La desigualdad estructural entre las comunas del norte y el sur de la Ciudad se reproduce en las dificultades para obtener el certificado y recibir tratamientos y terapias de rehabilitación.
De acuerdo a un detallado apartado sobre discapacidad en la Ciudad realizado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña a partir de la Encuesta Nacional de Hogares 2018, el porcentaje de hogares con personas con alguna discapacidad, que es del 13,4% en las comunas del Norte (2, 13 y 14), crece significativamente hasta el 20,1% en las del sur (4, 8, 9 y 10), y llega al 22,8% si sólo se toma en cuenta la población de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios.
En ese contexto –seguramente profundizado por los recortes de pensiones que implementó la gestión macrista a nivel nacional– seis de cada diez porteños con discapacidad (el 59,5%) no tienen certificado vigente. Ahora bien, el 79,9% de quienes no acceden a beneficio vive fuera de las comunas 2,13 y 14, las del norte próspero de la Ciudad. El cuadro de situación empeora si se tiene en cuenta que en los barrios del sur, la dependencia exclusiva del sistema público de salud en la atención a personas con discapacidad asciende al 29,7%, duplicando la tasa general de la Ciudad (15,2 por ciento).
«Estos datos repiten el cuadro general de desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, dividida en un eje norte-sur en el acceso a la educación y la salud, el empleo y la vivienda, pero en la población con discapacidad esto se agrava, porque necesitan tratamientos específicos, más apoyos, y entonces el acceso a prestaciones de salud o a vacantes escolares resulta aun más difícil», explica Andrea Grassia, miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y de la Biblioteca Argentina para Ciegos.
Un dato incluso más preocupante da cuenta de la escasa vocación territorial del Estado porteño a la hora de salir a buscar a las poblaciones vulnerables que lo necesitan, e informarlas sobre sus derechos: el 22,5% de las personas con discapacidad que no tienen certificado no sabe cómo tramitarlo o dicen que «es complicado». En 2011, eran el 15,3 por ciento. Respecto de la utilidad del certificado, la encuesta revela que el 70,8% lo usa para subsidiar sus necesidades de transporte; el 56%, para la cobertura de prestaciones de salud y medicamentos; el 21,4%, para acceder a la tarifa social en servicios y ABL; y el 14,1%, para adquirir elementos ortopédicos.
«No existe una campaña que explique cómo tramitarlo –dice Grassia–. Yo estoy esperanzada con el cambio de gestión a nivel nacional. Queremos tener más presencia como colectivo en los discursos. Pero casi no hay campañas masivas sobre discapacidad. Y en la Ciudad, la publicidad oficial te muestra cómo levantar la caca de tu perro, pero no cómo obtener un certificado de discapacidad».
Según la encuesta, el 12,3% de las personas con discapacidad que necesitan acceder a tratamientos, estimulación o rehabilitación, no los recibe. De este grupo, al 22% no se lo cubren, el 18,6% no sabe que tiene ese derecho y el 14,5% cobra un beneficio que le resulta insuficiente para acceder a la prestación de salud adecuada a su discapacidad.
«Todo es aun más difícil para las mujeres. Un solo ejemplo: para las mujeres con discapacidad que tienen que hacerse chequeos ginecológicos, hay un solo hospital en la Ciudad con camillas regulables. Y si no, alguien tiene que levantarla. Entonces, muchas no van a los controles porque tienen que exponerse a eso», describe Andrea Grassia, de REDI. En efecto, más de la mitad (54,8%) de las porteñas con discapacidad no se había realizado controles médicos generales en el último año, de acuerdo a la encuesta de 2018.
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