Desde hace unos meses, Guido Quaranta ya no desfila más por programas televisivos. Su nombre dejó de figurar en publinotas en diarios y portales de noticias. Este licenciado en Administración de Empresas, de 42 años, es la cara visible de SeSocio.com, un proyecto que montó junto con el especialista en computación Gastón Krasny. Se trata de una plataforma de inversiones que facturó cientos de millones de dólares en menos de cinco años a través de miles de pequeños inversores, pero que ahora, tras la venta a la firma Blockchain.com, va camino a desaparecer. En el medio, un numeroso grupo de inversores de toda Latinoamérica que le confiaron sus ahorros para proyectos que en su gran mayoría no se concretaron, avanza con una serie de estrategias judiciales y administrativas para intentar recuperar el capital y, en el mejor de los casos, la renta prometida. Según denuncian, esos fondos se encontrarían en cuentas de Estados Unidos, Chile, Paraguay y España, entre otros países.

En mayo de 2017, Quaranta y Krasny renunciaron a sus cargos directivos en Despegar.com para darle vida a su creación. Así la presentaban: “Un marketplace de inversiones que permite a inversores no sofisticados participar de alternativas de inversión que hasta ahora les eran inaccesibles, a través de crowdfunding y sin monto mínimo”. La idea era innovadora: se buscaba acercar a pequeños e inexpertos inversores a emprendedores de la economía real, a cambio del pago de una renta periódica y de la devolución del capital total luego de un plazo estipulado.

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Los proyectos podían ir desde un lote en un country, donde posteriormente se construiría y vendería una casa; la compra y engorde de chanchos y vacas en Argentina o Paraguay; la adquisición de camiones en Estados Unidos para ponerlos a trabajar; hasta la compra de cajeros automáticos que se instalarían también en Norteamérica. Incluso, según información a la que accedió este diario, Sergio “Maravilla” Martínez o Guillermina Valdés encontraron en SeSocio el lugar para concretar varias rondas de financiamiento. El boxeador, con su franquicia de gimnasios, y la exmodelo, con colecciones de zapatos.

Al mismo tiempo que los empresarios declaraban en octubre de 2017 en El Cronista que preveían facturar 16 millones de dólares a fines de ese año, la CNV iniciaba de oficio el expediente N° 3887/17 porque consideraba que Se-Socio SA debía estar bajo su fiscalización, ya sea por el régimen de la Ley 27.349 (sistemas de financiamiento colectivo), o bien de la Ley 26.831 (mercado de capitales). Al día de hoy, a punto de dejar de existir, la empresa nunca contó con el aval de la CNV. De todas maneras, siguió funcionando.

“Los potenciales incumplimientos normativos atribuibles a Se-Socio SA reflejan un actuar, por parte del presidente (Quaranta), que se apartaría de la debida diligencia del buen hombre de negocios consagrado en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades N° 19.550”, estableció la CNV en una resolución del 21 de mayo de 2018, referida al expediente mencionado. El organismo calculó que para ese entonces SeSocio tenía alrededor de 2900 clientes activos solo en Argentina. En septiembre del año pasado, Forbes publicó que en 2020 la facturación de la empresa había ascendido a 153 millones de dólares y que únicamente en 2021 pensaban alcanzar los 300 millones.

“Más del 80% de los proyectos sufrieron atrasos, insolvencia, falta de pagos y juicios de recupero. Prestaban el dinero a supuestos emprendedores, muchos de ellos vinculados a los directivos de SeSocio, y esos emprendedores desaparecieron. Las garantías que habían presentado nunca existieron”, explicó a Tiempo el abogado Mariano Moyano, al frente de uno de los estudios que está en diálogo con “más de 570 víctimas en relación a este caso”. El letrado agregó: “Podríamos estar ante un esquema de captación ilegal de fondos, que ha derivado en la perpetración de un fraude con implicancia en varios países. Llamativamente, la plataforma SeSocio apagó varios de sus servicios tras anunciar que Blockchain.com la adquirió, obligando a las víctimas a registrarse en otra página para seguir el incierto futuro de los proyectos”.

“Nuestro estudio –continuó– fue convocado para las acciones de recupero de acreencias y rastreo de activos pertenecientes a SeSocio, entidades y personas físicas vinculadas. Vamos a iniciar acciones en Argentina y en diversas jurisdicciones, incluso en contra del adquirente, Blockchain.com”.

Una resolución de la CNV del 22 de noviembre de 2019, en base a los expedientes 1420 y 1422 de ese año, identifica un entramado de empresas y personas físicas involucradas. Pero la formalización de las actividades de la plataforma siguió sin tener sustento para ser validada. Así fue que la CNV sumarió nuevamente a la web (ahora bajo la denominación Se-Socio SAPFC) y a su director Quaranta, al síndico Mario Alfredo Catz, a la empresa BLC Trust SA y a sus directores Francisco Benegas Lynch, Ariel Emanuel Cocorullo y Sebastián Calzetta; y a los síndicos de BLC Trust, Jorge Mayoraz, Helvio Quiepo y Silvia Azcaray.

“El año pasado comenzaron a contactarse con nosotros cientos de damnificados de la empresa SeSocio. Todos manifestaban haber sido engañados y estafados. Había personas que dijeron haber perdido 300 dólares, y quienes aseguraron haber tenido trato directo con Quaranta, que les hizo firmar instrumentos y perdieron su casa”, comentó a este diario la abogada Mariela Arranz de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU). La ONG presentó una denuncia en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Nación por considerar que “violaron el deber de brindar información precisa, detallada y veraz sobre los productos y servicios que ofrecían. Ellos plantean que eran los riesgos de la inversión, pero lo que hubo fue un dibujo por parte de los asesores de SeSocio, y a partir de ese engaño no pudieron sacar nunca más la plata”, argumentó.

La estrategia de estos abogados es avanzar judicialmente en el flamante Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA, una vez que finalicen las mediaciones que llevan adelante. “Nos dividimos en cuatro grupos de unos 20 damnificados cada uno, y citamos a los supuestos fiduciarios y los socios de la empresa. De las siete personas identificadas solo se presentó un fiduciario a la última reunión”, describió Arranz.

¿Bozal informativo?

Quaranta envió diferentes cartas documento a damnificados que manifestaban su malestar en las redes, aunque también la recibieron quienes no lo habían hecho. Los acusó de amenazas, adelantó que efectuaría demandas civiles y criminales en su contra, y fijó domicilio en el estudio de Mariano Cúneo Libarona en Avenida del Libertador al 600. Tiempo pudo saber que misivas similares recibieron en el Estudio Castellet, un buffet de abogados que llevó adelante otra mediación representando a más de 75 damnificados. Desde este estudio no quisieron dialogar con este medio.

Otra carta documento fue recibida por el director ejecutivo de UCU, Adrián Bengolea, quien la rechazó formalmente y la consideró “burda e intimidante”, al tiempo que exhortó a que “se abstengan de seguir intentando amedrentar a nuestra asociación”. En ese mismo tenor pidió que “cesen con las prácticas abusivas/engañosas” y que “procedan a reparar los daños y perjuicios sufridos por cada uno de los afectados”.  «

Entregó una indemnización y le fue mal hasta con barbijos

“Acabaste con mi vida y mi bienestar. No voy a poder volver a empezar nunca más. Esta es la familia que arruinaste”. El colombiano Mario Bernardo Jiménez asegura que este fue el mensaje de WhatsApp que le mandó a Guido Quaranta adjuntando la imagen con su mujer y su hija (foto). Ingeniero, de 64 años, afirma a Tiempo que perdió en la plataforma “unos 32 mil dólares que mi familia había cobrado de indemnización de parte del hospital donde había nacido mi hija en 2006”. Por una mala praxis, la niña contrajo hipoxia y casi muere en el parto. “Cuando justifiqué mi dinero en SeSocio consigné el cheque del hospital. Eso fue como un dulce para los agentes de esta empresa que no paraban de llamarme”. Su primer asesor fue un coterráneo, Gabriel Sepúlveda. “Cuando me puse bravo, me terminó reconociendo que él no tenía nada que ver con esta estafa, pero bien que cobró sus comisiones”.

“Llegué a invertir en una minera de Chile (IBSA), en el alquiler de yates en Miami (Wahine Yachts) y de automóviles en España (Garage Europa); y en el que elaboraba barbijos (Hodali). Inexplicablemente, me fue mal en todos, hasta el que hacía barbijos en medio de la pandemia. Nunca pagó. Pero mi mayor perjuicio fue con la Invecoin y los Liquitokens”, resume abrumado. Eran una suerte de monedas virtuales creadas para darle liquidez al sistema, pero que –según los denunciantes– terminó por licuar los fondos. La Invecoin llegó a estar 12 dólares y, con corralito de por medio, hoy vale 0,01 céntimo de dólar.

 

Fue creada en 2017. La CNV nunca la aprobó. Proponía que se aporten fondos para proyectos de la economía real. Miles no prosperaron. Ahora buscan venderla. Reclamos judiciales.

Foto: Captura Pantalla

«En muy pocos casos el intermediario no pagó»

Tiempo buscó conocer la opinión de Blockchain.com pero no obtuvo respuestas. De igual modo, intentó contactarse con Guido Quaranta y tampoco contestó los mensajes. “Estamos hablando de empresarios exitosos y gracias a ellos hubo muchos emprendedores que pudieron desarrollar sus negocios y dar trabajo. Casi todos hicieron fortunas y les pagaron a los inversores. En muy pocos casos el intermediario no pagó”, justificó una calificada fuente vinculada a los empresarios. “Esto ya fue juzgado y no se encontró delito”, añadió en referencia a una causa en la que un supuesto damnificado denunció que adquirió en la plataforma un token, especie de moneda virtual creada por Sesocio, llamada Invecoin a un “precio teórico” que valía 2764% menos cuando inmediatamente después la quiso intercambiar. Solo con el proyecto de Invecoin, Sesocio dijo haber recaudado más de 9 millones de dólares.

En unos cuatro meses esa causa fue archivada. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 40 y el Juzgado 14, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, coincidieron en señalar que “el despliegue por parte de la empresa imputada, si bien puede considerarse como contrario a derecho, se ciñó a una sumatoria de promesas de obtener un gran beneficio económico, el que fue, en todo momento vencible por la víctima. Esto es lo que torna su accionar atípico”. Añaden que «en caso de sentirse perjudicado patrimonialmente” el denunciante deberá adoptar los medios procesales pertinentes en el marco de la Ley Civil y Comercial. Tiempo rastreó otra denuncia, cuyo damnificado no quiso que se mencionara su nombre por temor a represalias, en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 5. Voceros judiciales informaron que se intimó al denunciante a presentar documentación más precisa. La presunta víctima aseguró que nunca fue notificada de ello.