El director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) analiza las características de los aumentos de precios en los barrios populares, la presión de los formadores de precios y el rol de la administración pública.

–¿Qué factores diferenciales inciden en la inflación de los barrios populares?
–Un problema es la ausencia de Precios Cuidados, que se acota a las cadenas de supermercados y no tiene presencia en los comercios de barrio ni en los chinos. Una de las explicaciones es que los mayoristas que los proveen no entran al acuerdo. Además, hay discriminación, por ejemplo, de las fabricantes de lácteos, que llevan a los barrios listas de precios generalmente superiores a los que llevan a los grandes supermercados.


–La explicación oficial de esa ausencia es la atomización del sector ¿Cómo analiza ese argumento?
–Ciertamente es un segmento atomizado, pero son los lugares donde se abastece un porcentaje muy importante de la población. El gobierno no puede desentenderse. Los chinos tampoco tienen el programa y son cadenas de una presencia enorme. Esa idea de la atomización revela que los negocios de barrio fueron abandonados a su suerte junto con los millones que se abastecen allí. Es un argumento muy débil, que indica donde está la visión y la preocupación del gobierno.

–Hace poco consideró que las autoridades desconocen la situación de las bocas de cercanía, que es el 60% del comercio minorista. ¿Cómo se explica ese desconocimiento?
–Es un desconocimiento que deviene de un abandono, de una despreocupación. Si te preocuparan la pobreza y la indigencia harías el esfuerzo para atender a la gente que no puede comprar lo básico para vivir, conocerías sus problemas y tratarías de ir resolviéndolos. Pero si no es tu preocupación principal y encima tu respuesta es que los comerciantes son muchos, esa respuesta te denuncia.


–Después del 50,9% de inflación de 2021 planteó que iba a ser muy difícil reorientar la política adecuadamente y tuvo razón. ¿Qué falló?
–El problema principal es que el gobierno se ha ido debilitando y ha tenido peores condiciones para confrontar con los intereses de los grupos poderosos; tanto los que producen y comercializan para el mercado interno como aquellos que producen para exportar. Un ejemplo muy significativo es la negociación con los exportadores del agro. Después de varios meses perdió la pulseada y empezó a ceder; inició un proceso de concesiones que no sabemos cómo va a continuar. Los exportadores del campo van a pedir la extensión del beneficio que consiguieron y se van a sumar otras presiones de otros sectores por beneficios similares.


–¿Los formadores de precios son más poderosos en la actualidad o aprovechan la ventaja que se les presenta?
–Los formadores de precios se han ido fortaleciendo. En particular a lo largo de este gobierno, en la medida en que fue perdiendo consenso en la población. Los grupos más concentrados de la economía tuvieron más posibilidades de hacer valer sus prerrogativas. Hoy su poder es absolutamente visible y no se les pueden imponer ninguna condición.


–En ese contexto, ¿cree que es viable un proyecto de ley para controlar precios y congelar tarifas, como el que propone desde Isepci?
–Sí, en la medida en que se lleve el debate a la población. En Isepci hicimos una campaña nacional para juntar firmas pidiendo el congelamiento de precios de los alimentos básicos y el de las tarifas y en menos de un mes juntamos dos millones de adhesiones. Si el gobierno estuviera decidido a confrontar con los grupos más poderosos y quisiera ser el ganador de la confrontación, en la población hay condiciones sobradas para lograr un resultado exitoso.


–¿No advierte señales de apatía y resignación en la sociedad civil en relación a la puja distributiva y los aumentos?
–Es difícil esperar un rol más activo de la sociedad civil si la apatía y la resignación bajan desde la dirigencia. Hay un desamparo que baja desde el gobierno, los sindicatos y los movimientos sociales, que denuncian las consecuencias de la inflación, pero sin un camino concreto para resolver la situación en términos alternativos a los que plantea el gobierno. Y también es difícil que la reacción surja en forma espontánea o auto organizada. Hay una responsabilidad de la dirigencia.


–Viene el tramo final del año, tradicionalmente inflacionario, y después las elecciones. ¿Qué se palpita en los barrios?
–Hoy se aprobó un aumento de las telecomunicaciones del 20% y otro del 10% para fin de año. Es una medida que implica continuar con el proceso inflacionario, con el deterioro del poder adquisitivo de las familias. En lugar de otorgar aumentos del 8% por mes, se va a producir un aumento del 20% de una sola vez que, en términos de la situación de las familias no significa ningún beneficio. Todo parece conducir a la continuidad del crecimiento económico con pérdida del poder adquisitivo. «

La lupa sobre los precios

Isaac Rudnik coordina el Indice Barrial de Precios del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Entre 2004 y 2008 fue asesor de la Cancillería, donde promovió la participación de los movimientos sociales en la integración regional. Es fundador del Movimiento Libres del Sur.