Aumentos y segmentación son las dos claves de la política del gobierno nacional sobre las tarifas de energía del año próximo para los consumos de los hogares. Tanto en la luz como en el gas se aplicará una primera suba en marzo, que luego será continuada con la aplicación de la segmentación tarifaria. Según las fuentes oficiales consultadas, la estructura tarifaria quedaría así: el universo de los beneficiarios de la tarifa social; el universo de los usuarios que reciben subsidios en distinta magnitud; y los usuarios sin subsidios.

Las tarifas para la industria y el comercio corren por otra vía. Las firmas grandes y medianas de ambos rubros pagan por la luz y el gas el precio real. Existen subsidios transversales, por ejemplo los destinados a las empresas electrointensivas sin importar su tamaño.

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Aval de Guzmán

El conjunto del plan cuenta con el aval del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien siguió las discusiones que mantuvieron la Secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez y se encuentra en su órbita, y los entes reguladores de electricidad (Enre) y gas (Enargas), detallaron a Tiempo fuentes con conocimiento del tema. “En el fondo de la cuestión, (el esquema) es muy similar al que ha planteado siempre (el ministro) Guzmán”, agregaron.

El ministro aseguró en una entrevista en el último otoño que los subsidios al consumo de energía eran “pro-rico”. Y en varias oportunidades se manifestó públicamente en favor de la segmentación de tarifas.

En el plan del gobierno, cada segmento tendrá sus particularidades. En el caso de la tarifa social, en el medio oficial no descartan que se amplíen sus horizontes, sea profundizando el beneficio en el universo actual o por la vía de la ampliación del universo de beneficiarios. El financiamiento de ese nuevo gasto provendría de la reducción general de subsidios, pero en esa ecuación la proporción final que se tome para la tarifa social no debería superar umbrales bajos.

Esto porque el sentido de la reducción de subsidios no es la redistribución de ese gasto en otros programas públicos destinados a auxiliar a la población más vulnerable. Se trata de un ajuste del gasto público, en este caso, de las transferencias al sector privado, para ir adecuando el déficit fiscal a los requerimientos del Fondo Monetario con vistas a un acuerdo que debería firmarse antes de la primera suba de tarifas de 2022.

A este segmento no se lo ubica por consumo sino por ingresos. Resulta que los consumos pueden estar determinados por las carencias: las familias vulnerables sin gas natural y que cuentan con instalación eléctrica tendrán una factura desmedida por este último servicio, similar a la de una familia de altos ingresos. En cambio, con los datos de la AUH y la tarjeta Alimentar se ha podido armar un mapa bastante completo de las familias que integran los 3 primeros deciles de las estadísticas socioeconómicas del Indec, es decir, las familias con menores ingresos, unos tres millones de hogares en total.

En el caso de los sectores con subsidios, unos cinco millones de hogares, se está todavía definiendo si se aplica un porcentaje igual en todos los segmentos de consumo (desde las categorías más bajas hasta las previas a las más altas) y poder adquisitivo (equivalentes a los deciles 4 a 8 de la segmentación del Indec). Actualmente no el mismo subsidio para todos los consumos, sino que se reduce a medida que éste crece.

El último universo de usuario hoy no existe: el de los usuarios residenciales sin subsidios. Se trata de unos dos millones de hogares que en los planes oficiales pasarían a pagar la tarifa plena. Se trata de un salto que en algunos casos duplicaría el valor de la factura.

El esquema de la segmentación podría sostenerse por mucho tiempo ya que será el esquema con el cual el gobierno negocia con el FMI la primera reducción del gasto público. Antes de su aplicación se implementará una suba a todos los usuarios de la luz y el gas. El gobierno hizo trascender que ese aumento será de “entre el 17% y el 20% para el 80% de los usuarios”.