A partir de agosto de 2023 y hasta 2029, vencen las concesiones de 17 centrales hidroeléctricas. La década menemista privatizó este modelo de generación de energía y otorgó la administración por plazos de treinta años.
A pocos meses de finalizar los primeros contratos, el debate energético retoma centralidad y la discusión sobre los dueños de la hidroenergía en Argentina será clave para resolver si el Estado debe controlar la generación eléctrica o, cómo entienden desde la cercanía del senador Oscar Parrilli, se mantendrá «el mercado de lobbies».
El senador, voz cantante del kirchnerismo en la Cámara alta, presentó un proyecto de ley para que la empresa pública Integración Energética Argentina (IEASA) administre siete centrales hidroeléctricas, en asociación con las provincias titulares del recurso y con la participación del sector privado. La iniciativa obtuvo el acompañamiento de los legisladores Silvia Sapag, de Neuquén, Martín Doñate y Silvina García Larraburu, de Río Negro, y Carlos Linares, de Chubut.
El proyecto propone como puntapié que la empresa que preside Agustín Gerez «pudiera retener el 51% del total del dominio para simplificar y agilizar la operatoria», aunque no es un requisito incluido taxativamente «para facilitar negociaciones y acuerdos con el sector privado y las provincias». «El apuro de Oscar tiene que ver con que la Secretaría de Energía no avanzó más que con una comisión sobre el tema», le cuenta a Tiempo una fuente parlamentaria. En marzo de este año creó un equipo en conjunto con el ENRE y CAMMESA para analizar las concesiones, sin más novedades.
Para Alejandra Alderete, economista e integrante de Misión Productiva, el tema «resulta sumamente importante para la gestión actual» porque prácticamente el 20% de la energía del mercado eléctrico mayorista es a partir de generación hidroeléctrica. En realidad, hasta 1994, la participación de la hidroenergía en la matriz energética era considerablemente mayor, del 43%.
Sucedió que las centrales hidroeléctricas entraron en fase privatizadora a partir de 1993 y un conjunto de políticas desacertadas –primero de la dictadura del 76 y luego de la primavera alfonsinista– llevaron a las empresas del Estado a una crisis de gestión. El déficit desembocó en las manos del sector privado. Hasta aquel entonces, la gestión del sector energético era mayoritariamente de carácter estatal e integral, porque las empresas del Estado concentraban los distintos segmentos de la cadena productiva. Así, los mayores exponentes hasta el ciclo menemista eran Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, Hidronor e YPF.
Vencimientos
A partir de agosto del año entrante, comienzan a vencer las concesiones firmadas entre 1993 y 1997. Solo en 2023 están involucradas las siguientes centrales: Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila, ubicadas en Neuquén y Río Negro y con una potencia que oscila entre los 1040 y 1400 MW. Se suman las neuquinas Pichi Picún Leufú, Planicie Banderita y Futaleufú (chubutense). La potencia instalada va entre los 261 y los 486 MW. Los vencimientos de otras hidroeléctricas continuarán hasta 2029.
El 94% de la potencia hidroeléctrica del país está en juego. «La decisión que se tome en 2023 marcará el rumbo para los próximos vencimientos», asegura Paloma Varona, también economista e integrante de Misión Productiva. A su vez, la discusión de las represas «cobra importancia a nivel provincial por el uso de los recursos hídricos para la provisión de agua para las ciudades y los sistemas de riego, un tema no menor frente a un escenario de cambio climático y con provincias como Mendoza con frecuentes crisis hídricas», explica la especialista.
Entre los concesionarios, aparecen nombres y apellidos de peso político y económico en varias esferas productivas del país. Por ejemplo, AES Corporation mantiene la concesión de Alicurá. Se trata de una empresa global integrante del Forbes 500, la lista de las empresas más grandes del mundo.
Central Puerto SA controla Piedra del Águila. De gran relevancia en el rubro termoeléctrico, se trata de un holding de capitales locales cuya cartera está compuesta por accionistas como Nicolás Caputo, Carlos Miguens Bemberg, Guillermo Reca, la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre.
La participación de la italiana ENEL, en El Chocón y Arroyito, también es importante. La semana cobró protagonismo por haber anunciado que venderá sus activos en la Argentina, que incluye la concesión de la distribuidora Edesur y la concesión de El Chocón. «No lo van a hacer, advierten solo en este contexto de renegociación por finalización del contrato», estima una fuente en off cercana al Gobierno. Por su parte, Pichi Picún Leufú le pertenece a Pampa Energía, la energética direccionada por Marcelo Midlin.
En cuanto a las regalías, explica Verona que, si bien las privadas se llevan los beneficios correspondiente a la venta de energía al Mercado Eléctrico Mayorista, «cada provincia goza de un porcentaje mensual en forma de regalías de acuerdo al valor vendido». «
Las provincias están atentas
Como los ríos Limay, Paraná y Uruguay son la fuente principal de generación hidráulica, entre Neuquén y Misiones se concentra el 68% de la potencia instalada hidráulica del país. Por eso, mantienen especial atención los gobernadores de ambas provincias, Omar Gutierrez y Oscar Herrera Ahuad respectivamente.
«Es por esto que está en tensión la posibilidad de que el Estado le otorgue la potestad de gestión a cada provincia, por ejemplo Neuquén y Río Negro piden tomar parte de la administración, operación, mantenimiento y explotación comercial sustentándose de la potestad sobre el recurso que se les brindó en 1994, aunque para que este cambio sea posible se necesitará una ley nacional», detalla la economista Paloma Varona.
Sobre la posibilidad de incorporar empresarios locales a la participación de la administración, desde el entorno de Parrilli estiman que «seguro habrá interesados» porque «no hace falta ser una multinacional para participar del sector».
Apuntan contra las represas por el impacto social y ambiental
El debate sobre el uso y ampliación de las centrales hidroeléctricas también tiene sus detractores. Según el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de Misiones, las grandes represas hidroeléctricas “provocan severos impactos ambientales, sanitarios y sociales”.
De acuerdo a un informe especial que realizó el espacio, las enormes extensiones de tierra que toda represa inunda, “provoca(n) destrucción de recursos naturales y desplazamientos forzosos de poblaciones enteras”. Rescatan que el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), en Brasil, denunció que existen más de un millón de pobladores desplazados por represas. Mientras que en Argentina, “la cantidad de desalojos forzosos provocados por la mega represa hidroeléctrica Yacyretá alcanzó las 80 mil familias en las márgenes de la provincia de Misiones y la localidad paraguaya de Encarnación”, advierten.
