El empresario que llevó a Gotan a la quiebra fue Horacio Lamberti, director nacional de Parques Industriales durante el gobierno de Mauricio Macri. Durante aquella gestión, la fábrica especializada en mobiliario urbano trabajaba para múltiples obras públicas. Pero en septiembre de 2019 la empresa de Almirante Brown cerró y afectó a más de una veintena de familias, que se organizaron para sostener su fuente de ingresos de forma cooperativa. Lo consiguieron al año de la quiebra, aunque el predio donde están las maquinarias es de un tercero que lo reclama. Ante un riesgo de desalojo inminente, los trabajadores piden a la Justicia que les dé tiempo para conseguir otro espacio, y al Estado que les haga pedidos para sostener las máquinas en funcionamiento.

El plazo de diez días que les había dado originalmente la Justicia venció este miércoles. Por eso, presentaron un escrito pidiendo una prórroga que les permita avanzar con la posibilidad de instalarse en Avellaneda o evaluar otras opciones que surjan. “Lo que pedimos es que, siendo la primera vez que ofrecen costear el traslado de la maquinaria -que es un costo importante-, den tiempo de terminar de encontrar un espacio o galpón adecuado en el contexto de las gestiones con Desarrollo Productivo”, explicó el abogado Gustavo Intrieri, quien presentó el pedido de prórroga ante el Juzgado comercial 27, secretaría 53.

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“El inmueble no es de la quiebra. Hay un dueño que está pidiendo el desalojo. Nosotros siempre tuvimos la intención de que el Estado nos ayude con trabajo. Somos 23 familias con la idea de seguir produciendo. El trámite que tuvimos que hacer para formar esto como cooperativa llevó un tiempo: estuvimos un año y medio para tener matrícula, hace un mes pudimos sacar CUIT, ahora como cooperativa podemos funcionar y tenemos hasta cuenta bancaria. Nuestra idea es hacer camas para hospitales o mesas, sillas. O para transporte. Algún ministerio que nos dé trabajo”, pidió Néstor Embriaco, quien lleva 12 años en Gotan.

Por el momento, mientras lidian con un riesgo de desalojo inminente, sólo hacen frentes de rejas y otros pedidos chicos. “Pero queremos trabajos continuos para poder solventar los sueldos. Con los trabajaditos que venimos haciendo podemos comer, pero no pagar un alquiler. Por eso le pedimos al Estado que nos dé una mano”, remarcó el trabajador, en diálogo con Tiempo. Antes que Lamberti llevara el negocio a la quiebra, estos mismos trabajadores tuvieron a su cargo la construcción de “paradas de trenes de Constitución a La Plata, así como garitas del Metrobus en la Ciudad. El que era el dueño de la fábrica tenía contactos. Lo que reclamamos es cómo a ese hombre que no es la primera vez que quiebra –ya en 2004 dejó en la calle a 150 personas- y estafa a trabajadores le siguen dando trabajo y a nosotros, nada. Es algo que da impotencia”. Según pudieron saber los trabajadores de Gotán, el empresario retomó sus negocios desde una planta ubicada a pocas cuadras. Embriaco criticó que “él sigue impune. La justicia nos mira a nosotros como si fuésemos los delincuentes y a él como tiene poder político no lo siguen”.

“No logramos probar el vínculo (del dueño del predio) con la familia que quebró la empresa. Más allá de que la esposa de Lamberti es prima hermana de la esposa del dueño (Piscitello). No le dieron entidad a eso. Y el predio hay que devolverlo. Ya se levantaron las restricciones en cuanto a desalojos (por la pandemia) y los tiempos se acercan. Se llegó a una propuesta de parte del dueño, que se haría cargo del costo del traslado al lugar que la cooperativa designe, pero dieron 10 días y es insuficiente”, insistió el abogado Intrieri.

Mientras las gestiones continúan a contrarreloj, Embriaco y sus compañeros destacan que necesitan que el Estado los tenga en cuenta como proveedores para poder sostener la fábrica recuperada en funcionamiento. “Ya que quieren apuntar a la industria, acá tenemos todas las máquinas para funcionar. Sin trabajo continuo, no podemos”.