Cuando Francisco Giovanoli, de 31 años, se sentó la semana pasada frente a los jueces del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Comodoro Rivadavia, no sabía si iba a salir del juicio esposado o caminando como un ciudadano común. Sobre sus espaldas podían caerle hasta 15 años de prisión por tener en el fondo de su casa decenas de plantas de marihuana que el joven había cultivado para menguar sus ataques de epilepsia. A modo de descargo, lloró y se abrazó con su familia cuando escuchó que el fiscal del caso levantaba las acusaciones en su contra. Sin embargo, los magistrados todavía no firmaron la sentencia y su situación permanece en vilo tras cinco años de proceso judicial.

El juicio, realizado el jueves 28 de febrero, apenas duró tres horas. Bastaron las declaraciones del propio imputado y las de dos policías de la Federal que en mayo de 2014 participaron del allanamiento en su casa en Puerto Madryn, donde secuestraron 48 plantas y distintos materiales utilizados para el cultivo. Todo se había iniciado por una denuncia anónima.

El joven estuvo detenido una semana en Rawson y hasta el día de hoy continúa con prisión domiciliaria. «Es inédito que en las diferentes instancias se haya confirmado el procesamiento de Francisco. Es uno de los primeros casos de autocultivo que llega a juicio», señala a Tiempo el abogado Mariano Fusero, presidente de RESET, una organización que brega por los Derechos Humanos. Lograron ser parte de la causa bajo la figura de amicus curiae e introdujeron en el expediente diferentes fallos en los cuales se establece que el autocultivo no es un delito, sino un paliativo y parte del tratamiento de algunos pacientes, como en el caso de Francisco.

Según reconstruyó Fusero, «el fiscal Teodoro Nürnberg primero pidió la recalificación del delito: de cultivo, que establece penas de 4 a 15 años de prisión, al de autocultivo que contempla de un mes a 2 años. Por lo que seguidamente, el mismo fiscal entendió que se trataba de un caso similar al conocido como Fallo Arriola, en donde la Corte declaró inconstitucional la penalización del consumo personal y desistió de la acusación».

Para el abogado «el tribunal, con cierta arbitrariedad, no dio el veredicto el mismo día y generó una indefinición sin justificación. O están preparando una aberración jurídica inconstitucional o un fallo ejemplar que sirva de antecedente».

Francisco estudia profesorado de Física y es docente de varias materias en escuelas secundarias y terciarias. Entre 2006 y 2012 cursó distintas carreras en la Universidad Nacional de La Plata. «Ahí entendí que nunca iba a poder ser médico. Por lo menos tenía que dormir 8 horas para no entrar en crisis y en las guardias se me iba a hacer imposible», explica a este diario Francisco. Asegura que en ese entonces «no conocía al cannabis en ninguna de sus formas. La única vez que había visto un porro fue en un recital de Charly en Rawson, cuando tenía 15 años».

La primera vez fue a través de un ayudante de cátedra, que le convidó unas galletitas de marihuana. Por esa época apelaba a drogas legales como Valcote, un antiepiléptico que regula los estados de ánimo, y que le generaba múltiples trastornos: «Los medicamentos que usaba me hacían muy mal. No me daba más la cabeza, me dormía leyendo».

«En 2008 –reconoce el joven–, estaba tratando de dejar el Valcote porque me estaba matando de a poco. Entré en una crisis muy zarpada que me llevó a terapia intensiva. Me dijeron que el tratamiento iba a ser de por vida. No quería vivir mucho más sabiendo lo que me esperaba».

Francisco se interiorizó en medicinas alternativas y dio con el cannabis. Así fue que aquellas galletitas, que conservó durante unos días en el freezer, le permitieron dormir sin tener fiebre, o algo tan simple como permanecer horas frente a la TV o estar relajado ante una computadora.

En 2010 comenzó a sembrar, con la idea de autoabastecerse: «Quería elegir mi vida. No conozco quién vende, aunque puedo suponerlo. Nunca compré ni compraría». Junto a los integrantes de RESET están preparando un recurso de amparo «para que una vez que quede absuelto, me permitan cultivar y así poder llevar mi enfermedad de la mejor manera». El recurso judicial caerá en manos del juez federal de Chubut, Hugo Sastre, el mismo que en 2014 ordenó el allanamiento en su contra. «

«Si lo sentencian, se mata»

Cristian Ferrara y Consuelo Navarro habían creído encontrar un aliciente a sus males: tres de sus cuatro hijos registraron importantes avances cotidianos en sus distintas enfermedades, luego de consumir aceite de cannabis. Sin embargo, Cristian puede ir 15 años a la cárcel luego de que la policía le secuestrara en octubre de 2017 varias plantas en su casa de Berazategui a partir de una denuncia anónima. Los afectados por la decisión judicial son los hijos del matrimonio: Lucas (13), que padece de Trastorno del Espectro Autista; Daniel (17) con esquizofrenia y Ángel (4), que sufre retraso madurativo sensorial y cognitivo.

«Estamos desesperados. Lamentablemente decidimos que si le dan sentencia, él se mata, mato a mis hijos y me mato yo», le anunció días atrás Consuelo al portal de noticias Info Blanco sobre Negro. Semejante angustia tiene su explicación: «Lucas tenía muchos brotes de furia, rompía vidrios, televisores y se pegaba. Además sólo se comunicaba con señas, en diez años nunca habló. A los cuatro días de tomar aceite de cannabis bajó un montón. A los 15 días yo estaba en la cocina, vino de atrás, me tocó la espalda y me dijo ‘¡Búh! Te asustaste, te quiero'», recordó la mujer.