Después de 14 meses del último informe difundido por el Gobierno de la Ciudad , este jueves la legislatura porteña aprobó por unanimidad el pedido de informes sobre la falta de vacantes en colegios públicos porteños.

La votación se dio sobre un proyecto rubricado por todos los bloques el pasado 28 de marzo, con el objetivo principal de actualizar la cantidad de chicas y chicos que se encuentran excluidos de la educación pública y gratuita.

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El proyecto aprobado consta de once preguntas y un único artículo que establece que “el Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos relacionados con el otorgamiento de vacantes para el ciclo lectivo 2017 en las instituciones educativas de gestión estatal dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad”.

El año pasado, el primer informe difundido por el gobierno de la ciudad indicaba que había un total de 11.432 chicos sin vacante, “este es un dato engañoso porque no están contando los más de 10 mil chicos de nivel maternal que están en los famosos Centros de Primera Infancia (CPI), que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad”, advierte la legisladora porteña Lorena Pokoik, que integra la comisión educativa, minutos después de la votación del pedido de informes.

Los CPI “son convenios de la cartera de desarrollo social con ONG’s, es una educación tercerizada con transferencia de recursos a organizaciones no gubernamentales (…) lo que cuestionamos es que esos pibes y pibas no están dentro de ninguna currícula educativa, por lo tanto la suma que nosotros hacemos es de 23 mil vacantes que faltaron en 2016”, agregó la legisladora.

Para el legislador del FIT, Marcelo Ramal, “el gobierno busca malinterpretar la constitución de la ciudad (refiriéndose al artículo 24 de la carta magna porteña) para seguir sosteniendo una situación en la cual este año, hemos vuelto a tener falta de vacantes, que se estiman en 11 mil o 12 mil más, y que están fuertemente concentradas en la educación inicial y en la zona sur y sudoeste de la ciudad”.

El diputado porteño del PO aseveró que “uno no puede saber exactamente la falta de vacantes, pero hay que presumir que la matrícula que pierde la escuela pública difícilmente vuelva a ella, porque una parte importante que no consiguieron vacantes se han reasignado en la educación privada”.

Cabe destacar que existen diferentes proyectos de ley, que en el caso de ser aprobados, obligarían al gobierno porteño a construir escuelas. Según el documento presentado por el FIT, harían falta un total de 34 colegios en la zona sur para empezar a resolver esta problemática en la capital.

“Lo que creemos es que hay una falta de vocación de solucionar el problema de la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires”, señaló la legisladora del espacio ECO, Natalia Fidel. “Básicamente hace 9 años que gobierna el PRO, este es un problema recurrente en todos estos años y no se ha podido llegar a una solución a este problema”, agregó.

La legisladora del espacio político que lidera el ex embajador argentino en los EEUU, Martín Lousteau, sintetizó el cuestionario de preguntas que hoy votó la legislatura: “Preguntamos cómo es el tema de la falta de vacantes, cuál es la oferta y cuál es la demanda por distrito escolar y por comuna, para tratar luego de buscar soluciones en cada uno de los ámbitos. Hubo un trabajo en la comisión de educación para consensuar esas preguntas”.

La diputada porteña tampoco pudo determinar el número aproximado de chicos sin vacantes que hay en 2017, pero destacó los vínculos con “algunas ONG´s y familias auto-convocadas como “La Vacante es un Derecho”, que nos aportaron los nombres y apellidos de los chicos que no tienen vacantes, pero no tenemos el agregado, y la verdad que estas organizaciones no pueden ni deben suplantar al Estado, en cuanto a proveer la información fidedigna para dimensionar cuántos son los chicos que hoy no tienen lugar en la escuela pública de la ciudad”.

De la jornada participaron varias organizaciones y familias damnificadas, que, a más de un mes de haber comenzado el ciclo lectivo porteño, aún no les asignaron su vacante. “Hoy estamos celebrando finalmente la aprobación de este pedido de informe”, dijo con entusiasmo Marcela Alarcón, integrante del colectivo de familias auto-organizadas “La Vacante es un Derecho”.

“Hubo muchísimas trabas que se pusieron para la aprobación de este pedido de informe por parte del oficialismo. Estamos muy contentos de saber que todas las gestiones que realizó éste colectivo con diputados de diferentes bancadas, como la diputada Laura Marrone, Lorena Pokoik, Natalia Fidel y el diputado Ferraro, llegaron a concretarse”, se refiere a Maximiliano Ferraro, quien además de ser legislador porteño, preside la Comisión de Educación y responde al espacio de la Coalición Cívica ARI.

En el mismo sentido, Noelia Ortiz, otra integrante de “La Vacante es un Derecho”, manifestó “que este pedido de informes es parte de la lucha que viene dando este colectivo desde el año 2015 y puntualmente del recorrido que empezamos todas las familias sin vacante en noviembre de 2016” (…) el ministerio de educación jamás tuvo las puertas abiertas para nosotros, en cada una de las manifestaciones que hicimos en Paseo Colón 255, exigiendo una vacante para nuestras hijas e hijos”.

Es necesario aclarar, que el cuestionario original sobre el pedido de informe, estaba compuesto por un total de 17 preguntas. Los legisladores del PRO, que tienen mayoría en la legislatura, pusieron como condición para votar el documento que fueran eliminados 6 puntos, entre ellos: especificar la cantidad de nuevas vacantes ofertadas en el ciclo lectivo 2017, respecto del ciclo lectivo 2016; informar si se tomarán medidas a corto plazo para garantizar que aquellos estudiantes que se hubieran quedado sin vacantes, puedan empezar las clases; y qué planes tienen en agenda , con sus plazos respectivos, para la cobertura de la totalidad de la demanda de vacantes desde los 45 días (de vida) en adelante.