A través de las licitaciones de títulos públicos, el gobierno logró recaudar suficiente dinero en el primer trimestre como para cancelar todos los vencimientos de ese período y generar un pequeño colchón para cubrir el déficit primario.

De acuerdo al informe de la Secretaría de Finanzas, en la última licitación, realizada el 29 de marzo, se obtuvieron $ 475 mil millones por las letras de corto y mediano plazo, a los que se sumaron bonos con vencimiento en 2024 y 2026. Con esos fondos, el total de financiamiento neto de marzo (la diferencia entre los fondos obtenidos y las obligaciones a cancelar) fue de $ 293 mil millones, mientras que en todo el trimestre llega a casi $ 618 mil millones.

La emisión de nuevos instrumentos de deuda pública pasó a ser la manera casi excluyente de financiamiento del Tesoro, luego de que el gobierno acordara con el Fondo Monetario limitar los aportes del Banco Central, que habían tomado un rol estelar a partir de la pandemia. El programa de facilidades extendidas convenido entre las partes pone un tope del 1% del PBI a las transferencias monetarias para todo este año, con el compromiso de ir reduciéndolas cada vez más hasta desaparecer como recurso habitual en 2024. Por eso en el primer trimestre las transferencias de utilidades y adelantos transitorios por parte de la entidad cayeron a $ 122 mil millones, poco más de la mitad (en términos reales) de lo que había sucedido el año pasado, en plena segunda ola de Covid-19.

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La contrapartida de ello es que la deuda pública en pesos está creciendo a pasos acelerados y ya representa un equivalente a U$S 113 mil millones, el 31% del total (el resto está en moneda extranjera). Un lugar cada vez más preponderante lo ocupan las obligaciones que se actualizan por CER: las letras y bonos cuyo capital es ajustado por ese coeficiente (ligado a la evolución del índice de precios) totalizan U$S 66.915 millones, casi el triple del que había cuando el Frente de Todos llegó al poder, a fines de 2019.

No debería extrañar que los títulos ajustables por CER sean los más demandados en las licitaciones que cada dos semanas realiza el Ministerio de Economía. En la última efectuada, el 77% del monto prestado por el mercado fue a través de instrumentos actualizados por inflación, algo lógico si se observa que el resto de los títulos ofrecidos rendía entre 40% y 49% anual (entre cuatro y 13 puntos menos que el índice de precios al consumidor), que la inflación se desbocó en los últimos meses y que las subas de tasas dispuestas por el Banco Central no logran empardarla.

El analista Salvador Di Stéfano estimó que la deuda en moneda local ajustada por CER es de casi siete billones y medio de pesos. «Por cada punto adicional de inflación esta deuda aumenta en $ 74.280 millones. Si en el mes de abril la tasa de inflación es del 6 por ciento, el stock de deuda aumentaría en $ 445.680 millones. Una verdadera locura», opinó en Twitter. Los demás títulos en pesos (unos 5,1 billones de pesos) son sensibles a los cambios en la tasa que dispone el Banco Central: «Por cada punto que aumente la tasa de política monetaria, esta deuda se incrementaría en $ 51 mil millones cuando se renueve en el mercado», agregó Di Stéfano.

Por definición, esos abultados incrementos no implican que la montaña de obligaciones en pesos crezca en términos reales, aunque tampoco permiten licuarla. Pero en cambio abren otros cuestionamientos de índole política, justo cuando el Ejecutivo ensaya soluciones de emergencia, como la reapertura masiva de paritarias, para evitar que el poder adquisitivo de la población se desplome. «El 80% de la nueva deuda emitida en pesos está indexada a la inflación. Los especuladores tienen un beneficio que se les niega a los trabajadores, cuyo salario corre por detrás del aumento de precios», argumentó Gabriel Solano, legislador porteño del Partido Obrero.

En el Palacio de Hacienda defienden como cuestión estratégica la creación de un mercado doméstico que fomente la inversión en pesos y que permita al Tesoro evitar la exposición a riesgos cambiarios como los provocados  por el hecho de que, durante el macrismo, el stock de deuda pasará de significar el 56% del PBI a casi el 89 por ciento. De hecho, en los últimos 12 meses el total de pasivos nominados en moneda extranjera no creció e incluso se redujo levemente. Otro hecho que avala la toma de deuda en pesos es la recomendación del FMI sobre un «mayor fortalecimiento de las colocaciones de deuda interna»; al menos hasta ahora, el índice de rollover (el financiamiento obtenido en comparación con las obligaciones que debe cancelar el Tesoro) supera con holgura el 118% estimado por el Fondo como necesario para este año. «

Un año y medio después, terminó el canje de bonos

El Ministerio de Economía dio por terminado el proceso de reestructuración de deuda soberana con acreedores privados. Si bien el grueso de los títulos había sido canjeado en septiembre de 2020, se había dado una extensión, en principio hasta julio 2021 y luego prorrogada hasta el 30 de marzo de este año, para quienes no habían aceptado la oferta inicial. Para este grupo se mantuvieron las condiciones de la operación, aunque sólo se reconocieron  los intereses devengados desde el cierre del plazo de aceptación temprana.

Según lo informado oficialmente esta semana, ingresaron órdenes adicionales por U$S 40,9 millones, de manera que el total de aceptación fue de 99,75% de todos los títulos elegibles. De esos montos se desprende que todavía quedan viejos bonos en circulación por alrededor de U$S 100 millones.

«En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir», indicó el comunicado oficial.