El 4 de mayo, extrabajadores y trabajadoras del Correo Argentino, Segba e YPF realizarán un mitin frente al Congreso nacional. «Queremos contar nuestra experiencia y necesidades, invitando a las y los legisladores a que se sumen a nuestra campaña», apuntaron.

Las personas que trabajaron en Empresa Nacional De Correos y Telégrafos (EnCoTel), Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) buscan un resarcimiento económico ante el incumplimiento del compromiso estatal, anunciado hace 30 años, de que recibirían una parte del capital de esas empresas en forma de un programa de propiedad participada (PPP), esquema del que quedaron excluidos porque fueron despedidos en el marco de las privatizaciones.

La movilización acompaña la presentación de tres proyectos de ley, uno para cada empresa. Los textos de Correo y de Segba reclaman la entrega de las acciones del PPP. En el caso de YPF, el proyecto prevé el resarcimiento laboral y jubilatorio de los cesanteados.

La diputada Romina del Plá (FITU – PO) expresó a Tiempo: «Presenté recientemente tres proyectos de ley impulsados y elaborados por los extrabajadores de EnCoTel, Segba e YPF. Buscamos reparar una injusticia histórica para miles de trabajadores que, con las privatizaciones de la década del 90, fueron cesanteados y nunca recibieron la parte que les correspondía».

La Comisión de Trabajo de la Cámara baja debería tomar estos proyectos. Sin embargo, no está conformada ni en Diputados ni en Senadores, en un Congreso que no sesiona.

«El mayor obstáculo que se presenta es la parálisis en la que se encuentra el Congreso, que ha sesionado una sola vez para votar el pacto del FMI. Al día de hoy, producto de la crisis política tanto del oficialismo como de la oposición, no se han conformado la mayoría de las comisiones, obstaculizando la posibilidad de que se traten estos y otros temas urgentes», explicó Del Plá.

Jorge Galati, extrabajador de Segba, planteó: «Estamos unidos con la gente de YPF y del Correo. Se va a unir a la movida del 4 mayo la gente de Telefónica y tal vez de Gas del Estado, a quienes queremos unir también a nuestra lucha. Estamos peleando todos juntos y queremos que se nos unan todos los trabajadores del Estado que fueron despedidos en las privatizaciones de los años 90».

En la cámara de Senadores, Silvina García Larraburu es la punta de lanza de las y los trabajadores de estas empresas. «Entendemos que puede ser más fácil que avance en el Senado porque son menos, pero es muy difícil si ni siquiera están armadas las comisiones», coincidió con Del Plá.

«Se subió la cantidad de dinero reclamado y se actualizó el monto a 80 mil dólares. La única ventaja que tenemos los trabajadores de Segba es que tenemos el certificado de tenencia de las acciones, mientras que a los del Correo nunca se las oficializaron», detalló Galati.

Los ex trabajadores de Segba tienen también un fallo con sentencia firme a favor. El reclamo administrativo comenzó en 1994. Luego de muchos años de cajoneos, luchas y avances, en junio de 2019 salió la sentencia firme.

«La Justicia le dijo al Ministerio de Economía que debe pagar, pero Economía quiere pagar a tasa pasiva. O sea, después de 30 años nos quieren dar 10 mil pesos. Nosotros peleamos por tasa activa», afirmó Galati.
Para José Luis Poverene, extrabajador de YPF, es un «resarcimiento histórico». «Las privatizaciones de los 90 generaron un flagelo social y económico terrible. Desmanteló la estructura productiva del Estado. Con la de YPF no solo hubo 30 mil despidos, sino que se tercerizaron un montón de servicios y muchas proveedoras de YPF también dejaron de trabajar y de generar empleo», analizó Poverene.

«En momentos de tanta necesidad, consideramos que las personas podemos juntarnos y hacer fuerza para obtener soluciones. Retomamos la campaña nacional analizando que así como hubo acuerdo para negociar la deuda externa, también debe haberlo para la deuda interna», comparó.

El próximo paso será en junio, con una audiencia pública también en el Congreso.

¿Para qué hicieron los PPP?

El gobierno de Carlos Menem intentó bajar el descontento con el Programa de Propiedad Participada (PPP), por el que los trabajadores recibirían el 10% de las nuevas empresas privadas que reemplazarían a las públicas. Sin embargo, los miles de despedidos en el proceso de privatizaciones nunca recibieron nada. En total, son 20 mil afectados del Correo y 16 mil de Segba. En el caso de YPF, la Ley 27.133 les otorgó un reconocimiento parcial.