto de ley que debate el Congreso, significará unos $ 34 mil millones que el Fisco dejará de recaudar durante 2021. La suma incluso podría incrementarse de acuerdo a la reglamentación que haga el Ejecutivo. A cambio de ello, el gobierno espera un incremento del consumo como consecuencia del mayor poder adquisitivo que tendría la clase media.

El cálculo fue realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en base al proyecto de ley que eleva a $ 150 mil por mes el piso a partir del cual los asalariados deben tributar ese impuesto. La Cámara de Diputados lo debatirá en una sesión especial a realizarse este sábado.

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 En los hechos, la norma crea una deducción especial que se agrega al actual mínimo no imponible para llegar a ese umbral. El monto se actualizará anualmente de acuerdo al índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio del Trabajador Estable) que elabora el Ministerio de Trabajo. De esta manera, alrededor de 1.267.000 personas (trabajadores activos y también jubilados) dejarían de pagar.

Actualmente, el tributo alcanza a los empleados que cobran un salario neto mensual mayor a $ 74.810 al mes. A partir de allí se incluyen deducciones por grupo familiar: por eso para un empleado casado con dos hijos el mínimo se eleva a $ 98.963 mensuales.

Según las estimaciones de la OPC, “el impacto fiscal de lo explícitamente especificado en el proyecto sería una reducción de los ingresos por el Impuesto a las Ganancias de $ 34.144 millones”. El cálculo es para todo el año, ya que la modificación de la ley sería retroactiva al 1 de enero. La suma podría disminuir ya que muchas de las negociaciones paritarias establecen su revisión en el último trimestre del año para corregir posibles retrasos con relación a la inflación; en ese caso, algunos trabajadores que ahora quedan exceptuados por la rebaja podrían volver a quedar incluidos en el universo de contribuyentes.

En cambio, la caída en la recaudación fiscal podría ser mayor si se aplica un régimen especial para los trabajadores que cobran entre $ 150.000 y $ 173.000 por mes, cuyo objeto es evitar que los ingresos netos de quienes están comprendidos en este grupo caigan por debajo del mínimo después de pagar el impuesto. La implementación de este sistema de empalme, autorizado por el proyecto de ley, fue adelantada por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. En ese caso, el universo de beneficiados crecería a 1.306.000 personas y la merma para el Fisco se elevaría a $ 47.569 millones. Por tratarse de un impuesto coparticipable, el costo se repartiría entre la Administración Nacional ($ 18.816 millones), las provincias ($ 27.850 millones) y otros entes del sector público ($ 904 millones).

En el debate en comisiones, el proyecto recibió varias modificaciones. Entre ellas, se estableció que las horas extras, los viáticos y las bonificaciones especiales, entre otros ítems de la remuneración, quedarán exentas del tributo. Además se creará la deducción por concubino (hasta ahora esa figura no estaba contemplada) y habrá un beneficio especial para quienes viven en la Patagonia.

La iniciativa “tiene como objetivo aliviar el peso fiscal de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas en el marco de una política permanente de este gobierno de instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los y las contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”, según rezan los fundamentos de la comunicación elevada a Diputados.