Los enviados argentinos al Fondo Monetario Internacional tienen agendadas reuniones para tratar los últimos detalles que finalizarán con la aprobación de las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas pactadas con ese organismo para el cierre de 2022. A la capital estadounidense viajaron el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores de esa cartera, Leonardo Madcur.

En líneas generales, el staff técnico del FMI ya recopiló durante las últimas dos semanas los números gruesos de esa revisión. Las autoridades argentinas señalaron que el déficit fiscal fue de 2,4% del PBI, una décima porcentual por debajo del tope comprometido; que también se cumplió la meta de emisión monetaria, ya que no hubo más asistencia del Banco Central desde agosto pasado; y que las reservas internacionales superaron el umbral fijado gracias a la reedición del Programa de Incremento Exportador, que en diciembre permitió embolsar unos U$S 3.000 millones extra por la exportación de soja y sus derivados.

En Washington, sin embargo, tomaron nota de que algunos aspectos mencionados en la revisión de las metas a septiembre del año pasado no han mejorado. Puntualmente en lo referido a la multiplicidad de los tipos de cambio. En aquella ocasión, los auditores del Fondo observaron que no sólo no hubo una tendencia hacia la unificación sino que en los últimos tiempos fueron apareciendo nuevas cotizaciones, como el dólar soja y el dólar Qatar. Por tal motivo, el gobierno solicitó (y el directorio concedió) un “waiver” o dispensa por no haber cumplido con los términos del acuerdo.

Pero las dudas también están planteadas hacia adelante, sobre la posibilidad de que el gobierno pueda cumplir o no con la meta de acumular U$S 4.800 millones en divisas durante el presente año. El Fondo impuso esa condición bajo el convencimiento de que es imprescindible dar una señal de fortaleza para evitar presiones en el mercado cambiario y mejorar el balance del Banco Central. Las últimas señales son adversas: en las tres semanas de febrero la entidad debió sacrificar U$S 903 millones. Para peor, los pronósticos sobre la exportación agrícola, que es la que mueve la aguja en materia de ingreso de billetes frescos, son decepcionantes: se estima que durante 2023 la sequía provocará una merma de entre 10 mil y 14 mil millones de dólares en ventas al exterior.

Al respecto, un reciente informe de la consultora Sarandí expresa las dificultades para cumplir con las metas consignadas y la posible necesidad de solicitar un nuevo “waiver” para que la obsesión por conseguir dólares no termine perjudicando al conjunto de la economía. “Negociar un waiver con el organismo podría evitar un incumplimiento traumático, sin resignar puntos de crecimiento. La razón objetiva para validar un corrimiento del target de reservas es evidente: un shock exógeno imprevisible y mensurable, como es la sequía”, señala el trabajo. “Hoy los principales ingresos en el MULC (mercado oficial) se dan a partir de créditos de organismos multilaterales que financian proyectos para el desarrollo”, se agrega.

Para los analistas de Sarandí, “proyectando escenarios contingentes sobre la evolución comercial, la dinámica de capitales financieros y los préstamos de multilaterales, estimamos un gap de alrededor de U$S 4.500 millones para este año. Si el programa en dólares no cierra, el riesgo es que se desanclen las expectativas y se exprese en un nuevo aumento de las cotizaciones paralelas de dólar. Las alternativas para salir del laberinto son dos: resignarse a un menor nivel de producción que ralentice la demanda de insumos y bienes intermedios importados, o empezar a allanar el terreno para una revisión de la pauta de acumulación de reservas”.

El ministro Sergio Massa ya deslizó que el Fondo no puede permanecer insensible ante semejante evento meteorológico (la sequía es considerada la peor de los últimos 60 años) que altera todos los cálculos previos. Claro que para lograr una contemplación de ese tipo la gestión, más que técnica, deberá ser política.