Los técnicos del INDEC que realizan los cálculos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las Canastas Alimentaria y Total (CBA y CBT) y que establecen los umbrales de la pobreza y de la indigencia, realizan desde el año 2012 un cálculo propio y alternativo.

Se trata de la Canasta de Consumos Mínimos que incluye bienes y servicios que son omitidos en los cálculos oficiales y, sin embargo, resultan indispensables para el disfrute básico de la vida para una familia trabajadora integrada por dos adultos y dos menores. Para el mes de junio de 2023 el relevamiento arroja que, una familia integrada por dos adultos mayores y dos hijos en edad escolar precisó $363.570 para afrontar el costo de esos bienes y servicios que, aclaran, consideran “mínimo” pero “no óptimo o deseable”.

Para construir esa canasta se  valen de los mismos criterios metodológicos que los que se utilizan en los estudios que se difunden oficialmente e incluso la misma base de datos que surge del relevamiento que realiza el organismo. La única diferencia es que amplían la cantidad de bienes a lo que consideran debería contemplar una canasta familiar. La junta interna de ATE del INDEC es la que difunde el estudio y, además, reclama al organismo la incorporación de mismo en el calendario oficial de publicaciones.

Un estudio similar realiza oficialmente la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires que considera un mayor número de hogares tipo considerando la posibilidad de que la familia sea o no propietaria de vivienda y por lo tanto se vea obligada a enfrentar el costo de un alquiler. Además, establece una estratificación particular de clases según los ingresos que obtenga la familia. Según el último estudio, en coincidencia con los resultados presentados por los técnicos del INDEC, para que una familia porteña sea considerada de “clase media” debió reunir ingresos superiores a los $363.666 y hasta los $1.163.732.

El estudio de los técnicos del INDEC tiene un propósito definido explícitamente que es el de ofrecer “un argumento para que nuestros paritarios exijan una urgente recomposición salarial, con un piso como el aquí expresado para todos los trabajadores. Debería ser también tenido en cuenta como parámetro para las jubilaciones, el seguro de desempleo y planes o programas de asistencia que brinda el gobierno”.

Es que, efectivamente, los $363.570 que surgen del relevamiento del mes de junio y que superan en un 56% el valor de la Canasta Básica Total (CBT), representan más de cuatro veces el valor del salario mínimo vital y móvil de $87.987 que definió el Consejo del Salario para ese mes.

A la vez, la misma canasta representó un 37% más que el salario promedio neto de los trabajadores registrados en el mes de abril, según el último dato disponible en el estudio que realiza el ministerio de Trabajo basado en datos de la AFIP que los situaba en $235.859.

Si se tomara la mediana del salario, indicador que da cuenta del valor en el que se divide la muestra del total de los salarios por la mitad, y que en términos netos se situó en abril en los $181.866 surge que sería necesario un aumento del 77% en los salarios para que sólo la mitad de los trabajadores registrados perciban haberes por encima de lo que indica esa Canasta de Consumos Mínimos.