Comenzó el juicio político contra el fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, quien permanece acusado desde hace una década de liderar una banda que robaba a narcotraficantes. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participa en el jury como querellante institucional; en el diálogo que mantuvo con este diario alertó sobre las irregularidades del caso y pidió que se haga justicia para que no se vea dañada la forma republicana de gobierno.
“Este martes empezó a sesionar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para llevar a cabo el juicio político contra el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, el mismo resolverá la destitución o la continuidad del funcionario”, contó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, a Tiempo. Además explicó que este organismo “interviene como querellante institucional en la causa penal que investiga al fiscal por liderar una banda criminal que operaba con el armado de causas, extorsión y la comercialización de estupefacientes”.
“Una vergüenza, permanece imputado desde hace una década. La investigación penal realizada al titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro, tuvo cientos de idas y vueltas que dilataron los tiempos procesales”, denunció el secretario ejecutivo. Continuó señalando que los robos a los narcos los cometía “junto a otras 35 personas, entre ellas, policías, funcionarios judiciales y abogados”.
El entramado de corrupción
“Nosotros estamos indignados porque el jury solo examinará las responsabilidades políticas y funcionales propias del ejercicio de su cargo”, se quejó el abogado. Siguió apuntando que no será indagado por la “responsabilidad penal que pudiera tener en la causa que lo ubica como el líder de una asociación ilícita que entre 2013 y 2015 se dedicó de lleno al armado de causas; extorsión y comercialización de estupefacientes, entre otros delitos gravísimos que ha cometido este magistrado”.
“La causa que lo imputa en todos estos delitos que mencioné está virtualmente paralizada desde junio del año pasado, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín -a cargo de los jueces Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas- diera a conocer un fallo que fue arbitrario y vergonzoso, dictó la falta de mérito de Scapolán”, denunció García. El fiscal está involucrado “en varios crímenes en los que fue procesado en primera instancia, esta resolución judicial sólo confirmó su procesamiento por el delito de falsedad ideológica de documento público durante el operativo antinarco ‘Leones Blancos’ donde se produjo el caso ‘Anacona’ en la que está imputado desde 2013”.
“En este contexto se secuestró un importante cargamento de estupefacientes, los policías del área de Drogas Ilícitas que intervinieron se apropiaron de casi media tonelada de cocaína que luego fue comercializada”, denunció el secretario ejecutivo. “Nosotros intervenimos en la causa penal como querellantes institucionales y consideramos que el beneficio otorgado a Scapolán, es un grave retroceso que consagra la impunidad de los hechos criminales que fueron cometidos desde los estamentos del Estado. Además, este proceder de la justicia desconoce las pautas investigativas básicas en casos de vulneración de los Derechos Humanos”, aseveró.
“Se trata de un fallo injustificado de la justicia federal sanmartinense que no tomó en cuenta la magnitud, la calidad de la prueba recabada y la avanzada instancia a la que llegó el juicio político que podría terminar con la destitución del fiscal”, enfatizó el abogado. Varios meses antes a esta resolución, “en diciembre de 2021 se había producido otro grave retroceso en la investigación; la misma Cámara había apartado a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado de la instrucción de la causa, dando lugar al pedido de recusación formulado por uno de los imputados, lo cual resulta irregular por donde se mire”.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
“Por todo ello presentamos un escrito de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual nunca prosperó”, señaló el abogado. A principios de 2023 desde el organismo provincial presentaron un recurso extraordinario “ante la misma Corte, con el objeto de retrotraer el estado de la investigación penal, hasta antes que dictaran la falta de mérito a Scapolán”, agregó.
“En esta línea también solicitamos que se restituya el expediente a la órbita de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, teniendo en cuenta los importantes avances logrados por la magistrada y el valioso caudal probatorio que obra en la causa”, remarcó el secretario ejecutivo. Puntualizó que fue un “trabajo riguroso, independiente y sumamente fundado que fue llevado a cabo por el fiscal Fernando Domínguez; una valiosa contribución a esta investigación”.
“Así, en este contexto que describo se está desarrollando el juicio político”, advirtió García. Por un lado está “el deseo de Scapolán de frenar el jury en virtud del estado actual de la causa penal y, por otro, las innumerables irregularidades, excesos en su ámbito de actuación. También por las faltas cometidas en el ejercicio de su función, que quedarán expuestas ante el Jurado de Enjuiciamiento a partir de decenas de testimonios, entre ellos el de la propia jueza federal Arroyo Salgado”, subrayó el abogado.
“Para nosotros resulta muy importante la realización del juicio político, porque la actuación de Scapolán no resulta ser un caso aislado; es una práctica que se repite y se mantiene en el tiempo”, aseguró el secretario ejecutivo. Explicó que lo dice por los allanamientos ilegales, “la utilización de testigos puestos por ellos mismos en falsos procedimientos”.
“También cuestionamos la investigación y el seguimiento que no comunicaron a la autoridad jurisdiccional, fueron procedimientos policiales y judiciales creadas con denuncias anónimas que no existen”, denunció García. Señaló que estas son rutinas que por sentido instrumental se transforman en prácticas policiales que en muchos casos cuentan con aval judicial que perpetúa la impunidad de los involucrados”.
Otros causas con fiscales imputados
“Como organismos tenemos otros casos de gravedad institucional que aún no han sido resueltos, como en los que está involucrado el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, quien está imputado en crímenes de lesa humanidad desde cuando se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, reconstruyó el secretario ejecutivo. También vienen siguiendo los casos de los fiscales “de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert. Todos ellos están acusados de presionar a jueces independientes haciendo espionaje ilegal e investigaciones arbitrarias que carecían de control judicial correspondiente, por lo cual eran falsos”.
“Todos estos casos de magistrados contienen graves acusaciones, sin embargo continúan gozando de impunidad, así mismo dejan al descubierto las estructuras mafiosas sustentadas por prácticas ilegales de la policía, por la complicidad y cobertura de un sector de la justicia”, denunció García. Finalizó apuntando que de este modo se “configuran los entramados de corrupción que deben ser investigados y desarticulados con extrema urgencia. De este modo pretendemos proteger los principios republicanos de gobierno que establece la Constitución Nacional”.
