Hay otro costado que expuso el atentado a Cristina de hace exactamente un año: el uso de armas en la Argentina, con un debate que está lejos de haberse agotado. Si bien desde hace 15 años, aunque con sus vaivenes, está vigente como política de Estado el Programa Nacional de Desarme Voluntario, en esta contienda electoral volvió a plantearse la posibilidad de que “el ciudadano de bien pueda defenderse”, tal como lo sostuvo Victoria Villarruel, candidata a la vicepresidencia por La Libertad Avanza, el espacio político que alcanzó más votos en las PASO. Una conexión (libertarios, el atentado, el uso «libre» de armas) que está lejos de azaroso.
Del millón de “legítimos usuarios” de armas en el país, más del 70% tiene su credencial vencida. Pero es solo el costado «legal». Según organizaciones del sector, al menos un 4% de los hogares tienen una, representando «un aproximado de entre 3 y 4 millones de armas de fuego”.
La discusión recobra valor en un contexto de creciente violencia política, que tuvo hace un año su momento más crítico con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner cuando Fernando Sabag Montiel le disparó dos veces en la cabeza y las balas no salieron. El sospechoso se había entremezclado con la militancia que se manifestaba en apoyo a la vicepresidenta ante el avance de las causas judiciales en su contra y la profundización de un sugestivo mensaje antikirchnerista que se bajaba desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sabag Montiel no era un desconocido para la justicia ni la policía. El 17 de marzo de 2021 había recibido una contravención por el uso indebido de armas no convencionales luego de que agentes de la Comisaría 15A lo detectaran en un auto sin la patente trasera: cuando el sospechoso abrió la puerta del vehículo se le cayó una cuchilla de 35 centímetros de largo. Finalmente, la causa fue archivada por la Fiscalía N° 8 tras considerar que el caso “no revestía entidad”. Según se reconstruyó, Sabag Montiel argumentó que la llevaba para su defensa personal.
Desarmar a la población como política de Estado
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego es una política de Estado con intermitencias. Desde 2007 a fines de 2015, recolectó 175.678 armas. En 2013 fue reconocido por la ONU: sólo durante el primer año, se entregaron 120.000 unidades, lo cual dio cuenta de la necesidad que tenían las personas de deshacerse de ellas. La gran mayoría de las armas que circulan en la Argentina en algún momento fueron creadas de manera legal y, con el correr del tiempo, entraron en la ilegalidad.
A través de la Ley 27.192, a fines de 2015 se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que reemplazó al entonces RENAR. Este organismo controla y regula la circulación de armas de fuego en el país, entendiendo que su proliferación son un riesgo para la población. El Artículo 4 de esa norma establece que uno de sus objetivos es “el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública”.
Durante el primer año del macrismo el programa estuvo paralizado. Luego, buscaron su reactivación. Al día de hoy, fueron recibidas 215.000 armas y 2.100.000 municiones. Por otro lado, el organismo destruyó en este período más de 400.000 armas, unas 70 por día en promedio.
«Legítimos»
De acuerdo a la ANMaC, en la actualidad hay 1.749.121 de armas de fuego registradas y un 1.088.512 de “legítimos usuarios”, de los cuales más del 70% tienen su credencial vencida. Pero hay informes de la Red Argentina para el Desarme que indican que la propia ANMaC reconoce que “tomando como base la última Encuesta Nacional de Victimización (realizada en 2007), un 3,9% de los hogares argentinos declararon poseer armas de fuego, representando un aproximado de entre 3 y 4 millones de armas de fuego”. Además, habría que sumar las armas que en un origen fueron de las fuerzas de seguridad y por razones de las más variadas terminaron en el mercado negro.
Recientemente, el CELS y la INECIP aportaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una Opinión Consultiva sobre la problemática en la Argentina y dieron cuenta que al 2022, “sólo 248.826 usuarios individuales (incluidos quienes forman parte de las Fuerzas Armadas o de Seguridad) tenían su credencial vigente: esto representa apenas un 22% del total de usuarios registrados. Esta situación implica no sólo un incumplimiento administrativo, sino también un delito penal que raramente se persigue y sanciona”.
Lejos de entenderlo como un delito o, al menos, una irregularidad, Villarruel, quien estaría a cargo del Ministerio de Seguridad Interior y de Defensa Nacional en un eventual gobierno de Javier Milei, adelantó: “Tenemos una legislación vigente. Lo único que queremos es que cualquier ciudadano que esté en condiciones de solicitar la tenencia legítima de armas pueda hacerlo sin ser desalentado por el mismo Estado, como estamos viendo hoy”.
La referente liberal no improvisa al respecto como pueden hacerlo otros candidatos como Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, de quien no terminó de quedar clara su postura. En la plataforma electoral de La Libertad Avanza se puntualiza: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.
Bajo esta concepción, este espacio político supone que a mayor circulación de armas, mayor será la sensación de seguridad en la sociedad. Pero las estadísticas del Ministerio de Seguridad demuestran lo contrario: por caso, en 2022, uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina fue cometido con un arma de fuego; siendo que el 76% de los asesinatos de 2021 en los cuales medió un arma, se registraron en contextos de conflictos interpersonales.
Es decir, que el victimario y la víctima generalmente ya se conocían previamente porque se produjeron en un contexto de peleas entre familiares, vecinos, parejas, exparejas o personas que tuvieron un particular contrapunto y lo resolvieron a balazos, sin que haya concurrencia de otros delitos.
