Las empresas abastecedoras de productos de consumo masivo se preparan con optimismo para la recta final de la próxima etapa del programa +Precios Cuidados. La razón está en la decisión del gobierno, que deposita en ese lanzamiento buena parte de sus expectativas de contención de los precios para los próximos meses, al tiempo que estaría dispuesto a aprobar una lista más reducida y con incrementos cercanos a los pedidos de los proveedores.

El viernes pasado, las fábricas se retiraron de una reunión en el Ministerio de Economía con la promesa de que esta semana habrá novedades importantes para la continuidad del programa. La reunión estuvo encabezada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien acompañaron el secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

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Oficialmente se comunicó que los funcionarios repasaron el estado del cumplimiento del acuerdo con el FMI y la política cambiaria que lleva adelante el gobierno, dos temas clave que las compañías utilizan para presionar a la administración por la generación de un marco más favorable para hacer negocios.

En representación del sector privado estuvieron referentes de un grupo de firmas dominantes y, por lo tanto, con la mano más pesada para fijar los precios que después se pagan en las cajas de los comercios: Carlos Agote, CEO de Mastellone; Laura Barnator, gerenta general de Unilever; Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de La Plata; Adrián Kaufmann, gerente general de Comunicación Institucional y Asuntos Públicos del Grupo Arcor; Esteban Agost Carreño, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes Argentinos (Coca-Cola); Gonzalo Fagioli, vicepresidente y VP de Asuntos Corporativos, Legales y Compliance de Cervecería y Maltería Quilmes; y Gabriela Bardin, gerenta general de P&G.

Después de la entrevista, una empresa definió el cruce con las autoridades como «muy político», y agregó que Guzmán, Hang y Pesce «agradecieron el acompañamiento del sector privado y pidieron paciencia», pero también confirmaron la renovación del programa de control de precios.

Esto último también se dio por hecho en una reunión con el Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci), que encabezó el jueves el secretario nacional con sus pares de las provincias.

La incógnita es qué características tendrá finalmente esa «renovación» después del último tramo de la negociación que encuentra a las empresas bien posicionadas para moldear la letra final del acuerdo.

Cementeras

Esta semana también trascendió que las cementeras que operan en el país resolvieron adaptarse a la recomendación que les realizó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para que eviten intercambios de información sensible para la actividad bajo sospecha de cartelización y concentración.

El pedido de la comisión que depende de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación (Ministerio de Desarrollo Productivo) se desprende de una investigación realizada por el propio ente estatal sobre las condiciones de competencia en ese importante sector de la actividad industrial argentina y generó interés en una economía muy condicionada por el accionar de monopolios y oligopolios que fijan precios más altos y sobrecostos que después terminan afectando al poder adquisitivo.

Otros sectores en la mira por los incrementos son la industria alimenticia y otras igualmente relacionadas a la demanda minorista, como las fábricas de productos de limpieza y tocador, que integran la canasta de las familias argentinas.

La pregunta es si existe la decisión de extender ese tipo de análisis y recomendaciones a sectores más amplios de la economía que tienen incidencia en el bolsillo de los consumidores. En 2021, la CNDC manifestó su interés en estudiar conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante en las industrias abastecedoras de envases. Las prácticas que se pueden investigar en esos casos son la negativa deliberada a abastecer la demanda de bienes y servicios y las imposiciones de precios o condiciones comerciales inequitativas, entre otras. «