La denuncia del gobierno de San Luis por la falta de envíos del gobierno nacional de medicamentos para pacientes con VIH volvió a poner en evidencia una política sistemática de retrasos y faltantes de remedios que caracteriza a la gestión en Salud de Cambiemos. En efecto, en todos los distritos y hasta fines de febrero, Nación no entregará antivirales en hospitales públicos y deberán ser las provincias las que coordinen la compra y entrega de los medicamentos con los laboratorios «hasta tanto se regularice la situación», como dice en un comunicado que recibieron las carteras sanitarias provinciales, firmado por Sergio Maulen, director del área de Sida del Ministerio de Salud.

La apuntada por el faltante vuelve a ser la subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Cecilia Loccisano, la esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca (h), quien maneja las órdenes de compra y opera, como ocurrió con el Pan Remediar, un profundo proceso de ajuste en la provisión de medicamentos gratuitos. 

«Una demora», fue el justificativo de la cartera sanitaria al gobierno puntano por la no llegada de una partida de tres retrovirales de alto costo destinados a pacientes que no tienen posibilidad de comprarlos y que no pueden interrumpir sus tratamientos. Se trata de las drogas efavirenz 600 miligramos, darunavir 600 miligramos y zidovudina. Desde la administración central admitieron que durante febrero no tendrán sotck para enviar.

Minutos después de conocerse la noticia, Fundación Huésped emitió un comunicado en el que expresó su «preocupación por esta situación que dificulta el acceso al tratamiento de las personas con VIH perjudicando la adherencia al mismo». Desde la asociación civil pionera en la lucha contra el VIH Sida agregaron: «Nos hemos contactado con la Jefatura de Gabinete y con el Ministerio de Salud de la Nación, desde donde nos informaron que los faltantes obedecen a la demora en la habilitación del presupuesto 2018, y que en los próximos días se firmarían las órdenes de compra de urgencia de los medicamentos faltantes (dolutegravir, darunavir, zidovudina jarabe, efavirenz y abacavir/lamivudina) de manera de regularizar la situación. Mientras tanto, en aquellas jurisdicciones en las que haya faltantes, se están planteando cambios de tratamiento por otras drogas similares».

El faltante y la eventual modificación de los antivirales hace peligrar el acceso y la llamada «adherencia» a tratamientos que no pueden interrumpirse.

Son unas 70 mil las personas que viven con VIH y no tienen otra cobertura que la del Ministerio de Salud. «Lo vemos con extrema preocupación porque se repitió lo de 2016: ha habido a lo largo del año demoras que se fueron solucionado, pero hay una maquinaria administrativa en el área de Salud que no termina de arrancar», dijo a Tiempo Leandro Cahn, director ejecutivo de Huésped.

Más allá de la demora burocrática, la cartera que hoy conduce Adolfo Rubinstein dispuso de los fondos para comprar antes los medicamentos, pero no lo hizo. El Ministerio de Salud no utilizó durante el ejercicio anterior unos 600 millones de pesos del programa «Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual», de la Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos. Tenía presupuestada para 2017 la suma de $ 2.199.022.188, de los cuales terminó el año ejecutando sólo 1503 millones. Para este año, los fondos pautados para ese programa son de 2289 millones, casi similares a los del año pasado, a pesar de una inflación interanual del 24 por ciento. «