El gobierno dio un nuevo paso hacia la actualización de las tarifas de servicios públicos, con la convocatoria a audiencia pública realizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). En la ocasión se citó a las empresas distribuidoras, transportadoras y a las cámaras del sector para aportar información de cara a la definición de los nuevos cuadros tarifarios de la energía eléctrica.

La audiencia tiene por finalidad “poner en conocimiento y escuchar opiniones” sobre los temas, aunque la decisión final correrá por cuenta de la Secretaría de Energía. La reunión se realizará el jueves 17 de febrero, de manera virtual, y será transmitida por streaming. Los particulares, agrupaciones de consumidores y otras ONG se podrán anotar hasta el 14 de febrero para participar del encuentro.

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El llamado fue realizado a través de la resolución 25/22, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. En el temario figura, en primer lugar, “el tratamiento de la determinación de los precios de referencia estacionales de la Potencia, Estabilizado de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”; y en segundo término, “las propuestas de las concesionarias del servicio público de transporte y distribución de energía eléctrica, tendientes a obtener una adecuación transitoria de tarifas”.

El MEM es el espacio donde todas las generadoras de energía ponen su producido al servicio del sistema, para abastecer la demanda. Es administrado por CAMMESA, que fija el precio periódicamente en función de los costos de operación de la red. En esa compañía confluyen el Estado y las asociaciones que nuclean a los grandes operadores: generadores, transportadores, distribuidores y usuarios. El valor que se paga en ese mercado, junto con la remuneración del servicio de las empresas transportadoras y las distribuidoras, conforman la tarifa final.

Por ahora, el sistema eléctrico se encuentra comprendido bajo la ley 27.541, que dispuso la emergencia pública en materia económica y energética, y el decreto 1020/20, que determinó la renegociación de la revisión integral aprobada durante el macrismo. Mientras dure ese proceso, de duración máxima de dos años (en teoría el plazo vence en diciembre de 2022), los nuevos acuerdos serán transitorios. En aplicación de esta norma, en mayo de 2021 se autorizó un incremento de 9% en las boletas, cuyo producido fue destinado a las empresas distribuidoras. A ello se sumó un 19% en agosto, sólo para los grandes usuarios. Para este año, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, ya anticipó que la intención es que la suba final no supere el 20%, muy por debajo de la inflación prevista.

Las deficiencias en el servicio volvieron a quedar expuestas en el área metropolitana durante la reciente ola de calor, en la que el sistema no pudo aguantar el pico de la demanda de electricidad. En particular, en el sector bajo la concesión de Edenor, un incendio dejó sin energía a 700 mil usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conurbano. Mientras que Edesur fue obligada a devolver $ 10.375 a cada usuario afectado por los apagones de fin de año y los primeros días de enero. Al fijar esa multa (que significa un total cercano a los $ 400 millones), el ENRE señaló que “la deficiente gestión operativa del grupo controlante de la empresa es el principal factor que repercute en el constante incumplimiento de la concesionaria” y ejemplificó que la compañía apenas tiene el 50% de las cuadrillas necesarias para atender las emergencias.

La convocatoria complementa la que realizó el ENARGAS para las transportadoras y distribuidoras de gas. En la audiencia que se realizó el 19 de este mes las empresas realizaron pedidos de ajustes de hasta 119%, que impactarían en cerca de un 40% en la boleta final que reciben los consumidores. Se estima que el gobierno sólo concederá la mitad y que las decisiones sobre el gas y la electricidad se conocerán en simultáneo.