Gas, luz, agua. Esos son los tres frentes de batalla del tarifazo. Los primeros dos ya están en manos del Poder Judicial (ver aparte). El tercero comenzará la próxima semana o a más tardar la siguiente.
«Es muy difícil que le vayan a cortar el agua a un usuario. Por eso, la urgencia estaba primero en tratar la luz y el gas. Ahora, iremos por el agua», contó a Tiempo Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. «Estamos terminando de estudiar el tema. No queremos adelantar la estrategia por razones obvias», razonó y avisó: «En una semana, aproximadamente, Consumidores Libres hará las presentaciones pertinentes ante la Justicia.»
El acceso al agua corriente se encuentra dentro de la declaración de Derechos Humanos y por eso el Estado debe procurar que los precios de las facturas sean accesibles para cualquier ciudadano. Los aumentos impuestos por el gobierno nacional se promedian en un 300%, lo cual contradice ese espíritu. En ese sentido, Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, se quejó: «El gobierno no tiene noción de lo que es el derecho del consumidor. Lo único que le importa es cobrar cualquier barbaridad para hacer caja. Están provocando graves lesiones a los consumidores.»
Bassano explicó a Tiempo que la entidad que lidera trabaja en conjunto con «otras organizaciones, con las cuales estamos analizando el tema y, posiblemente, esta semana avancemos de la misma forma que lo hicimos con el gas y la luz».
Ambos especialistas en la defensa del consumidor coincidieron en no querer adelantar la estrategia judicial, pero sí contaron a este medio algunos aspectos esenciales y hasta mostraron algunas diferencias. «Hay una serie de irregularidades, sobre las cuales todavía no tenemos respuestas, y las estamos estudiando. Nosotros no hicimos presentaciones judiciales, pero sabemos que algunas ya están hechas y queremos ver cómo se resuelven antes de actuar», explicó Bassano, al tiempo que hizo hincapié en la conformación de la tarifa: «El tema es que el valor de la tarifa se hace sobre la propiedad y no sobre el gasto del consumidor. Y las que se hacen a través de mediciones, que son muy pocas, están mal hechas. Es una barbaridad lo que están haciendo porque el agua es un derecho humano.»
La fórmula que deriva en el número a pagar por el usuario es apenas menos compleja que la fórmula de la gaseosa más famosa. Según explican desde AySA, es la superficie cubierta de la unidad (metros cuadrados), aunque también se tiene en cuenta la superficie total del terreno de la edificación, dividido por diez. Se completa con un coeficiente adicional que describe la calidad del inmueble en cuestión y otro indicador zonal. Los cuatro componentes determinan un número en metros cuadrados, que se multiplica por la tasa general del servicio.
En el caso de los usuarios que cuentan con un medidor y que en definitiva pagan por lo que consumen (alrededor de 400 mil, de los cuales 300 mil son residenciales y el resto comercios, industrias o propiedades no residenciales), se aplica un cargo fijo, equivalente a la mitad de lo que paga un usuario sin medidor, y luego se incrementa según el consumo de metros cúbicos. «Estamos haciendo un estudio para modificar el régimen tarifario e ir a un esquema más racional, de un cargo fijo más un monto variable atado a los metros cúbicos, pero en la práctica seguirá siendo un esquema mixto porque no es posible técnicamente medir a todo el mundo», explicó el gerente de AySA, Martín Heinrich en una entrevista reciente.
Para Bassano, «además de que la cuenta es muy difícil de entender, los coeficientes son demasiado altos», advierte, y agrega un dato que puede ser importante de cara a las presentaciones judiciales a presentar: «Están violentando el derecho de propiedad privada», dijo sin dar mayores precisiones para no ‘spoilear’ la estrategia. Sin embargo, Polino lo ve desde otra perspectiva: «A la inmensa mayoría, se le cobra por la cantidad de metros cuadrados que tiene el lugar. Creo que ese sistema tiene la ventaja de que no hay que hacer un uso restrictivo; es decir, el usuario no está acorralado por la cantidad de metros cúbicos.»
Hasta el momento, en materia de agua corriente, existen dos amparos que obtuvieron el guiño de la justicia: el fallo del juez Carlos Dupont ante el amparo de Víctor Vallejos, un vecino de Lomas de Zamora (la sentencia sólo rige para ese usuario), y la resolución de la jueza Edith Rota a favor de la presentación de la intendente de La Matanza, Verónica Magario, que abarca a los tres servicios básicos en esa región. «
