Por iniciativa de Sergio Massa, el Frente de Todos beneficiará a 1.267.000 trabajadores y jubilados con la reforma legislativa del Impuesto a las Ganancias. La medida eleva el Mínimo No Imponible (piso a partir del cual se comienza a tributar este impuesto) para eximir de su contribución a los trabajadores bajo relación de dependencia con salarios de hasta 150.000 pesos brutos mensuales. Se faculta además al Poder Ejecutivo para establecer deducciones sobre los salarios de entre $ 150.000 y $ 173.000 para ser alcanzados también por el beneficio, mientras que para quienes ganan por encima de $ 173.000 se mantienen las condiciones previas de aplicación del impuesto. Al mismo tiempo, se incrementa el porcentaje de jubilados que dejarán de pagar al elevar de 6 a 8 haberes mínimos el piso su tributación,  es decir $ 164.571.

La norma no modifica escalas ni alícuotas. El “nuevo piso” se actualizará anualmente mediante el RIPTE, como fuera reglamentado con la reforma del 2016. De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal para el Estado ascendería a unos  $ 47.569 millones de pesos.

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El consenso legislativo ha sido contundente. Como ejemplo, en la jornada de votación de la Cámara de Diputados Vanesa Siley del Frente de Todos  destacó la perspectiva de género del proyecto al incluir deducciones por gastos de guardería, los diputados Luciano Laspina de la Alianza Cambiemos y Jorge Sarghini de Consenso Federal celebraron  cualquier iniciativa que disponga una rebaja de impuestos para aliviar a la clase media, mientras que Juan Carlos Giordano del FIT manifestaba en igual dirección la importancia de apaciguar el peso del tributo sobre los trabajadores.

La nueva modificación del IG se produce en un contexto político y social diferente a la reforma que lo precedió en 2016, cuando Mauricio Macri habilitó la discusión parlamentaria de este gravamen, luego de su promesa de campaña en 2015 que aseguraba que ningún trabajador pagaría ganancias durante su gobierno. La resonancia pública y el abordaje político de este impuesto de carácter progresivo se encuentran ligados así a tres gestiones de gobierno, aunque las características de su tratamiento son disímiles.

En este sentido, no es factible comprender en toda su magnitud la relevancia que adquiere tanto para los sectores medios como para la dirigencia política y sindical la nueva reforma del IG sin prestar atención al conflicto sociopolítico que se consolidó durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en particular impulsado por los gremios de mayor fuerza confrontativa, que habían manifestado en varios casos sus diferencias con la gestión de la ex mandataria. La falta de actualización del Mínimo No Imponible, sumado al congelamiento de alícuotas y escalas en un contexto inflacionario que afectaba los salarios reales formaron parte de los principales reclamos sindicales por entonces.  A pesar de un importante trabajo de legisladores de las diversas fuerzas políticas en promover proyectos de reforma del gravamen, la posición de la ex presidenta fue refractaria a su tratamiento. Ello en gran medida por su perspectiva a favor de la herramienta tributaria de carácter redistributivo,   por la necesidad de las arcas públicas de contar con ese recurso que se distribuye entre nación y provincias, y por su relación cada vez más tensionaste con los dirigentes gremiales activos en el reclamo.

En su primer año de gobierno, Mauricio Macri dispuso una serie de medidas políticas que afectaron sustantivamente a los trabajadores, al tiempo que modificó el Mínimo No Imponible para aliviar el peso del impuesto entre los contribuyentes, y anuló el decreto 1242 que generó un ascenso en la masa de tributantes. Así, del 10,4% de la cuarta categoría que en 2014 pagaba el IG,  se pasó al 21% en 2017 y luego a un  25,6% en el 2020. Con esta última cifra, el actual gobierno recuperó entonces una demanda que permaneció latente desde aquella reforma del 2016 entre los gremios alcanzados por el impuesto, para que se incorporen nuevas deducciones y se revise aquél Mínimo No imponible que había quedado una vez más desajustado en un contexto de inflación  permanente.

La posibilidad de incrementar el consumo a través de la recuperación salarial de los sectores medios en un año electoral es un factor gravitante en los objetivos de esta  reforma. Al financiar el costo fiscal del proyecto vehiculizado por Massa, el Estado se priva así de recursos significativos para canalizarlos en políticas de asistencia a los sectores sociales más castigados por la pandemia. Más allá del reciente proyecto oficialista de aumentar las alícuotas de ganancias para las grandes empresas, la actual reforma acentúa el carácter regresivo de los tributos mientras permanece inalterable un gravamen como el IVA, cuya incidencia es mayor en los grupos de menor poder adquisitivo. Aun así, el debate por Ganancias amplió el elenco de legisladores oficialistas y algunos opositores que vienen insistiendo en la necesidad de una reforma tributaria progresiva e integral con mayor imposición sobre los altos ingresos  y “alivio fiscal” para sectores mayoritarios de la sociedad.