Con un ojo en las elecciones y otro en las reservas internacionales, el gobierno se prepara para llevar adelante dos decisiones políticas claras: honrar todos los compromisos del frente externo y evitar en lo posible cualquier deslizamiento del tipo de cambio por fuera del lógico acompañamiento del ritmo inflacionario. Esa será la estrategia para el segundo semestre del año.

Su implementación conlleva, por un lado, aceptar el cronograma vigente de pagos con el Fondo Monetario Internacional, previsto en el stand by celebrado por el macrismo en 2018 (acuerdo que la gestión de Alberto Fernández intenta reemplazar por otro de mayor duración); y por el otro, controlar el mercado cambiario para controlar las fluctuaciones no sólo del dólar oficial sino de las cotizaciones alternativas que surgen de operaciones con bonos y otro tipo de transferencias al exterior.

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El primer paso se dará esta misma semana, cuando se abonen U$S 220 millones al Club de París. Ese monto corresponde a la primera de las dos cuotas pactadas con ese conglomerado de países y entidades oficiales, a cuenta del arreglo definitivo por los U$S 2.400 millones que Argentina debía abonar en mayo. En febrero de 2022 habrá un segundo giro por la misma cantidad.

La clave, de todas maneras, es la actitud a seguir con el Fondo Monetario Internacional. La asignación de DEG (derechos especiales de giro) entre todos los países miembros, para aumentar la liquidez internacional y solventar los efectos negativos de la pandemia, hará que Argentina tenga reservas para abonar los compromisos fijados para este año: los U$S 4.350 millones que le tocarán al país cubrirán los dos pagos de capital de U$S 1.800 millones, previstos para septiembre y diciembre, más los intereses del semestre.

El uso de esos fondos extra fue objeto de un duro debate en el oficialismo, que quería usarlos para apalancar la reactivación y patear los vencimientos con el Fondo para más adelante. Sin embargo, el discurso de Cristina Kirchner, en ocasión de la presentación de candidatos para las legislativas, dio cuenta de que la discusión quedó saldada. “Nosotros no vamos a poder destinar eso (los DEG por ingresar) a lo que lo van a destinar el resto de los países. ¿Por qué? Porque le debemos 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, además de los 70 mil u 80 mil millones de deuda que se reestructuraron el año pasado”, dijo la vicepresidenta, admitiendo que el arreglo con el FMI será prioridad.

Con ese aval político, el equipo económico tendrá mayor margen de maniobra para reestructurar los casi U$S 45 mil millones de deuda con el organismo. El ministro Martín Guzmán (que mantuvo un cauteloso silencio después de las palabras del sábado de CFK), con una paciencia que pone nerviosos a otros funcionarios gubernamentales, insiste en priorizar las reglas de juego a los tiempos. Por eso quiere fijar las bases de un acuerdo más favorable, que implique menores tasas y la expectativa de acogerse a condiciones más beneficiosas que el Fondo establezca en el futuro para sus préstamos, y recién después poner la firma, sea antes o después de las elecciones.

Por cierto, apurar la renegociación permitirá quedarse con los DEG para incrementar las reservas, ya que las dos cuotas de este año también serían refinanciadas. Pero en el Palacio de Hacienda no largan prenda sobre la posible fecha de un arreglo. “No importa el cuándo, sino cómo”, es el lema que siguen allí.

Los avances en la negociación con el FMI, confían en el gobierno, podrían ayudar a tranquilizar la situación interna. Por las dudas, el Banco Central ya está pertrechado para combatir las tensiones que suele haber antes de cada elección y que ya se están manifestando, con un dólar blue que este martes se vendía a $ 183, un 90% por encima del mercado oficial. Desde enero, cepo mediante, la entidad logró comprar alrededor de U$S 7.200 millones. En la calle Reconquista creen que ese colchón, más los constantes ajustes en la regulación de las operaciones con bonos que realiza la Comisión Nacional de Valores, alcanzarán para frenar cualquier tendencia hacia la dolarización antes de los comicios.