Al cierre de esta columna, y según trascendidos reflejados en los medios, el gobierno se aprestaba a anunciar una serie de medidas económicas en el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional, y a la espera de la finalización de la quinta revisión, que permitiría el desembolso de fondos del organismo. Que las negociaciones estén aún abiertas no es en sí un problema, es más bien la demostración de que el gobierno negocia con firmeza para minimizar las condicionalidades típicas del FMI, que afectan la vida de la ciudadanía.

A mediados de la semana, el Fondo publicó su habitual Reporte del Sector Externo (2023) donde se analizan las cuentas externas de sus países miembro. En el apartado sobre la Argentina, el reporte señala que para reforzar la sostenibilidad externa, las posibles respuestas de política son “una consolidación fiscal favorable al crecimiento, combinada con una política monetaria restrictiva y un régimen cambiario simplificado”. Los objetivos de estas medidas son “moderar el crecimiento de la demanda doméstica”, “reforzar el balance comercial”, “recomponer las reservas internacionales”, entre los más importantes. Todas estas menciones son parte de un mismo discurso, un calco del informe del 2022, cuando no había indicios de la sequía que se avecinaría. De hecho, este informe no está directamente relacionado con las conversaciones que están llevándose a cabo en estos momentos entre el gobierno y el organismo para reformular las nuevas metas del acuerdo vigente.

Respecto de la mención a una devaluación, en el informe comentado simplemente se calcula, como ocurre todos los años, y para todos los países, un indicador de la supuesta brecha de competitividad. Es un enfoque absolutamente subjetivo que fue levantado por los medios de comunicación concentrados para ejercer presión por una depreciación del peso en nuestro país. Es más útil analizar la dinámica de lo que ha estado ocurriendo con el tipo de cambio real multilateral: en la actualidad, se encuentra en niveles superiores (es más competitivo) que en la etapa 2016-2017, momentos en que el valor del tipo de cambio estaba determinado por “el libre mercado” y antes de la crisis de deuda ocasionada por el sobreendeudamiento del macrismo y por sus políticas.

Actualmente el problema principal para las Reservas Internacionales es la sequía y el gobierno trata de evitar los impactos internos, sobre los precios y el nivel de actividad, que ocasionaría una devaluación que, además, no modificaría en lo esencial la competitividad. De no haber sido por la sequía, se habrían exportado en granos y oleaginosas unos U$S 25 mil millones más, y se contaría con un ingreso fiscal equivalente a unos U$S 6 mil millones por retenciones que no ingresaron.

Tal como vengo sosteniendo, no hay acuerdos buenos con el FMI, lo que hay que lograr es el menos malo posible. De ahí que el objetivo del gobierno, dentro de los estrechos márgenes que dispone, es conseguir un puente temporal, ya que en 2024 el contexto será seguramente otro: se revertirán los efectos de la sequía, con el impacto positivo que ello tendrá en términos de Reservas Internacionales y en recaudación por retenciones. A su vez empezará a despegar la producción en sectores como el energético y la minería, que contribuirán a mejorar la balanza comercial.

En el plano más político hay que decir que ninguna de las discusiones que se están dando en las revisiones con el FMI, para tratar que las condiciones del organismo sean lo menos nocivas, se darían bajo la gestión de un gobierno de carácter neoliberal. De hecho, la oposición hoy nos está diciendo, sin pruritos, que su política será la del ajuste monetario, fiscal y la devaluación. Lo mismo que hicieron a partir de diciembre de 2015, sólo que en aquella campaña no lo decían. En su momento la gestión de Macri no tuvo problemas en arreglar con los fondos buitre en “cinco minutos”, ni en golpear las puertas del FMI en 2018 para pedir un préstamo. Nada bueno puede esperarse de un retorno del neoliberalismo.

Dos proyectos de país

La cuestión de los modelos y de los dos proyectos de país sigue quedando más que clara en cada una de las discusiones. Uno de los candidatos de la principal fuerza opositora señaló que Aerolíneas Argentinas se tiene que “autofinanciar” en un año y que si ello no ocurre “no se le mandará plata”.

En los años en los que Aerolíneas estuvo privatizada se produjo un vaciamiento y una desinversión importantes. La empresa se desprendió de 28 aeronaves, y de los simuladores de vuelo que sirven para entrenar a las tripulaciones, entre otros recortes. También se cerraron oficinas comerciales y se vendieron los inmuebles en ciudades como Roma, París, Nueva York o Miami, se desarmaron talleres y se abandonaron rutas valiosas.

Cuando se habla de gestión, de gastos e inversiones, hay que tener en cuenta muchas otras cuestiones además del análisis típico de costo-beneficio neoliberal, incluyendo los beneficios indirectos en materia turística y de carga, de producción, de empleo y de desarrollo federal, contribuyendo a igualar las posibilidades de todos los habitantes del país.

En el acto por los 15 años desde su reestatización, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, señaló, respecto de quienes hablan de privatizar, que eso “ya lo hicieron y fue horrible, fue ruinoso para el país y para la conectividad argentina (…) porque hay lugares a los que si no llega Aerolíneas Argentinas no tienen vuelo”. Desde 2008 la empresa dio un giro de 180 grados en materia de rutas, de cantidad de pasajeros, de naves.

La cuestión de Aerolíneas no es una arista aislada: forma parte de un mismo modelo de ajuste, privatización y flexibilización laboral que se trata de reinstalar. Ya lo hicieron en los noventa y al país y a la ciudadanía les fue muy mal. Ya intentaron una virtual dolarización con la Convertibilidad y se terminó en una gran crisis. Ya ajustaron, privatizaron el sistema previsional y las empresas de energía, la de provisión de agua, y la aerolínea de bandera, entre otras tantas.

Lo que la oposición presenta cotidianamente como si fuera la novedad no es nada más que volver a un doloroso pasado. Aquel pasado en el que en cuatro años (de diciembre de 2015 a diciembre de 2019) tuvieron que cerrar 25.000 pymes y se incrementó el desempleo, entre muchas otras calamidades.

Hay que apelar efectivamente a la memoria, para que no resulte elegida una opción que va en contra de las mayorías y de la cual resultaría cada vez más difícil volver atrás. Se debe insistir en que lo que está en juego son dos proyectos de país. Hay un proyecto de país que incluye y uno que excluye. Hay un proyecto con un Estado activo y hay otro con un Estado ausente que deja todo en manos del mercado. Nada menos que eso es lo que está en discusión.