El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo un duro traspié del que ahora pretende reponerse desconociendo sus propios compromisos. Es que, los profesionales de la salud que trabajan como residentes en el sistema hospitalario público porteño y que incluyen médicos generalistas, cirujanos, kinesiólogos, psicólogos y trabajadores sociales, entre otras especialidades, denuncian que desde las autoridades del ministerio de Salud aún no han obtenido respuesta acerca de la conformación de la mesa de trabajo para elaborar una nueva ley con su participación tal como se comprometieron el 4 de diciembre pasado.

En ese mismo momento, y luego de siete jornadas consecutivas de paro y masivas movilizaciones, el gobierno firmó otro acta en la que se comprometía a impulsar y aprobar una ley en la Legislatura que dejara sin efecto la que habían aprobado poco más de una semana antes. Ese compromiso lo cumplieron, con una votación unánime, al día siguiente y en el marco de una imponente movilización de jóvenes trabajadores de la salud.

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Para el gobierno fue un traspié porque, en los hechos, la norma que se vieron obligados a derogar no hacía más que cristalizar y legalizar las condiciones en las que ya se desempeñan los cerca de 5 mil profesionales de la salud que, bajo la figura de residentes y concurrentes, sostienen gran parte de las guardias y la atención sanitaria y social en los 33 hospitales públicos porteños. De este modo, la norma consagraba jornadas de 64 horas semanales, el trabajo gratuito para los concurrentes y salarios por debajo de la línea de pobreza.

Los trabajadores interpretaron la aprobación del proyecto en forma express, con represión policial y sin la presencia de los legisladores de la oposición como una provocación que transformó un movimiento que promovían un centenar de residentes en un paro general con la participación unánime de los afectados y movilizaciones diarias de hasta 5 mil trabajadores de la salud. El estado de rebelión superó los márgenes de la avenida General Paz y dio pie a un movimiento de similares características entre los residentes de los hospitales de la provincia y aquellos dependientes de Nación.

Así las cosas, y ante el evidente error del cálculo del ejecutivo porteño que subestimó la capacidad de reacción de los trabajadores y, en definitiva, el nivel de precarización que sufren, los jóvenes vieron que se abría una oportunidad ya no de detener la ofensiva del gobierno sino de obtener realmente una carrera profesional que se ajuste a la normativa laboral vigente y que impida las jornadas de trabajo de hasta cien horas semanales y el trabajo gratuito.

Por eso, en la reunión en la que acordaron levantar las medidas de fuerza exigieron la conformación de una mesa de trabajo que el gobierno se comprometió a constituir con el propósito de elaborar una ley acorde. Pero además, mientras se prepara ese proyecto de ley, los residentes votaron en asamblea reclamar la aplicación ya mismo de tres puntos básicos: el pago de salario a los concurrentes, el respeto de la jornada laboral legal que supone un tope semanal de 48 horas (y el eventual pago de horas extras) y el reclamo de un salario igual a la canasta familiar, muy por encima de las remuneraciones que perciben actualmente y que los ubican por debajo de la Canasta Básica Total, que cubre poco más de la mitad de esa aspiración.

El lunes 16 de diciembre, ante la ausencia de una convocatoria oficial, los delegados presentaron en mesa de entradas del ministerio de Salud una nota reclamando al ministro Fernán Quirós la conformación de esa mesa de trabajo para tratar esos tres puntos y dar comienzo al proceso de normalización de su relación laboral. A más de una semana de dicha presentación no obtuvieron respuesta alguna y por ese motivo optaron por realizar una jornada de protesta y difusión en los hospitales para visibilizar lo que consideran un incumplimiento de la palabra empeñada por parte del ejecutivo encabezado por Horacio Rodríguez Larreta que se extendió por una veintena de hospitales y que pretende ser la antesala de una sucesión de actividades que, de no mediar una intervención del ejecutivo, culminará en una nueva movilización al poder político porteño.