“La toma de posesión de Bernardo Arévalo está en peligro”, denunció una diputada cercana al presidente electo en el balotaje del domingo pasado en Guatemala.

Lo que parece un concepto tremendista resulta justificado por una serie de hechos graves y recurrentes: las amenazas de muerte al ganador de las elecciones; la mismísima ONU que advierte sobre la posibilidad manifiesta de un posible magnicidio; la no consagración formal de las autoridades electorales sin motivo aparente; el contraataque de las fiscalías contra el proceso que derivó en el triunfo de Arévalo; las campañas mediáticas de la prensa hegemónica y, como si fuera poco, la denuncia de fraude de la candidata perdedora, Sandra Torres, cuando las urnas decretaron un abrumador 60,9% a 39,1 por ciento.

Son algunas de las circunstancias que crearon un muy tenso clima en el país centro americano. Todo eso y los rumores insistentes de asonadas militares, siempre en dirección a que Bernardo Arévalo no vaya a poder asumir el 14 de enero. Ese punto genera especial preocupación: restan cinco meses y seguramente correrá mucha agua bajo los puentes. De todos modos, desde diversos estamentos se reclama por una transición ordenada, consensuada y pacífica.

El propio Arévalo hace pocas horas aseguró: “Nosotros sabemos que existe un pacto de corruptos que va a hacer intentos para hacer descarrilar este proceso. De hecho, estamos sufriendo una persecución política a nuestros dirigentes y a nuestro partido (Semilla) por parte de esta justicia cooptada y corrupta. Desde que pasamos a segunda vuelta, pero ahora continúa. No lograron frenarnos porque hubiera sido una flagrante irregularidad. Pero no ha sido impedimento para que sectores de la sociedad sigan presionando de una manera feroz”.

Luego enfatizó que “el pueblo, los indígenas y los jóvenes le dijeron no a la corrupción, pero la corrupción no sólo está en el estado a todos los niveles, sino que es sistémica. El sistema judicial, las fiscalías están tomadas por la corrupción. Lo mismo que el Parlamento. Lo que vamos a hacer es crear un sistema nacional anticorrupción. La penetración es sumamente extendida. Por lo que no se va a hacer de la noche a la mañana. Requiere de una estrategia pensada no únicamente en la cuestión preventiva sino en un cambio de cultura”.

La tesis del fiscal Rafael Curruchiche, el principal gestor de las denuncias sobre Arévalo y su partido, se basa en que, según él, Semilla se conformó de manera ilegal con afiliaciones y firmas fraudulentas. El presidente electo insistió que “es absolutamente falso”. Y consideró: “El fiscal es la cara de la corrupción que está avalada por lo partidos políticos tradicionales de siempre”.

Justamente en función de las amenazas y el clima insidioso, el gobierno ordenó el refuerzo de las medidas de seguridad en torno a Arévalo, y su vice electa Karin Herrera. Se lo había reclamado, incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ese clima no es apaciguado, precisamente, por las facciones políticas derrotadas. La exprimera dama Sandra Torres, por esas mismas horas, presentó una denuncia de fraude electoral contra el sistema de conteo de votos que reflejó los resultados que, asegura, habría perjudicado a su Partido Unidad Nacional de la Esperanza, pese a que la diferencia en las urnas fue de más de 20 puntos y que además todos los estamentos estatales de control electoral están dominados por el actual gobierno de Alejandro Eduardo Giammattei, del que Torres aparece como la continuidad.  «