Este miércoles, el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará junto con la titular de la Anses, Fernanda Raverta, un bono de refuerzo para los jubilados por encima del incremento pautado según la fórmula de movilidad vigente. El día siguiente, además, se realizará una reunión encabezada por el equipo económico de la que participarán representantes de las centrales sindicales y las cámaras empresarias con el propósito de evaluar un mecanismo de actualización de los ingresos para los trabajadores registrados.

Así lo adelantó Massa el miércoles pasado, cuando detalló los ejes de lo que denominó la «hoja de ruta» de su plan económico para el próximo período. En un programa caracterizado por un fuerte ajuste fiscal y monetario, el titular del Palacio de Hacienda se ocupó de dar lugar a algunos anuncios, todavía difusos, vinculados con los ingresos de los trabajadores y jubilados.

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Horas antes, Massa juró su nuevo cargo ante una audiencia de la que formaban parte también los dirigentes de la CGT que, por el momento, sostienen su intención de movilizar al Congreso Nacional el miércoles 17 de agosto contra los formadores de precios y «toda la dirigencia política».

El viernes a última hora se conocieron las proyecciones de inflación de las consultoras privadas que el Banco Central publica en su Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) y que incrementaron sus pronósticos en unos 15 puntos porcentuales con relación a las previsiones de un mes antes. Las diez consultoras que «mejor pronostican» la inflación creen que la suba de precios durante todo 2022 alcanzará el 94,7%. La mayoría de las paritarias se sellaron en el orden del 60% con cláusulas de revisión pautadas entre los meses de septiembre y noviembre.

El jueves, el Ministerio de Trabajo oficializó la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para el 18 de agosto tal como estaba previsto cuando, en junio, se modificó el acuerdo sellado en marzo adelantando las cuotas del 45% para este mes, cuando alcanzará los $ 47.850 equivalentes a menos de la mitad de los $ 104.217 que se necesitaron en junio para afrontar la Canasta Básica Total que establece el umbral de la pobreza para una familia integrada por dos adultos mayores y dos menores.

Fuentes de la cartera laboral adelantaron que, las tradicionales negociaciones informales que se realizan antes de la reunión oficial recién comenzarán cuando se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio que, se espera, oscilará entre el 7,5% y el 8%. Además, confiaron que la intención de la cartera laboral es sellar un acuerdo «largo» que abarque una serie de aumentos hasta el final del período 2022 pautado para marzo del año próximo.

Jubilados con descalce

El primer indicio sobre la voluntad del nuevo equipo económico de recomponer los ingresos se conocerá el miércoles. Allí se anunciará el incremento trimestral de los haberes jubilatorios que comenzará a regir a partir del 1 de septiembre. La nueva fórmula de movilidad, votada en diciembre de 2020, indica que la actualización de los haberes resulta de una combinación entre la suba de los salarios (según el Indec o el Ripte del Ministerio de Trabajo) y la recaudación de la Anses registrada durante dos trimestres antes. En este caso el incremento surgirá a partir de lo acontecido entre enero y marzo de este año que, según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), redundaría en un incremento del 15,5%. Con subas de precios de entre el 5% y el 8% en los meses siguientes la actualización sufrirá un marcado descalce. Para solventar el defasaje se espera que, una vez más, se adicione al incremento porcentual que llevaría el mínimo hasta los $ 43.315, un bono por única vez que rondaría los $ 10 mil para los haberes más bajos. La lógica de la nueva fórmula plantea la posibilidad de recomponer jubilaciones en términos reales una vez que se revierta la curva inflacionaria y se registre una desaceleración. Ese escenario podría producir a futuro un descalce inverso entre los ingresos reales y las obligaciones de la Anses.

La CGT, dividida

La reunión pautada para el día siguiente tiene el propósito explícito de «asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado». En forma implícita, será una instancia donde gobierno y empresarios buscarán desactivar la movilización cegetista del 17 de agosto. Si bien la mesa chica de la CGT confirmó la acción, una reunión satisfactoria para los dirigentes podría ofrecer una coartada para una elegante postergación sin fecha que es a lo que aspira, silenciosamente, un sector de la conducción ante la asunción de las nuevas autoridades en Economía.

La operación resulta compleja porque el sector que ratificó con mayor decisión la medida es el que, a su vez, pregona un incremento por decreto con suma fija mientras que aquellos más proclives a sostener una tregua se pronunciaron en favor del método paritario puro para recomponer ingresos. Massa, en su discurso, adelantó que la reunión buscará resolver la situación de quienes perciben salarios de entre $ 50 y $ 150 mil, una formulación tendiente a la variante de suma fija.

Con todo, la llave para un acuerdo podría aparecer por el lado de la deuda que el Estado todavía mantiene con las obras sociales sindicales y cuya resolución se mantiene siempre latente. «

Los planes sociales en la mira

El flamante ministro de Economía ratificó el convenio que la cartera de Desarrollo Social firmó con las universidades para auditar el cumplimiento de los requisitos por parte de las organizaciones sociales y los beneficiarios del Potenciar Trabajo. A la vez, la reunión del Consejo del Salario del 18 de agosto será la instancia donde actualizarán los montos que equivalen al 50% del SMVM.

Eduardo Belliboni, de la Unidad Piquetera, señaló a Tiempo que «las auditorías son habituales, lo único que encuentran son las enromes necesidades de la población trabajadora. En medio de un plan de ajuste, los anuncios tienen el objetivo de amedrentar a los trabajadores y estigmatizar a las organizaciones. Es una campaña que viene aparejada con una persecución judicial y que tiene eco en dirigentes políticos que van desde (Javier) Milei hasta Cristina Fernández».

El también dirigente del Polo Obrero anunció que ya solicitaron una reunión con Segio Massa y que movilizarán el 10 de agosto a Plaza de Mayo, donde realizarán una permanencia que podría derivar en un nuevo acampe.