Después de que el gobierno renovó por 60 días la prohibición de despedir personal y la industria respondió con la advertencia d que “la excepcionalidad tiene un límite”. 

La medida contempla también la suspensión de empleados que evitaron la asistencia al trabajo por razones sanitarias. Para acompañarla está a punto una extensión de la doble indemnización que se anunciaría en las próximas horas. 

El titular de la federación de industrias alimenticias COPAL y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina lamentó la decisión publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 475/2020 y le pidió al gobierno una política de seguro de desempleo para “cuidar al trabajador y no cargar peso sobre el empresario”, argumentó.

“Yo no creo que la prohibición de despidos sea un arma eficaz porque el problema fundamental es que hay una crisis mundial que va a producir una caída del 30% del comercio internacional y del 9% del PBI argentino”, planteó el referente alimenticio en una entrevista con el programa En Tiempo Real de Radio Led.

“El mejor sistema  es un buen seguro de desempleo porque no es la solución cargarle más los hombros a un empresarios que no tiene actividad sino proteger al trabajador. Si no hay mercado ¿cómo afrontar las obligaciones salariales y fiscales y generar el capital de trabajo para volver a trabajar?” preguntó el empresario, quien lanzó: “La excepcionalidad tiene un límite y ese límite ya se produjo”.

En esa línea Funes de Rioja descalificó también la posibilidad de que se ratifique la doble indemnización en caso de que la empresa decida despedir pese a la prohibición: “es una carga durísima e inviable para las pymes”, concluyó.

La resolución 475/2020 del Ministerio de Trabajo que se publicó este lunes prorrogó por 60 días la prohibición de despedir sin causa o con el pretexto de fuerza mayor y el justificativo oficial es la coyuntura sanitaria. El jueves pasado el presidente Alberto Fernández prolongó la política de distanciamiento social hasta el 28 de junio.

El texto de la resolución  contempla también la suspensión con el 75% del salario neto de empleados que por razones de cuidado sanitario eligieron permanecer en sus hogares durante el tiempo de la cuarentena.