Las prepagas salieron con los tapones de punta contra el gobierno. Acusan un atraso en los ingresos del 40% y pérdidas mensuales multimillonarias. «Solo pedimos que se cumpla la ley», aseguran.

«Ese 40% de atraso, por más que se nos dé ahora, no se puede trasladar al cliente. Una salida puede ser que haya una compensación a partir de algún beneficio fiscal o subsidios transitorios. Cuando se llegue al punto de equilibrio, supongamos en un año y medio, desaparece el subsidio y seguimos como veníamos», apuntó a Tiempo un importante dirigente de la Unión Argentina de Salud (UAS), que prefirió reservar su nombre.

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Si bien el abanico de reclamos es amplio y abarca desde cuestiones coyunturales hasta planteos estructurales, por estos días, las prepagas buscan que el Estado se haga cargo de la pérdida acusada y, en paralelo, alarman por una jugada sucia por parte del gobierno destinada a llevar a las empresas a la quiebra, con el fin de modificar «de prepo» el sistema de salud.

La teoría del vaciamiento suena exagerada, pero es unánime en la UAS, cámara que nuclea a las prepagas. «El miedo es 100% real. Es una acción deliberada del gobierno de llevar a las empresas al quebranto. Esta situación se da en todo el sector, excepto los laboratorios, que están bárbaros y nadie se mete con ellos», apuntó la misma fuente.

Rehenes de la disputa

El sector privado de salud se puede dividir en dos grandes grupos: financiador (obras sociales, prepagas) y prestador (clínicas, sanatorios). El sector financiador reclama aumentos, que deben ser aprobados por el Estado. Si no los obtiene, no abrirá la canilla al sector prestador, que a su vez no pagará aumentos, en una paritaria que debe cerrar en junio.

Así las cosas, la paritaria con el gremio que conduce Héctor Daer, secretario general de la CGT, quedó en medio del fuego cruzado. «No podemos firmar paritarias en esta circunstancia. Grosso modo, el sector está perdiendo 7 mil millones de pesos por mes. Es insostenible. Va a haber un problema grande», afirmó la fuente.

Los números del reclamo

Otro vocero de una de las prepagas más importantes del país expuso a este medio los números que hacen en la UAS: «Entre diciembre 2011 y diciembre 2020, percibimos aumentos por 1054 por ciento. La inflación del período fue del 1470%; la inflación sectorial que medimos las cámaras de la salud, del 1947%; el dólar se devaluó 1855%; el PMO se encareció 1817%; los medicamentos de alto costo aumentaron 3077%; el salario de un enfermero subió 1150%; y el RIPTE, un 1178%».

«El problema central es que nuestros ingresos están regulados, pero los egresos no. Desde el año 2012, cuando se sancionó la Ley 26.682, los incrementos de las cuotas han sido regulados por el Estado y esta escala de aumentos no responde a la evolución de los costos», subrayó el vocero.

En 2020, la inflación general fue de 36,1% y el aumento que se permitió a las prepagas fue del 10 por ciento. En lo que va de 2021, la inflación acumulada es del 21,5%, mientras que los aumentos autorizados fueron del 14,1%. El descalce es del 33,5%. El sector asegura que esa brecha escalará a 40% en junio, cuando lleguen las paritarias.

En los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, la inflación general acumulada fue del 300%, mientras que los aumentos aprobados para las prepagas fueron del 330%. Allí, no se habló de descalce. En el último gobierno de Cristina Fernández, cuando comenzó a regir la nueva ley, la inflación fue del 175% y las prepagas aumentaron un 155%.

En limpio, las prepagas perdieron 20 puntos entre 2012 y 2015, ganaron 30 puntos entre 2016 y 2019 y llevan perdidos 33 puntos desde 2020 a la fecha.

«Ya ni siquiera pedimos una reforma. Queremos que se respete la ley. El artículo 17 es claro y dice que los aumentos deben basarse en la estructura de costos. La Superintendencia de Salud ya nos reconoció que tenemos un atraso de 30 puntos. Regulemos el costo de la salud, generemos un seguro de enfermedades catastróficas. Se puede trabajar en el gasto de la salud y también en la presión fiscal, que es muy alta», concluyó el vocero.

La Superintendencia de Salud es la encargada de aprobar los aumentos. Lo hace a partir de Declaraciones Juradas que hacen las empresas, a libro cerrado. En rigor, no se sabe a ciencia cierta cuál es el verdadero costo de la salud privada. «