Graficado con el personaje de “Bombita” en Relatos Salvajes, el servicio de las grúas y los acarreos quizás sea uno de los más polémicos y que mayor críticas genera en la población porteña, incluso (o sobre todo) en el electorado oficialista. De ahí se pueda entender, y también por presiones internas, que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta haya tomado la decisión que menos le reconforta: estatizar. En este caso, que el servicio de acarreo pase a manos públicas. Pero será solo hasta que se consuma la licitación, postergada hace años. El Frente Antigrúas, conformado por todos los bloques opositores porteños (desde la extrema derecha a la izquierda y el FdT) ahora va por más: exige que se audite un servicio que es, al menos hasta que se efectivice la estatización, tan polémico como deficitario para la Ciudad, que en 20 años se perdió de recaudar miles de millones de pesos, los cuales quedaron en manos de solo dos firmas que operan con contratos vencidos hace dos décadas.

Las dos empresas pagan cánones mensuales irrisorios que amortizan en una hora. “Juntan millones, molestan a los vecinos y sus papeles no están en regla”, lo graficó el legislador Juan Manuel Valdés (FdT). “Hace 21 años que lo contratos están vencidos y el gobierno de Larreta los prorrogaba de manera irregular a cambio de un irrisorio canon mensual de $55.000”, agregó el diputado Matías Barroetaveña. Y completó: “es imposible que semejante negocio irregular no cuente con la complicidad de autoridades del gobierno, Larreta se autoincrimina al desarmar el negocio de las grúas en 24 horas. Por eso pedimos que se audite toda la concesión del servicio durante estos años y esperamos que el nuevo contrato se debata de cara a la ciudadanía”.

Con contratos vencidos en 2001, las dos empresas de acarreo que se reparten la Capital Federal son Dakota–STO y BRD–SEC. Levantan 14 autos por hora a un valor de $6500 por cada vehículo. Pero apenas pagan un canon mensual $55.000. Al costo del acarreo la persona debe sumarle el costo de la multa, de igual magnitud.

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Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires reveló que en 2016, Dakota S.R.L. y BRD S.A. cubrieron el canon anual que tienen que abonar al Gobierno de la Ciudad por la concesión con poco más del 1% de sus ingresos. En el mismo se detalla que BRD tuvo un ingreso total ese año por $57.477.750 como consecuencia de los 76.637 acarreos que realizó y tuvo que abonar un canon anual de $660.000, es decir que con el 1,15% de su facturación cubrió el canon anual. Dakota, ese mismo año realizó 84.919 acarreos lo que le representó un ingreso de $63.689.250 de los cuales tuvo que pagar $660.000 de canon anual, el 1,04% del total.

Pero no sólo con el acarreo ocurre eso. En 2007 el Gobierno de la Ciudad rubricó un acuerdo por el que se comprometió a hacerse cargo del 20% del extra en los sueldos de los empleados de ambas empresas. Por este mecanismo, entre 2014 y 2016 BDR recibió $170.820.033 mientras que Dakota obtuvo $164.590.661.

Luego de la presión del Frente AntiGrúas, el gobierno porteño anunció que deja sin efecto los contratos irregulares con las dos empresas de acarreo de automóviles. Desde el bloque del Frente de Todos de la Auditoría, Mariana Gagliardi y Lisandro Teszkiewicz enfatizaron: “Creemos que corresponde hacer una auditoría del final de la concesión para establecer en qué condiciones se hace cargo el estado del servicio, y deslindar responsabilidad sobre las irregularidades que  pudieran existir”.

Mientras, se sigue a la espera del nuevo sistema impulsado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que dividirá al distrito en cinco zonas, pero que el oficialismo demora su tratamiento desde el 2019, lo que extiende las ganancias y la irregularidad vigentes. Se trata de uno de los servicios preferidos por la gestión macrista, que desde su asunción a fines de 2007 aumentó su valor en un 5300 por ciento.  

A tal punto es un servicio rechazado por la población, que los propios votantes de JxC lo critican. En mayo pasado fue Luis Brandoni quien protestó: «No ordenan nada, salen a recaudar desde hace años. No ordenan nada porque en la Ciudad cada vez los restaurantes se comen más la calle y queda menos lugar para estacionar. El Gobierno porteño tiene que hacer algo para darle chances de estacionar a quienes andamos en auto».

En este contexto, el oficialismo porteño impulsó una nueva ley que, con el justificativo de ordenar el tránsito, prohíbe dejar los vehículos en las avenidas, pero permite estacionar a la izquierda en calles de barrios de la Ciudad. Esto generará, según estimativos de la oposición, que se cobren 135 mil espacios que hasta ahora eran gratuitos.