Las negociaciones para el memorándum del acuerdo con el FMI se han empantanado alrededor del porcentaje de aumento de las tarifas energéticas y su correlato en la reducción de los subsidios que reciben las compañías con el propósito de avanzar en una reducción del déficit fiscal tal como lo reclama el organismo.

Ya cuando en los últimos días de enero se firmó el denominado entendimiento con el staff del FMI, ese punto había quedado irresuelto. El mismo día, mientras el ministro Martín Guzmán aseguraba que el plan del gobierno era sostener el aumento de tarifas pautado en un 20%, el comunicado del FMI señalaba la necesidad de profundizar esa actualización.

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Como es lógico, el diferendo por el ajuste en las tarifas energéticas lleva a poner en la mesa la discusión de los subsidios que reciben las empresas de transporte público de pasajeros.

Se trata de alrededor de $ 124 mil millones que, bajo diversas modalidades, se repartieron durante 2021. Un 78% de ese monto fue percibido por las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras que las compañías del interior del país recibieron el 22% restante. Los gobiernos provinciales, además, deberían aportar un 66% adicional que muchas veces queda sujeto a sus posibilidades de financiamiento.

El reclamo de las empresas de transporte urbano del interior agrupadas en la Federación Argentina del Transporte de Pasajeros (FATAP) por una equiparación de los subsidios, por un lado, y la presión del FMI para reducir el déficit fiscal, por el otro, explican la pretensión del gobierno nacional de transferir la administración de 32 líneas a la administración de la Ciudad de Buenos Aires que, en esas condiciones, debería asumir enteramente la carga de los subsidios o, en su defecto, habilitar una suba de la tarifa en un área en la que comparte recorridos con empresas radicadas de la provincia de Buenos Aires, generando un dislocamiento que podría incluso llevarlas a la quiebra.

Para intentar revertir este escenario, ya a fines del año pasado la FATAP consiguió que la comisión de presupuesto del Congreso elevara el monto de los subsidios destinados a las empresas del interior del país desde los $ 28 mil millones de 2021 hasta $ 46 mil millones para este año. Se trataba de una suba del 64% en términos nominales y de poco menos del 10% en términos reales si se tomaran los pronósticos de inflación del Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA.

Sin embargo, la votación negativa de la ley de leyes en el recinto llevó ese acuerdo a foja cero. Al igual que en el resto de la Administración Pública, formalmente quedó ratificado el Presupuesto 2021 con incrementos relativamente discrecionales y, a lo sumo, referenciados en la inflación interanual.

Desde la FATAP, José Luis Passegui explicó que, ante el nuevo escenario, y “a partir de un acuerdo salarial que a fin del año pasado equiparó los haberes de los trabajadores del transporte en todo el país, solicitamos al gobierno que se habilitaran las cuotas mensuales equivalentes a esa cifra, que reclamamos que fueran de $ 4000 millones.Mediante la Resolución 82/22 el Ministerio de Transporte dispuso el pago de tres cuotas de $ 3200 millones para enero, febrero y marzo. Sin embargo, a la fecha, incumplieron la resolución y no giraron el pago de ninguna de las cuotas y, por eso, decidimos tomar medidas de disminución de las frecuencias durante el fin de semana de Carnaval. Hay empresas que no cuentan con los fondos para garantizar el servicio. No pueden pagar el gasoil».

Además, alertó, «si desde Nación no ponen el subsidio, las jurisdicciones tampoco lo hacen. Nos deben $ 6400 millones y para algunas jurisdicciones todavía adeudan saldos de 2021”.

Se esperaba que en una nueva audiencia pautada para el viernes se destrabara el conflicto y se giraran los fondos, pero la cita se postergó para el próximo jueves 3 de marzo, sin compromisos de parte de la cartera de Transporte. La FATAP optó por sostener la medida de lockout que incluye la suspensión sin pago de haberes a los choferes afectados a los servicios. Si bien la medida se aplicará en cada jurisdicción en función de las posibilidades y evaluaciones de las empresas “para no perjudicar a los usuarios”, el referente de FATAP explicó que “son alrededor de 13 mil unidades con una afectación de tres trabajadores cada una, más de 30 mil empleados”.

Así las cosas, los primeros perjudicados por el diferendo latente en los subsidios al transporte serán los propios trabajadores.

Según la FATAP, los subsidios que reciben las empresas del AMBA equivalen a poco más de $ 1,1 millón de pesos mensuales por cada una de las 18 mil unidades activas, mientras que las 13 mil del interior perciben $ 450 mil cada una. La justeza del reclamo y su correlato en materia tarifaria debiera partir de una apertura de las cuentas y para evaluar los costos y rentabilidades de las empresas. La satisfacción del reclamo de equiparación planea un incremento de los subsidios para el interior del país superior al 150%. Las condiciones que busca imponer el FMI, sin embargo, parecen orientarse a una equiparación en sentido inverso.  

Por eso, a su turno, la crisis también podría llegar a los usuarios, también trabajadores, a través de una suba sensible de las tarifas y la consecuente pérdida del poder adquisitivo del salario. «