El Fondo Monetario Internacional dilató una resolución sobre la quita de los sobrecargos a los países que tienen elevada exposición crediticia con esa entidad. La cuestión iba a ser tratada el último lunes en la reunión del Directorio Ejecutivo, pero no hubo resolución y quedó pendiente para más adelante.

Según trascendió extraoficialmente (no hubo comunicado oficial), en la reunión sólo se examinó la situación sobre los “balances precautorios”, una reserva que tiene el organismo precisamente para preservar sus finanzas si se producen pedidos extraordinarios de ayuda por parte de los países miembros.

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La postergación del tema parece una elíptica respuesta a los reclamos de Argentina, el país más endeudado con el FMI, ya que debe U$S 44 mil millones del stand by de 2018, y por tanto el que más sufre por los sobrecargos. Como su deuda supera el límite fijado (187% de la cuota asignada al país según su aporte de capital), paga 2% anual extra por esos montos y 1% anual adicional por aquellos que llevan más de 36 meses en ser cancelados. Esa diferencia ronda los U$S 1.000 millones anuales.

Por esa razón el gobierno argentino había sido uno de los más enfáticos en la necesidad de modificar esas reglas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, vino planteando insistentemente la cuestión en las últimas reuniones internacionales, a tal punto que logró el apoyo en ese sentido del G-20 (que emitió una declaración pública durante la cumbre realizada en Roma durante el mes de octubre) y los líderes de las principales potencias europeas.

Las dilaciones sobre el tema parecen un mensaje directo hacia Argentina, que pese a la voluntad manifestada por las principales figuras del gobierno (desde el presidente Alberto Fernández para abajo) de llegar a un acuerdo por la refinanciación de su deuda, en las últimas semanas viene cosechando desaires. El último viernes, en un comunicado, el staff técnico pidió “más precisiones” y volvió a reclamar “un amplio apoyo, tanto domésticamente en Argentina como dentro de la comunidad internacional” antes de suscribir un nuevo programa.

Algunos rumores atribuyen las trabas en la negociación al “golpe blando” que sufrió Kristalina Georgieva hace unos meses, cuando su continuidad como directora gerente del FMI estuvo en duda después de una denuncia sobre supuestas presiones para adulterar informes en favor de China cuando era funcionaria del Banco Mundial. Desde entonces, el “ala dura” del Fondo, en la que entre otros se engloban Estados Unidos, Alemania y Japón, habría tomado mayor peso en decisiones estratégicas como la de encarrilar o no el acuerdo con Argentina. Allí se incluye la reticencia a eliminar las sobretasas y también el rechazo tajante del organismo a cualquier plazo mayor a los diez años para devolver el capital adeudado.

Llamativamente, en un reportaje publicado este martes en El Cronista, el embajador japonés en Buenos Aires, Takahiro Nakamae, insistió en “la necesidad de un programa firme y sólido” y que ese programa “apoye la reforma estructural de manera firme”. Al mismo tiempo exigió la firma de acuerdos de promoción de inversiones y rebajas impositivas para empresas de su país en Argentina, como si esa fuera la condición de Japón para dar su voto favorable en el FMI.