Tras una denuncia realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes, la semana pasada, confirmó la resolución que ordenó de manera cautelar la clausura del área donde se cumplen las sanciones y del pabellón de admisión de la unidad carcelaria 54 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Este organismo constató el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas en esos sectores del penal. Sin embargo, el incidente de habeas corpus colectivo había sido apelado por la Dirección de Política y Gestión Penitenciaria de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Fue lo que retrasó el esclarecimiento del hecho investigado.
Sobre el habeas corpus presentado
“Nosotros habíamos presentado un habeas corpus colectivo en favor de las personas alojadas en este penal ante la titular del Juzgado Correccional N° 5 departamental Sandra Martucci, quien dispuso cautelarmente la inmediata clausura del área de separación de convivencia y del pabellón de admisión de la unidad”, recordó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Siguió reconstruyendo que también solicitaron,” que se realicen las reubicaciones de alojamiento a la brevedad posible, entre otras medidas que pedimos en aquel momento”.
“Cuando expusimos ante la Justicia, mostramos que estos pabellones presentaban un estado edilicio deplorable”, aseguró el secretario ejecutivo. Continuó apuntando que las ventanas “no tenían vidrios, había personas detenidas expuestas a condiciones climáticas perjudiciales para la salud, instalaciones eléctricas muy precarias, demasiada humedad e incluso algunas celdas estaban inundadas cuando hicimos la inspección en el lugar”.
El requerimiento de la jueza
“Ante esto, la jueza Sandra Martucci requirió un informe completo de peritos arquitectos de la Asesoría Pericial de La Plata, que se presentaron en el penal, los profesionales coincidieron en que los pabellones denunciados no contaban con las condiciones mínimas de habitabilidad”, enfatizó el abogado. También aseguraron que en esas condiciones “ninguna persona podía permanecer en el lugar, ni siquiera un momento”, remarcó.
“Tras los graves resultados que arrojó el estudio pericial que realizaron, la magistrada declaró la inmediata clausura cautelar de los pabellones de separación del área de convivencia (sac) y del pabellón de admisión”, contó el secretario ejecutivo. En sus argumentos expuso que lo hizo para evitar posibles “situaciones de riesgo que pongan en peligro la vida de las personas que permanecían allí cautivas, también mandó a que se realicen las obras necesarias para que el lugar quede en condiciones de ser habitado”, agregó.
“Sin embargo, desde el Estado provincial no colaboraron ante la terrible vulneración de los derechos de las personas detenidas, todo lo contrario, apelaron y fundamentaron diciendo que la pericia que hicieron los arquitectos en el penal no había sido notificada”, se quejó el letrado. Además, consideraron “que la decisión de la jueza les resultaba arbitraria e irrazonable, dado que la magistrada había sobrepasado los límites de su competencia legal”.
Anexo de Mujeres
“Esto que menciono en muy grave, porque en lugar de resolver las cuestiones que afectaban a las personas bajo custodia estatal intentaron ocultarlas y desmentirlas ante la Justicia, siendo que ellos son quienes tendrían que garantizar sus derechos”, denunció el secretario ejecutivo. También recordó que un mes antes a este episodio, “con los mismos argumentos, lo había hecho con otros sectores que ya fueron clausurados por las pésimas condiciones en las que se encontraban, pero había sido en el Anexo de Mujeres de ese mismo penal”.
Fue por todo esto que los jueces Pablo Barbieri y Alejandro Cascio, de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes, decidieron rechazar el recurso de apelación interpuesto y consideraron que la jueza actuó dentro del ámbito de sus facultades y dispuso medidas para resolver el problema.
“Nosotros llegamos al lugar porque recibimos una denuncia sobre que las personas detenidas en el pabellón tres de esa unidad habían sido víctimas de una brutal represión”, repasó el secretario ejecutivo. Finalizó denunciado que en ese momento se encontraron “que las personas detenidas padecían una situación de aislamiento extremo como castigo, también constatamos que la gran mayoría estaban lastimadas y no habían recibido asistencia médica tras lo ocurrido”.
