El negocio cierra por todos lados. Pone a disposición de los grandes desarrolladores inmobiliarios 12 codiciadas hectáreas a sólo diez minutos del centro porteño, y de paso archiva un faraónico proyecto anunciado por el gobierno anterior. Subsisten, sin embargo, varios obstáculos para que Cambiemos pueda concretar una nueva privatización de terrenos públicos, como pretende hacer con la Isla Demarchi.

El decreto 153/17 firmado por el presidente Mauricio Macri establece que esta isla junto a la Dársena Sur, frente al barrio de La Boca, donde funcionan la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables y la Escuela Naval Fluvial, será destinada, sin mayores precisiones, a crear un “Polo de Desarrollo Urbano”, una suerte de expansión de Puerto Madero hasta la ribera del Riachuelo, que “se realizará principalmente a través de la inversión privada”.

El mandatario, explican desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), no tiene facultades para decidir esta enajenación del patrimonio público. “El Congreso Nacional es el único con competencia para vender y disponer de tierras nacionales”, indicó en un comunicado la ONG, que denunciará penalmente a Macri. De hecho, y en la línea con esta iniciativa, “el nuevo Código Urbanístico que plantea el PRO para la Ciudad –agrega el informe de ODC– autoriza la construcción de torres a lo largo de esa ribera”.

En el mismo movimiento, Macri también extendió el certificado de defunción de un también polémico proyecto, anunciado en agosto de 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que preveía la construcción de un Polo Audiovisual en la Isla Demarchi.

Celebrado por artistas y productores alineados con el kirchnerismo, presentaba muchos cabos sueltos –ambientales, fácticos–, pero fue criticado sobre todo por su desmesura, simbolizada en la maqueta de esa fabulosa torre con forma de tobogán vidriado que se construiría allí y que tendría 67 pisos.

Más allá de las características concretas y simbólicas que contraponían aquel proyecto con el actual –infraestructura destinada a fomentar una industria cultural y crear fuentes de trabajo versus construcción de torres de lujo–, la iniciativa inmobiliaria del gobierno nacional se topa en este caso con un importante conflicto (que ya había desatado Cristina): la negativa de los sindicatos portuarios. 1500 trabajadores desempeñan tareas en la isla y nada dice el decreto presidencial sobre su estabilidad laboral.

Uno de esos gremios es la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), cuyo secretario general es Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato de la CGT que hoy mismo le pondrá al primer paro general contra la política económica de Cambiemos, la fecha que le reclaman las bases.

Dispuesta ya la ampliación de Puerto Madero hacia el norte, a partir de los proyectos urbanísticos anunciados en los valiosos terrenos del Empalme Norte, también conocidos como Catalinas 2, con Demarchi se pretende cimentar los negocios inmobiliarios de cara al sur. De acuerdo a un relevamiento de ODC, la andanada privatista desatada por las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta ya enajenó, en nueve años, unas 300 hectáreas de tierras públicas.