La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció la represión, torturas y vejámenes que padecieron las personas detenidas en la comisaría 3ª de Pergamino. Este diario entrevistó al secretario ejecutivo del organismo, quien contó los detalles de este terrible hecho de violencia institucional y graves violaciones a los Derechos Humanos.

Los detenidos fueron atacados y brutalmente golpeados por miembros del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), policía Motorizada  y de la propia comisaría.

Además la violencia se prolongó durante todo el día del pasado 29 de agosto, “les rompieron todas sus pertenencias, los amenazaron de abusar sexualmente de ellos, al menos tres declararon así, también sufrieron tortura con picana eléctrica”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Siguió describiendo que los detenidos “fueron desnudados por completo y tirados en el piso de un patio al aire libre con muy baja temperatura”.

“Nosotros nos presentamos como particular damnificado institucional en la causa que investiga estos gravísimos hechos, solicitamos y gestionamos las pericias urgentes para poder probar todos los delitos denunciados”, reconstruyó el letrado. Aseguró que también “acompañamos a las víctimas, sus familiares y los ayudaremos a buscar lugares de alojamiento en los que se respeten sus derechos”.

Sobre las denuncias por golpizas

Cuando sucedieron los hechos los familiares de las víctimas se comunicaron con la CPM, el organismo hizo la denuncia ante la Fiscalía General de Pergamino, a cargo de Mario Gómez, quien dio intervención a la Unidad Fiscal N° 2 -en turno en ese momento- que dirige Francisco Furnari.

Desde el organismo provincial enviaron un equipo de inspecciones al lugar. Allí se tomaron testimonios en entrevistas privadas y confidenciales con las personas detenidas. “Recibimos relatos de torturas con pasaje de corriente eléctrica, entre otros graves relatos  de hechos de violencia física y psicológica”, denunció el secretario ejecutivo. Además, también observaron que los allí cautivos “permanecían en condiciones de detención agravadas”.

“Entrevistamos a los detenidos que estaban más golpeados y habían sido trasladados a las cárceles de Junín y San Nicolás”, apuntó el abogado. También señaló que algunos de ellos “todavía no les habían hecho las pericias correspondientes”.

Los traslados fantasmas

“Tras el conflicto que hubo en los calabozos, alrededor de cincuenta efectivos encapuchados y con escopetas trasladaron en forma muy violenta a las personas detenidas hacia el patio de la dependencia”, reconstruyó el letrado. Aseguró que allí, “mediante golpes e insultos, los obligaron a desnudarse y a permanecer en el piso frío, apoyados sobre los codos con las manos atrás de la nuca durante una hora”.

“Para regresar a las celdas los hicieron formar fila y pasar por un pasillo donde les propinaron  golpes de puño y patadas en el cuerpo”, aseveró el abogado. Ese traslado del patio a los calabozos “se repitió varias veces durante la tarde bajo distintas modalidades de tortura”.

“Todos los detenidos recibieron golpes en tobillos, costillas y pies, pisotones con las botas sobre sus espaldas”, denunció. Además, separaron a personas “específicas del grupo que tenían cautivo y los torturaron con elementos, como ser, látigos y pase de corriente eléctrica sobre los cuerpos desnudos”.

Brutalidad policial

“Los policías que ingresaron a las celdas les rompieron todas las pertenencias, tiraron la comida y elementos de higiene e incluso robaron calzados de los detenidos”, detalló el secretario ejecutivo. Las víctimas dijeron que “en ese episodio los miembros de la fuerza de seguridad les plantaron facas en el interior de los calabozos”, agregó.

Es por todo ello que desde la Comisión dieron intervención al Ministerio de Seguridad bonaerense, a la Auditoría de Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Políticas Penitenciarias y Violencia Institucional del MPBA y a la Defensoría de Ejecución del Departamento Judicial de Pergamino.

Lo hizo para que tomen las medidas que correspondan ante los terribles hechos acontecidos en manos de miembros de la fuerza de seguridad. En ese sentido, entre otras medidas el organismo también solicitó, que se realicen investigaciones sumariales, la intervención de la comisaría y que se desafecte al personal involucrado en tan aberrante episodio.

Sobre el conflicto

Todo sucedió el pasado 29 de agosto, comenzó a raíz de un conflicto entre las personas alojadas en la comisaría 3ª de Pergamino. Entonces los efectivos de esta dependencia convocaron a los del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la policía Motorizada para “poner orden en los calabozos”.

Esta ciudad ya fue escenario de una de las violaciones a los Derechos Humanos más graves sucedidas en democracia. Ocurrió el 2 de marzo de 2017, siete jóvenes detenidos bajo prisión preventiva por delitos menores, murieron en un incendio producido en los calabozos de la comisaría 1ª de Pergamino. Esta misma dependencia había funcionado como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.