El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer hoy su informe anual sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en niños y niñas.
El estudio que se publica en forma anual da cuenta de una leve mejora de algunos indicadores con relación a los peores años de la pandemia pero, a la vez, muestra un deterioro general a escala de la última década. El estudio realiza un abordaje de la medición de la pobreza y la indigencia por ingresos, tal como lo realiza el INDEC, pero también arroja resultados sobre el impacto de las condiciones de vida medidos en forma multidimensional.
Eso es en función del acceso, o no, a una serie de derechos considerados fundamentales como la alimentación, la salud, el hábitat, la subsistencia, la crianza y la socialización, el acceso a la información, la educación y su exposición al trabajo infantil.
La conclusión general del informe señala que, durante el año 2022, se ha retomado “la senda de privaciones” previas a la pandemia. Para el estudio, durante la crisis provocada por la crisis sanitaria y social por Covid.-19, se registraron “significativos retrocesos” en las condiciones de vida de las infancias y que, a partir de 2022 pudieron registrar “mejoras importantes” ya que “muchos indicadores retornaron a los niveles de incidencia previos a la pandemia”.
Pobreza por ingresos
A la hora de analizar la situación de la pobreza de las infancias surge que, en 2022, el 61,6% de los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años, vivían en hogares que no reunían los ingresos suficientes para eludir una situación de pobreza mientras que el 13,1% sufrían de indigencia. Esto es, que no acceden a los alimentos que garanticen las calorías necesarias para su reproducción biológica normal. Se trata de 8,2 millones de niños y niñas pobres de los cuales 1,6 millones resultan indigencia.
Los valores se ubican por debajo del pico registrado en 2021 que había dado como resultado un 64,9% para la pobreza y un 14,7% de indigencia pero por encima de lo ocurrido en 2019 cuando la pobreza afectaba al 59,5% de la infancia. A la hora de observar el problema con una mayor proyección, resulta que en 2011 la pobreza afectaba al 38,4% de los niños, niñas y adolescentes y la indigencia golpeaba al 6,5%. Dicho de otra forma, en apenas una década alrededor de 3,5 millones de niños y niñas cayeron en una situación de pobreza y unos 800 mil en la indigencia.
Semejante deterioro de la situación del segmento de las infancias se produjo a pesar del sensible incremento de la asistencia social que, en 2022, entre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras transferencias alcanzaba al 49,8% de los niños cuando, en 2011 sólo llegaba al 38,5%. De allí se deduce que, por un lado, de no haber mediado un incremento de la asistencia estatal la situación resultaría aún más dramática y que, por el otro, la raíces de semejante deterioro deben explorarse en el mercado de trabajo y la profunda merma de los ingresos de las familias trabajadoras.
Pero el acceso a la alimentación no sólo depende de los ingresos familiares y la asistencia social. En 2022, el 59,3% de los niños accedió a alimentación gratuita en comedores populares o la escuela, el porcentaje escala al 77,7% en los estratos de ingresos muy bajos.
A pesar de ello el 31,4% se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria total y el 12,3% en una situación de inseguridad alimentaria severa. En 2011, poco más del 20% accedía a alimentación gratuita y sólo el 18,3% se encontraba en situación de inseguridad alimentaria (el 9,6% severa).
Acceso a la salud y déficit de actividad física
El estudio, de carácter multidimensional, valora también el acceso a la salud de las infancias y su evolución. De allí también surge un marcado deterioro en la última década aunque una leve mejor con relación a la situación del año 2020. Resulta que un 58,4% del segmento no cuenta con cobertura de salud por obra social, mutual o prepaga, el 18,4% no consultó a un médico en el último año y un 45% no realizó una consulta odontológica. Los valores saltan hasta un 62,5% y un 25,3% en los estratos muy bajos y también reflejan un deterioro sensible desde 2011 en la medida en que, entonces, el 45,2% no contaban con cobertura sanitaria de algún tipo, el 45% no hbaía consultado a un médico en ese año y el 22,4% no había ido al dentista.
Al mismo tiempo, el 69,2% de los chicos y chicas mustran un comportamiento sedentario mientras que el 53,3% no realiza actividad física o deportiva por fuera del ámbito escolar. Esos valores muestran una evolución contradictoria en la medida en que una década atrás el sedentarismo afectaba al 63,9% pero el 61,4% no realizaba actividades deportivas por fuera de la escuela. De nuevo, el segmento de ingresos muy bajos muestra un déficit de actividad física superior al de los niños con mayores recursos. La brecha indica que, mientras que el 67,5% de los niños y niñas más vulnerables no desarrollan ese tipo de actividades por fuera del sistema escolar, el porcentaje cae hasta el 35,6%para el estrato medio alto.
Educación y trabajo infantil
La única esfera donde se puede destacar una evolución positiva resulta en el acceso a la educación estatal de las infancias. Allí surge que se incrementó sensiblemente la cobertura estatal en educación. En 2022 el 83,5% de los niños de entre 6 y 17 años asistían a escuelas públicas cuando, en 2010 lo hacía apenas el 72,5%.
Esta situación a la vez que da cuenta una mejor estructuración del sistema educativo, a la vez, refleja el deterioro en los ingresos de los sectores medios que podrían haberse visto obligados a reducir sus gastos familiares. De cualquier forma, mientras que en 2010 el déficit de acceso a la escuela secundaria llegaba al 43,2% de los jóvenes, en 2022 se redujo hasta el 31,5%. En el nivel primario la evolución fue desde el 34,8% hasta el 26,8% mientras que a nivel inicial la evolución marcó desde el 9,2% hasta el 8,6%.
Con todo, el sistema educativo exhibe un fuerte déficit que se agrava en la medida en que el 92,5% de los niños y niñas no accede a jornada extendida, el 65,3% no cuenta con computación en su currícula, el 46,8% no recibe educación en lenguas extranjeras y el 24,3% carece de educación física, plástica o música. El déficti de respuesta del sistema educativo se incrementa, de nuevo, según el nivel de ingresos generando una reproducción de la brecha social. Es que, el acceso a la enseñanza de idiomas extranjeros afecta al 72,7% de los niños y niñas de ingresos muy bajos y a apenas el 13,7% de aquellos niños que viven en hogar con ingresos medio altos. Para la educación informática la carencia en los niveles muy bajos se eleva hasta el 86,7% y el 32,9% para los hogares con ingresos medio altos.
El trabajo infantil afecta al 14,8% de los niños y adolescentes. La evolución marca una reducción a escala de una década en la medida en que en 2010 llegaba hasta el 19,1% pero, sin embargo y de la mano del deterioro en las condiciones de vida, se observa un repunte desde 2017 a esta parte. Entonces se había reducido hasta el 12%.
Conclusiones
A la hora de definir la afectación de la pobreza en los niños y adolescentes tomada en forma multidimensional surge que el 61,3% sufre esa situación como resultado de la carencia de un derecho mientras que el 19,4% lo atraviesa de manera severa “comprometiendo el desarrollo del máximo potencial del niño/a”. A pesar de la evolución ascendente de la afectación de la pobreza medida por ingresos, en el caso de la medición multidimensional, se verifica a escala de una década una contracción del problema que en 2010 alcanzaba al 68,3% de los niños y adolescentes y marcaba un 29,4% superaba el umbral severo de las carencias.
