El Senado dio luz verde para que el Ejecutivo avance en la refinanciación de la deuda inviable que dejó el gobierno de Mauricio Macri, y aunque ese compromiso no desaparecerá ni se resolverá, el acuerdo con el FMI permite despejar el horizonte financiero y económico por varios años para seguir fortaleciendo el crecimiento con inclusión.

Como vengo sosteniendo en mis intervenciones, es el menos malo de los escenarios posibles y no hay nada para festejar, pero nos permite contar con un camino a transitar. Las opiniones y las subjetividades son infinitas y siempre se podrá decir que se podría haber negociado de otra forma. Pero lo cierto es que hoy tenemos un acuerdo en el que no está mencionada la palabra «ajuste» (o consolidación). Más aun, hay un gobierno que no se compromete a quitar derechos a trabajadores/as y jubilados/as, y por el contrario tiene un programa con aumentos en el gasto real, principalmente en las inversiones en infraestructura y conocimiento que el país precisa, y en el gasto social, junto con un mejoramiento de la recaudación fiscal, con un sesgo más progresivo. Se trata de un acuerdo radicalmente diferente de todos los que históricamente tuvo el país con el FMI. Se logró poner por delante los intereses de la economía, gracias a una intensa negociación del gobierno. Nada de esto se podría haber conseguido con un arreglo en “cinco minutos”.

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También se logró instalar en el acuerdo que la inflación es un fenómeno multicausal, lo que habilita a que se puedan utilizar múltiples herramientas para abordarlo, entre ellas las políticas de precios.

Hay todo un plan, aunque muchos insistan en negarlo. Por ejemplo, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, enumeró diversas fuentes de financiamiento para reforzar el frente externo: principalmente, aumento de las exportaciones. Además, “les estamos diciendo a las empresas que busquen crédito en el sector privado porque después del acuerdo con el FMI seguramente lo van a conseguir. Eso mejorará también el perfil de nuestras reservas”, citó Pesce. También se estima un aumento importante del financiamiento de los organismos multilaterales de crédito y de la inversión extranjera directa, que crecería hasta U$S 2500 millones este año y seguiría recuperándose.

Enfrentar el incremento de los precios

El martes se conoció el dato de inflación del mes de febrero (4,7%), el mayor valor desde marzo del año pasado (4,8%). No deberíamos seguir teniendo estos índices de inflación, y mucho menos el 7,5% de alimentos y bebidas y un 4,9% en transporte en ese mismo mes, que es mucho más grave, porque es el consumo básico de los sectores de menos ingresos.

Este fuerte impacto sobre los sectores más desprotegidos de la población lo podemos ver en las subas de la Canasta Básica Alimentaria (por debajo de la cual un hogar es considerado indigente), que creció en febrero un 9%, y la Canasta Total (para establecer el nivel de pobreza), que se incrementó en un 6,6 por ciento.

No se puede permitir que se carguen en el mercado interno valores que paga un consumidor europeo, para dar un ejemplo. El problema es que hay sectores que no quieren resignar márgenes en un contexto de precios internacionales récord. Es una expresión más de la puja distributiva, que también se ve apuntalada por la gran concentración económica, que hace que los formadores de precios traten de imponer sus condiciones. Ante esta situación, el Estado no debe estar ausente.

Considero que es necesario actuar en las cadenas de valor, para saber qué aumentos son justificados y cuáles no, verificando cómo funcionaron los acuerdos que se firmaron, y aplicando los correctivos necesarios. Si el tambero se queja de que le pagan poco por la leche y el consumidor que va a la góndola se queja por el precio que paga por el sachet de leche, entonces deberíamos poder conocer todos los valores de la cadena, las intermediaciones, si todas son necesarias o no, y cuáles son los márgenes de ganancia en cada eslabón. Eso permitirá, por ejemplo, pensar herramientas para lograr que los productores tengan una compensación adecuada, porque son los que tienen que producir, pero con precios que los consumidores puedan pagar. Sin embargo, no resulta fácil. Para ilustrar, cuando el gobierno estableció que la televisión por cable o Internet eran servicios públicos esenciales, y que por ende esos precios tenían que estar regulados, presentaron un amparo y desactivaron la iniciativa del Ejecutivo. Y así con muchas otras medidas.

No obstante, el gobierno conserva poder regulador. Ante la decisión del consorcio que agrupa a frigoríficos exportadores de discontinuar la provisión de carne a los supermercados para mantener “Cortes Cuidados”, desde el gobierno respondieron: “Quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne”. Luego de la reunión, el consorcio cárnico decidió continuar con el programa.

La “guerra” contra la inflación

Cuando el presidente Alberto Fernández anunció que daría una “guerra contra la inflación”, varios opositores preguntaron: “¿una guerra contra quién?”. El presidente lo respondió claramente en su discurso del pasado viernes: “Nuestra batalla hoy es contra los especuladores. Contra los codiciosos. Contra quienes buscan aun en situaciones complejas sacar una renta extraordinaria”. Un adecuado enfoque.

También dejó en claro las dificultades que implica bajar los precios, en especial, pero no solo por ello, por la guerra en Ucrania.

¿Cuáles son los objetivos de estos planes? Fernández expresó: “Nuestro objetivo debe ser, por un lado, garantizar la provisión de insumos para que la cadena de abastecimiento se cumpla. Y, por otro, asegurar que los precios de los productos de consumo más relevantes sean accesibles para todas las familias argentinas”.

¿Cuáles son las líneas directrices de esta estrategia?

Una directriz es el diálogo, convocando “a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación”.

Por otro lado, ha dado indicaciones a sus ministras/os “para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias”. Más precisamente, se refirió a aplicar la Ley de Abastecimiento si ello es necesario.

Otra herramienta es la constitución de un fondo de estabilización para evitar el traslado de las subas del precio internacional al precio que pagan los/as argentinos/as.

En estas medidas no se agota el plan: desde el enfoque de la inflación multicausal, el presidente sostuvo: “Vamos a consolidar nuestras reservas del Banco Central. Vamos a promover la inversión y la producción nacional. Vamos a mejorar el financiamiento de las políticas públicas. Vamos a profundizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para contener los precios y mejorar los ingresos”.

Un tema poco mencionado y que me interesa resaltar: Fernández sostuvo que “necesitamos luchadores contra la especulación y la inflación en cada comercio, en cada mesa, en cada casa”. Una definición interesante, y que nos plantea continuar en la construcción de una fuerza política y popular, con participación plena de la ciudadanía, en esta “batalla” que debemos dar para revertir esta puja distributiva, que tal como está planteada no solo genera inflación, sino también pobreza y cada vez mayor desigualdad.  «