Cuando Domingo Cavallo llegó al gabinete de la Alianza para ocupar el cargo de ministro de Economía, el gobierno de Fernando de la Rúa recién cumplía los 15 meses de vida. Sin embargo el peso de la falta de expectativas hacía parecer ese tiempo como una eternidad.
Con José Luis Machinea al mando del Palacio de Hacienda, De la Rúa arrancó su gobierno el 10 de diciembre de 1999 con un ajuste en toda la línea: dos días antes de asumir, Machinea anunció una suba de impuestos al consumo y al salario. A la pata del ajuste, que sostuvo toda la gestión de Machinea, le acompañó a los pocos días la otra, la represiva: una semana después de la jura, dos personas fueron asesinadas por fuerzas federales durante protestas en el puente que une las ciudades de Resistencia y Corrientes protagonizadas por estatales correntinos que reclamaban el pago de salarios adeudados.
En el año 2000 siguió el ajuste. El gobierno firmó un acuerdo con el FMI en marzo por el cual la Argentina se sometió a un programa de ajuste a cambio de un préstamo stand by (del mismo tipo del que adoptó el gobierno de Cambiemos en 2018) por U$S 7.200 millones a tres años. El plan era llevar a cabo las reformas de fondo que la década de Carlos Menem no terminó de imponer: aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, desregulación de las obras sociales y privatización del Banco Nación. El stand by incluyó una reducción de los salarios de los empleados públicos en nombre del ajuste del gasto público.
Con el mercado interno destruido y recurrentes crisis económicas en el exterior, 1999 fue recesivo. El año 2000 también. El PBI bajó un 1% respecto al de 1999 y salvo en el segundo trimestre, cuando la economía mostró algunos signos vitales, en el resto del año fue para atrás. De conjunto, la inversión cayó casi un 7% respecto del año anterior; la industria terminó un 2% debajo de diciembre de 1999 y la construcción, un 8%. La tasa de desocupación alcanzó al 15,1%, la más elevada desde 1997. La recaudación prácticamente se mantuvo en los mismos niveles que en 1999.
Las que sí crecieron respecto de un año antes fueron la deuda y los pagos de intereses de la deuda pública nacional, además de la deuda privada y la fuga de capitales. La primera alcanzó a U$S 84.851 millones, un 5% más que un año atrás y los pagos de intereses de ese año 2000 alcanzaron a casi U$S 10.000 millones, todo un récord y casi un 20% más que lo pagado un año antes, con lo que representó el 15% del gasto público y el 3,5% del PBI. La deuda privada, llegó a U$S 61.724, un 2% superior a un año antes.
En un hecho que facilitaba la comprensión de los fenómenos, el monto de intereses pagados por la deuda pública era aproximadamente el mismo del déficit fiscal, de U$S 12.000 millones.
El pago de los intereses de la deuda pública generaba un déficit fiscal que se cubría con más deuda cada vez más cara. A fin de año era claro que la Argentina se dirigía derecho al default. Ante la posibilidad de tener que asimilar nuevas pérdidas, tras los derrumbes en Asia, Rusia, Brasil y Turquía, los grandes fondos y el FMI idearon un “blindaje” cuya armadura estaba compuesta por un compromiso de darle a la Argentina U$S 39.700 repartidos en cuotas durante dos años, a medida que el país cumpliera un plan de reformas estructurales: sacar por decreto la ya prometida reforma previsional, a la que agregaba la eliminación de la Prestación Básica Universal, un ajuste general del gasto público, transformar a la Anses en una oficina de registro y eliminar el PAMI o privatizarlo.
Sobrevolaba la preocupación por la incapacidad cada vez mayor de la Alianza para gobernar tras la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, en octubre. Sumada a la situación económica, lo que se manifestaba era una crisis del régimen. En ese momento se calentó el debate dentro del gobierno y en sectores afines en relación al futuro de la convertibilidad: De la Rúa bregaba por su sostenimiento; un sector planteaba la dolarización y otro la devaluación.
Para empeorar las cosas, una investigación en Estados Unidos puso en estado de sospecha al Banco Central y sus autoridades de haber permitido a los bancos que realizaran operaciones masivas de lavado de dinero. Pedro Pou, que venía desde 1998 a cargo del BCRA estaba en la mira y corría el rumor de que su remoción sería utilizada para salir de la convertibilidad.
En diciembre, De la Rúa anunció la celebración del blindaje con un spot televisivo en el que lanzó al final su célebre frase: “Qué lindo que es dar buenas noticias”.
Lo cierto es que entre enero y febrero de 2001 quedó claro que el pago de los intereses ya se llevaba el 20% del gasto y que las renovaciones de capital seguían haciéndose a tasas siderales.
El viernes 2 de marzo, Machinea mantuvo un encuentro a puertas cerradas con banqueros y algunos industriales. Allí se planteó que para sostener la convertibilidad, el titular del Palacio de Hacienda debería ser reemplazado por una cara nueva que estuviera dispuesta a seguir ese programa. Dado que algunos de los que participaron de ese encuentro fueron los que a partir de ese mismo mes encabezaron la fuga de capitales de la Argentina, cabe suponer que la obsesión con mantener la convertibilidad no era una cuestión de principios sino que respondía a una necesidad práctica: necesitaban tiempo para transformar los pesos invertidos en distintos instrumentos financieros en dólares y sacarlos del país. Finalmente, en marzo se fugarían U$S 5.000 millones, todo un récord, y a lo largo del año, más de U$S 20.000 millones.
De la Rúa convocó a Ricardo López Murphy (hoy candidato a diputado en Juntos), en ese momento ministro de Defensa, para reemplazar a Machinea. Durante ese fin de semana, López Murphy negoció condiciones para asumir, en particular que De la Rúa impusiera al conjunto de la Alianza el respaldo cerrado al plan de guerra que pergeñaba y que incluía el despido de hasta 40.000 empleados públicos, la eliminación del presupuesto universitario, la reducción a la mitad de las transferencias a las provincias y todas las otras promesas incumplidas del gobierno. López Murphy anunció oficialmente ese plan dos semanas después de asumir, el viernes 16. Provocó un impacto inmediato: dentro del gobierno, partes de la UCR y del Frepaso se opusieron; por fuera de Casa Rosada, la CTA y decenas de sindicatos, además de las federaciones estudiantiles, llamaron a un paro para el lunes siguiente. También el movimiento piquetero anunció un plan de lucha con cortes de rutas en distintos lugares del país.
La ira popular y la división interna de la Alianza derivaron en la salida de López Murphy. Con esas mismas condiciones, el gobierno debía buscar un reemplazante. Domingo Cavallo ya había asomado como posible súper ministro cuando se fue Machinea. Pero la defensa del uno a uno de De la Rúa no era el plan de Cavallo: el llamado “padre de la convertibilidad” ya había llegado a la conclusión de que era hora de cometer el filicidio, para lo cual requería de poderes especiales, esa era su condición para ingresar al gabinete.
López Murphy renunció el lunes 19 de marzo. El martes 20 juró Cavallo como nuevo ministro de Economía. Arrancaba la recta final.
