El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones que velan por el patrimonio cultural e histórico porteño volvieron a confrontar. El escenario de esta nueva pelea es la calle Defensa, que ya había estado en la palestra hace unos años atrás cuando la comunidad organizada de la región logró frenar una serie de obras en el lugar. Decidido, el macrismo ahora avanza a pesar de la existencia de convenios judiciales que habían frenado los trabajos.
“Desconociendo el propio compromiso que asumió oportunamente frente a la Justicia de la Ciudad, el GCBA ha vuelto a la carga en la calle Defensa, con obras que destruyen el patrimonio histórico y alteran la fisonomía de uno de los pocos rincones que conservan el recuerdo de la Buenos Aires colonial”, explicaron desde la ONG Basta de Demoler en un comunicado.
Según se aclara, el convenio había sido firmado con la mencionada ONG a partir de un amparo judicial que data de 2008, cuando la gestión de Mauricio Macri intentó hacer estas mismas obras que hoy vuelven a ser cuestionadas. En ese entonces, el acuerdo “fue homologado por el juez de la causa y por el cual (el gobierno porteño) se comprometió a restablecer la morfología y materiales (adoquines, cordones de granito, calzada y aceras no niveladas) preexistentes en tal lugar”, recordó la asociación de vecinos en alusión a los trabajos planteados para la calle Defensa entre Moreno y Alsina.
Por todo esto, la ONG pidió que se reabra el expediente y que la justicia dicte una nueva medida cautelar para que se detengan las obras, por lo menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo: es que tras idas y vueltas, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributaria de la Ciudad “irrazonablemente pretende que iniciemos una acción independiente con idéntico objeto”, por lo que esto fue “aprovechado para reanudar la obra a toda velocidad, con vistas a enfrentar a los jueces al hecho consumado de la terminación de aquella”, indicaron.
“Basta de Demoler considera la sentencia ostensiblemente arbitraria y carente de sustento jurídico y por tal razón ha interpuesto contra ella recurso de inconstitucionalidad y de queja en subsidio a fin de que sea el Superior Tribunal de Justicia resuelva al respecto”, puntualizaron en el comunicado.
La cuestionada obra
Los trabajos iniciados en abril de este año “se apartan de lo acordado judicialmente por el GCBA e introduce la nivelación de la calzada y las aceras, con el consecuente reemplazo de adoquines con diferentes disposiciones y la introducción de elementos extraños como ¨bolardos¨ y rejillas de desagüe en un entorno de altísima significación histórica como el constituido por la proximidad de la Iglesia de San Francisco, la residencia de Josefa Ezcurra y los Altos de Elorriaga, una de las pocas casas que aún se conservan en esquina sin ochava en la ciudad de Buenos Aires y cuya vereda angosta es característica”.
