La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) elevó, en mayo de 2021, un pedido de informes a la Corte Suprema para conocer el monto y el destino del Fondo Antíciclico que el máximo tribunal creó en 2008 «a fin de garantizar recursos financieros en situaciones excepcionales». La AAL denunció en ese entonces la suspensión de 150 mil audiencias por la insuficiente infraestructura que los juzgados poseían para dar cuenta de los procesos judiciales en el contexto de pandemia, lo que implicaba un bloqueo en el acceso a la Justicia para los trabajadores en un contexto de la emergencia y crisis del mercado laboral provocado por la pandemia.

Con su pedido de informes, la AAL apuntaba a que el máximo tribunal liberara fondos para garantizar el acceso a la conectividad y el acondicionamiento de los edificios de manera urgente. La Corte reconoció entonces que el Fondo acumulaba alrededor de $ 30 mil millones pero no dio detalles sobre su uso pasado ni futuro. A la vez, reveló que el dinero estaba colocado en instrumentos financieros que, por su evolución, a la fecha ya equivaldrían a unos $  60 mil millones.

A más de un año y medio de aquel pedido de informes y ante «los nulos resultados obtenidos», la AAL asegura que, con el concurso del Consejo de la Magistratura y la Cámara de Apelaciones de Trabajo, la Corte Suprema resulta responsable de haber generado un «mecanismo perverso de transferencia de recursos del trabajo al capital del cual el Poder Judicial y nuestro Fuero en particular, es cómplice».

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En un comunicado que emitieron el jueves último bajo el título de «Otro año sin justicia para los trabajadores», aseguran que «a pocos días de la feria judicial poco se ha hecho por la regularización del servicios de justicia» en el fuero de trabajo. Allí señalan a la Cámara de Apelaciones como la responsable de «haber impuesto un nuevo ritmo» luego del aislamiento por la pandemia.

La AAL asegura que «las estadísticas muestran que seguimos teniendo Juzgados del Trabajo vacantes, que existen concursos para camaristas que no se resuelven por cuestiones político partidarias, que los expedientes permanecen sin movimiento durante largos meses por inacción de los magistrados y funcionarios judiciales, que el presupuesto para nuestro fuero no contempla partidas específicas para atender la acuciante necesidad de incrementar la potencia de la señal de wi fi que permita que varias audiencias se celebren en simultáneo, de proveer de software a los Juzgados, de brindar seguridad edilicia y realizar los trabajos necesarios para garantizar la integridad de las personas que trabajan o concurren a esos edificios».

La presidenta de la AAL,  Cynthia Benzion, señala a Tiempo que «con esta demora obviamente alguien se beneficia». La dirigente explica que «tenemos una crisis previa y que se agravó con la pandemia. Cuando se levantó la feria el avance de las causas fue muy tibio. Los jueces argumentaron que no tenían herramientas para reasignar las audiencias pendientes. Teníamos unos 150 mil expedientes paralizados. La preocupación de los jueces fue que las estadísticas no mostraran esa parálisis. Se pisan causas para no tener expedientes que incumplan los plazos procesales».

La dirigente explica que «tuvimos muchas reuniones con la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La Corte Suprema nos recibió una sola vez. El Consejo de la Magistratura nos dio reuniones pero para eludir las repuestas sobre qué medidas tomarían para equipar a los juzgados. Un pin pon entre la Corte, el Consejo y la Cámara con una posición de temor reverencial diciendo que no pueden pedir los fondos. Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema) nos dijo que el fondo está para necesidades extraordinarias de funcionamiento de la Corte. Pero el texto no dice eso».

Respecto de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la ALL advirtió que en lugar de controlar a los jueces se excusan con que solo pueden hacer recomendaciones pero no dictar resoluciones que impliquen una injerencia en sus facultades. «Hacen equilibrio entre la Corte, el Consejo y el sindicato, cuando se deben a los justiciables que son los trabajadores que sufren juicios de siete a ocho años con tasas de interés que no reparan el daño», dice Benzion.

Los juicios tan largos generan un perjuicio enorme a los trabajadores porque cada juez impone su criterio de actualización de los montos que reclaman. «La tasa que rige en el fuero es una combinación de tasas pero no la capitalización que implica que la actualización garantice poder comprar los mismos bienes que si lo hubieras recibido en tiempo y forma», subraya Benzion. Por eso, como dice la AAL, en 2022 los trabajadores volvieron a perder también en los juzgados. «