La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez y la cúpula militar-policial que apoyó su aventura golpista fueron condenados por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. En el caso de la exsenadora –que accedió ilegalmente a la primera magistratura tras la renuncia del mandatario constitucional Evo Morales–, del excomandante de la Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y de su par de la Policía Vladimir Calderón, las penas son de diez años de prisión. Jorge Fernández, exinspector de las FF AA, y Sergio Orellana, excomandante de esa fuerza, recibieron sentencias de cuatro años, mientras que sobre Pastor Mendieta, excomandante del Ejército, recayó una pena de tres años y sobre su par Flavio Arce, de dos.

Paralelamente, cuatro cómplices del exministro de Gobierno del régimen golpista, Arturo Murillo, fueron condenados por soborno y lavado de dinero por la corte del Distrito Federal para el Sur de la Florida, en Estados Unidos, apenas que oscilan entre los 28 y los 42 meses de cárcel luego de declararse culpables. Murillo había sido detenido por el FBI en Florida, donde huyó tras las elecciones que consagraron a Luis Arce como presidente. Está acusado de haber recibido coimas por sobreprecios en la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal provisto por la empresa Bravo Tactical Solutions para reprimir a partidarios de Evo Morales. A las autoridades judiciales estadounidenses les molesta básicamente que el lavado de dinero se haya realizado en instituciones de ese país.

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Estas decisiones judiciales implican un fuerte castigo para los protagonistas más visibles del golpe iniciado el 10 de noviembre de 2019 con decisivo apoyo del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. Pero también una señal importante el mismo día que en Los Ángeles culminaba una mermada Cumbre de las Américas donde abundaron las críticas a la Casa Blanca por dejar afuera del encuentro regional a representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua bajo el argumento de que no son gobiernos democráticos. Pero, además, es un dato preocupante para integrantes del gobierno de Mauricio Macri que no solo apoyaron el golpe sino que colaboraron con el envío de armas y municiones para la represión de las protestas populares.

El juicio contra Áñez y los líderes uniformados comenzó el 28 de marzo. En su alegato final, la exsenadora derechista, detenida desde marzo de 2021, dijo: “Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; (…) me siento muy orgullosa y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad; lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el Parlamento, para estar en las buenas y en las malas, para estar en situaciones de tranquilidad y situaciones de violencia, eso es tener compromiso”.

Para los jueces, Áñez –abogada y expresentadora de televisión– es culpable de incumplimiento de deberes y de haber violado la Constitución del Estado Plurinacional. Desde la oposición, el expresidente provisional Carlos Mesa (2003-2005) dijo que el partido del gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS), cometió un «crimen político» al «usar el sistema de justicia servil». Un grupo de 23 expresidentes conservadores iberoamericanos pidió a la ONU y la Unión Europea «repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria». Manuel Morales, del denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), adelantó que «a partir de la próxima semana, iremos generando movilizaciones» en contra de la sentencia.  «