Esta semana el gobierno comenzó una nueva batalla en la ofensiva contra los trabajadores estatales que lanzó apenas asumido, hace ya dos años. Los 165 despidos que anunciaron las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) son la primera tanda relativamente masiva de un total de 27 mil bajas a las que aspira realizar el gobierno nacional.

En el verano de 2015/2016, las cesantías en los organismos dependientes del Estado nacional llegaron a 11 mil, a los que hubo que sumar otros 40 mil despidos en provincias y municipios.

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Algunos meses después de aquella primera oleada, el Poder Ejecutivo encomendó al flamante Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, a lanzar una auditoría interna con el propósito de reducir el déficit estatal sobre la base de achicar la planta de trabajadores. El programa tomó el nombre de “plan de dotaciones óptimas” y descansa sobre la precariedad laboral que sufren los empleados públicos nacionales como parte de una política de Estado que se sostiene incólumne desde la gestión de Fernando de la Rúa. Como resultado del congelamiento de la planta permanente y las jubilaciones, la mayoría de los estatales tiene una relación de empleo basada en contratos anuales, lo que habilita al Estado a despedirlos sin indemnización.

Un adelanto de los resultados de la auditoría muestra la ruta de los despidos en todo el Estado, organismo por organismo. El resultado indica que de un total de 86 dependencias del Estado nacional, entre ministerios, organismos descentralizados, hospitales, centros culturales, etc., completaron su relevamiento 57, en las que trabajan bajo diversas modalidades contractuales 129.606 agentes. Los auditores sugieren desprenderse de 19.119 empleados, un 15 por ciento. Si se proyecta ese porcentaje al total de los organismos, incluyendo a los que aún  no completaron las auditorías, la cifra de despidos llegaría a 26.448 de un total de 176 mil. El plan incluye 3000 cesantías en PAMI y 2310 en ANSES.

Según fuentes gremiales, además de los 165 despidos del Enacom, ya se han notificado otros 65 en el Ministerio de Cultura, 20 en Acumar y seis en el Ministerio de Interior.

Según pudo saber Tiempo, en un plenario de secretarios generales de UPCN se informó a esa organización gremial que sobre fin de año se producirían 3000 despidos en el Estado Nacional, de los cuales 300 se ejecutarian sólo en el INTI.

El Enacom muestra que el gobierno, con dificultades para que avancen sus proyectos de ley de reforma laboral y previsional, ha optado por una política de tipo gradual, toda vez que las 165 notificaciones son apenas una parte de los 707 que tienen en carpeta para el organismo.

En los medios sindicales se estima que el gobierno usará los despidos para condicionar el debate sobre la productividad, previsto para los primeros días de enero y que implica la apertura del convenio estatal. Se trata de una política que, nuevamente, busca utilizar la precariedad de los trabajadores estatales para imponer un disciplinamiento a todos.«

La pelea contra la reforma vuelve al Congreso

Luego de las masivas marchas que se realizaron en las últimas dos semanas la pelea contra la reforma laboral podría confluir el día que se trate en el recinto del Senado.

Si bien todavía no hay fecha cierta el gobierno la incorporó en  las sesiones extraordinarias cuyo temario se publicará mañana en Boletín Oficial.

Así las cosas, y dependiendo de la actitud que tome el bloque del PJ del Senado, liderado por Miguen Ángel Pichetto, que reclamaba una posición unánime de la CGT para dar su aval pero que podría acceder en caso de que el triunvirato se apersone en la comisión, el proyecto de ley podría votarse el 20 o el 27 de diciembre. 

Los dos bloques que llenaron el  Congreso el 29 (moyanismo, la Corriente Federal de Trabajadores y las  dos CTA) y la Plaza de Mayo el 6 de diciembre (ATE, la Coordinadora Sindical y el triunvirato piquetero) ya coincidieron en movilizarse al Congreso para impedir el tratamiento de la reforma. 

Varios sindicatos como el del subte, el Sutna, la Conaduh,Aceiteros y los Sutebas opositores, entre otros, ya resolvieron paros y ceses de actividades. Las organizaciones sociales, además, evalúan realizar cortes a los accesos de la ciudad. Si el tratamiento se produce el 27, de todas maneras el 20 podría haber una movilización.