Un breve repaso por la gestión PRO le da la razón: Hasta el 2020, el macrismo privatizó más de 500 hectáreas de tierras públicas. Además, durante la gestión de Rodríguez Larreta, entregaron casi 70 edificios públicos a manos privadas
“Para que el trabajo vuelva a tener la prioridad, en la Argentina que siempre supo tener, y que está abandonado por un gobierno que atenta contra el trabajo. Son todas medidas concretas, posibles, reales y muy estudiadas”, comenzó su discurso Rodríguez Larreta. “y así como hoy fuimos al detalle con las estrategias para generar el trabajo, en cada uno de los temas de la agenda pública vamos a ir privatizando», remató el mandatario.
En varias ocasiones, el precandidato presidencial de JxC, manifestó sus verdaderas intenciones respecto al achicamiento del Estado, la flexibilización laboral y la apertura comercial, entre algunas medidas muy semejantes a las propuestas de Javier Milei y de Patricia Bullrich. Pero, más allá de la discusión si fue un acto fallido o si lo traicionó el subconsciente, respecto a la “privatización”, aquí en la Ciudad de Buenos Aires en apenas 13 años de la gestión de Macri y de Larreta (2007 al 2020) se consolidó un modelo de privatización del patrimonio público.
Según un relevamiento del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) que preside el abogado Jonatan Baldiviezo, fueron más de 500 hectáreas de tierras públicas y 150 hectáreas de superficie verde absorbente.
Además, Mauricio Macri como presidente, transfirió en 2018 desde la Nación al Gobierno porteño 87 hectáreas de tierras públicas. Para consolidar esa transferencia ilegal, que hoy está en litigio con el Estado Nacional, Rodríguez Larreta envió un proyecto a la legislatura para blanquear esas tierras. Se trata de la Ley 6.131, necesaria para aprobar esa transferencia de tierras públicas de Nación a la Ciudad. Meses después, el 4 de julio de 2019, sancionó la ley 6.179, en la que autorizó la venta de estas 87 hectáreas de tierras públicas.
Desde el ODC, aseguraron que, desde que comenzó la pandemia, el GCBA “intentó rematar 87 inmuebles públicos”. Se estima que, hasta la fecha entregó a manos privadas más de 70 inmuebles. Entre los lotes rematados se encuentran los edificios donde funcionaban la Secretaría de Tercera Edad y el Servicio Zonal N°12, y un predio donado a la Escuela N°3 del Distrito Escolar N°10, que tuvieron. “Esos predios en conjunto, implican más de 18.400 metros cuadrados de edificios y 1,3 hectáreas de terrenos públicos que pasaron a manos privadas, por las cuales el GCBA embolsó más de 85 millones de dólares que usará a discreción”.
Hace una semana, la Ciudad entregó a manos privadas un edificio público donde miles de familias reclamaban un jardín maternal . El inmueble fue vendido a menos de 1.400 dólares el m2. La comunidad educativa reclamaba un maternal en ese lugar ya que en Villa Crespo no hay escuelas infantiles. Desde que comenzó la pandemia, la Ciudad remató más de 70 edificios públicos.
En enero de este año, Tiempo adelantó la intención del jefe de gobierno porteño para desprenderse de otro edificio público. Se trata del inmueble ubicado en Perón 3200 en el barrio de Balvanera, de 1230 m2 que finalmente fue rematado en febrero pasado. En ese lugar, actualmente funcionan varias dependencias del ejecutivo porteño. El ofrecimiento original era entregarlo a 813 dólares por metros cuadrado, cuando el promedio en dólares por m2 en la zona ronda los US$ 1800, pero finalmente este martes lo subastó a poco más de 2 millones de dólares.
En diciembre de 2022, la empresa IRSA que preside Eduardo Elsztain, se quedó con el edificio público donde funciona actualmente la UniCABA. El empresario pagó US$ 7.714.000 por el inmueble de 13.700 m2 ubicado en Paseo Colón 245, es decir, menos de 600 dólares el m2, como señala la Resolución N° 20/SSABI/23, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. Pero no es la primera vez que IRSA se queda con un edificio público. En febrero de 2022, se apoderó del edificio ubicado en Coronel Díaz y Beruti, frente al Alto Palermo, donde funciona todavía una sede del Poder Judicial y el Registro Civil de la Comuna 14. La empresa pagó una suma de US$ 20,11 millones.
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